Lluvia de amparos y preocupación en la Justicia por el DNU de la SIDE
07/01/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Referentes históricos de la UCR y diputados presentaron recursos para frenar el decreto. La alarma está en la habilitación a los agentes de inteligencia para aprehender personas “en la comisión de delitos de flagrancia”. La sombra del menemismo
Aunque la atención pública está concentrada en los acontecimientos en Venezuela, la oposición al gobierno de Javier Milei puso en marcha los mecanismos institucionales para frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que definió el reordenamiento del sistema de inteligencia y le dio facultades a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para aprehender ciudadanos sin orden judicial.
Este lunes, un grupo de dirigentes que formó parte del gobierno de Raúl Alfonsín presentó un recurso de amparo ante la justicia en lo contencioso administrativo federal para pedir la suspensión inmediata de los artículos del DNU que habilitan a la SIDE a realizar tareas de contrainteligencia “sobre supuestos amplios y vagos” como “influencia” o “injerencia”, sin exigir orden judicial.
La presentación del escrito fue impulsada por el exdiputado de Unión por la Patria (UP) Leopoldo Moreau junto al abogado Miguel Ángel Pierri, quien trabajó para sumar las firmas de otros referentes históricos de la UCR como Federico Storani, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín, Ricardo Terrile y Ricardo Alfonsín.
Aunque Moreau es cercano a Cristina Fernández de Kirchner e integra las filas del kirchnerismo, mantiene vínculos con sus excorreligionarios, a quienes los une la preocupación por los movimientos del gobierno de Milei en términos institucionales y de violación de derechos y garantías constitucionales.
Según pudo saber Letra P, la alarma del DNU de reforma de la SIDE está puesta en particular en la habilitación a los agentes de inteligencia para aprehender personas “en la comisión de delitos de flagrancia”. Es el punto que motivó conversaciones entre los firmantes y algunos funcionarios judiciales de larga trayectoria, que ven con preocupación el avance de los organismos de inteligencia en un terreno que les es propio. Los magistrados temen que la intervención de los agentes de la SIDE embarre causas judiciales a la manera de la década del '90.
“La norma impugnada resulta inadmisible por cuanto habilita intervenciones estatales sobre la base de conceptos abiertos, vagos y carentes de precisión normativa. La ausencia de criterios objetivos y verificables deja librada la actuación del sistema de inteligencia a amplios márgenes de discrecionalidad administrativa, incompatibles con un Estado constitucional de derecho”, dice el recurso, que recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 11, que conduce el juez Martín Cormick.
Los firmantes le piden a Cormick la habilitación de la feria judicial para tratar el tema debido a “la naturaleza de los derechos fundamentales comprometidos y al riesgo cierto de producción de efectos de imposible o muy dificultosa reparación ulterior durante el receso judicial”. Plantean, además, la reserva de acudir directamente a la Corte Suprema mediante el mecanismo del per saltum, bajo el argumento de “la gravedad institucional” y por tratarse de una reforma de naturaleza “estructural”. La intervención de Cormick no es un buen augurio para el Gobierno. Se trata del juez que declaró nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.
Otro recurso contra la SIDE
Además de los dirigentes ligados al radicalismo, también promovieron una acción de amparo los diputados de la Coalición Cívica Mónica del Frade y Maximiliano Ferraro junto al socialista Esteban Paulón. Los legisladores pidieron que se declare “la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable” de la norma.
“El DNU 941/2025 no cumple con los requisitos constitucionales para su validez, por lo que a la luz de lo preceptuado en el artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, es nulo de nulidad absoluta e insanable”, dice el escrito, en referencia a la decisión del Poder Ejecutivo de “invadir” las facultades que le competen al Congreso para el dictado de la norma.
Además, el escrito señala que el decreto “militariza” la seguridad ciudadana y convierte a cualquier ciudadano en “una amenaza a la estabilidad del Estado”. “Dar igual tratamiento a una amenaza contra el Estado argentino que a una cuestión de seguridad interior es la antesala inmediata a la existencia de un Estado policial”, dice. El recurso recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo federal 4, que tiene a cargo la jueza Rita Ailán.
A los recursos judiciales se sumaron declaraciones de organizaciones ligadas al derecho, como el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), que considera que el DNU “viola la división de poderes” al autorizar al personal de inteligencia a aprehender personas sin orden judicial, con simple aviso a fuerzas policiales o de seguridad. “Esta regulación trasciende la esfera administrativa y se adentra en materia penal, lo cual es inconstitucional al legislar sobre privación de la libertad sin base legal ni control legislativo o judicial”, dijeron los abogados.
Preocupación por la postura de Mauricio Macri
Tras conocerse la publicación de la norma en el Boletín Oficial, el bloque del PRO en Diputado, conducido por Cristian Ritondo, dio un primer respaldo al DNU, pero anunció que consultaría con especialistas en la materia antes de tomar una postura definitiva.
Aunque la declaración pública fue prudente, Mauricio Macri ya hizo saber puertas adentro de su partido que rechaza el DNU, que amplía la capacidad de acción de la SIDE. Según pudo saber Letra P, el Gobierno ya está al tanto de esta situación y trabaja para evitar que el PRO vote en contra del decreto cuando llegue al recinto de ambas cámaras, a mediados de febrero, tal como sucedió a mediados de 2024 con el DNU que le otorgaba a la SIDE 100 mil millones de pesos en fondos reservados.
Fuente de la Información: Letra P
