Lomas de Olmedo: La Justicia ordena medidas por el pozo petrolero fuera de control
28/05/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Tras la audiencia convocada por la fiscal María Sofía Fuentes, se exigió a la empresa President Petroleum un plan de contingencia inmediato.
La Justicia ordenó ayer una serie de medidas urgentes para contener el grave daño ambiental generado por el pozo petrolero Lomas de Olmedo x-10 (LO-x10), operado por President Petroleum S.A., ubicado en el área de Puesto Guardián, en el noreste salteño. La decisión judicial surge a raíz de una audiencia convocada en el marco del Plan Piloto de Oralidad, solicitada por la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien interviene en la causa tras múltiples denuncias por derrames de hidrocarburos y emisiones de gases sin control.
El juez Ramiro Morizzio hizo lugar a los pedidos del Ministerio Público Fiscal y resolvió, entre otras medidas, intimar a la empresa a presentar un plan de contingencia inmediato, ampliar el perímetro de seguridad del pozo, designar un responsable técnico del operativo, y crear un Comité de Crisis con intervención de la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia. La empresa, que fue debidamente notificada, no se presentó en la audiencia.
Entre las resoluciones más importantes dictadas por el juez se destacan:
- La presentación urgente de la póliza del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).
- La entrega de un diagnóstico de impacto ambiental en el corto plazo y un estudio de impacto ambiental y social en el mediano.
- La formulación inmediata de un plan de contingencia para contener el pozo y sus derrames, y la ampliación del perímetro cercado ante el riesgo de hundimiento del terreno, según advirtió el perito del CIF, José Luis Manzano.
- La designación de un nexo técnico con las autoridades, con canal de comunicación permanente.
- Todos los gastos deberán ser afrontados por la empresa concesionaria, sin trasladar responsabilidades a terceros.
La Secretaría de Minería y Energía de Salta deberá constituir de inmediato un Comité de Crisis y presentar el contrato de concesión y sus antecedentes de los últimos 12 meses.
Todas estas medidas deben cumplirse en los plazos fijados bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
La resolución judicial llega tras la creciente alarma ambiental por el pozo LO-x10. Según las denuncias de vecinos, el pozo está fuera de control desde 2023 y ha derramado hidrocarburos sobre suelos, cursos de agua, vegetación y ganado de la zona. Las erupciones se intensificaron en las últimas semanas, con imágenes viralizadas que evidencian columnas de gas y petróleo brotando violentamente del terreno.
Aureliano Reyes, productor ganadero de la finca El Estanque, fue uno de los primeros en denunciar la situación. Afirmó que los derrames provocaron la muerte de cerca de 300 animales, incluidos vacunos, caballos, zorros y aves silvestres. El impacto alcanzó napa freática, flora nativa y aguas superficiales contaminadas con espuma blanca y olor a gasolina.
Las críticas de los pobladores no solo apuntan a la empresa operadora, sino también a la pasividad de los organismos estatales competentes. El antecedente más temido es el del pozo Martínez de Tineo 14, también en Puesto Guardián, que estuvo fuera de control entre 2006 y 2010 y requirió más de seis años para su sellado definitivo tras un largo proceso judicial con YPF y otras operadoras.
El cuadro se agrava por la delicada situación económica de President Petroleum. En 2024, la compañía de capitales británicos se presentó en concurso preventivo de acreedores, con una deuda de 61,3 millones de dólares. Esta falta de solvencia pone en duda su capacidad para afrontar los costos millonarios que implica el cierre técnico de un pozo descontrolado, que requiere equipos especializados, insumos y personal calificado.
Alimentos no autorizados
El Ministerio de Salud Pública efectuó una advertencia a la población en general sobre la comercialización de bebidas gaseosas y otros productos alimenticios, como fideos, azúcar, etc., que no cumplen con los requisitos básicos de rotulación que establece el Código Alimentario Argentino.
Al respecto, la jefa del programa provincial de Bromatología, Marta Chuchuy, explicó que en localidades del norte provincial se han detectado productos que no cumplen con la reglamentación vigente, ya que no contienen los sellos obligatorios de información sanitaria y nutricional.
Asimismo, no constan los datos de identificación del importador, como nombre o razón social y domicilio legal.
Otra anomalía observada es la inexistencia de registro del establecimiento elaborador y de los productos en el Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFEGA).
Ante esta situación, se solicita a la población abstenerse de adquirir estos productos, ya que no garantizan las condiciones de calidad y seguridad alimentaria que establece la legislación argentina vigente. La jefa de Bromatología dijo que se han detectado productos que no reúnen los requisitos que exige la reglamentación vigente en Pichanal, Embarcación, Salvador Mazza, Orán y Colonia Santa Rosa, por lo que se ha instruido a todas las áreas bromatológicas de la provincia para que intervengan, inspeccionando e identificando alimentos y bebidas gaseosas analcohólicas.
Fuente de la Información: El Tribuno
