Liberaron al joven wichí acusado de intentar hurtar una bolsa de maíz
25/07/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Su defensa oficial aseguró que presentó dos pedidos de que se excarcelara a Ariel Costas. El sesgo de la administración de justicia: cárcel por comida, multa por desmonte
El joven indígena Ariel Costas fue liberado la tarde de este viernes tras una semana de detención, imputado por el delito de tentativa de hurto agravado.
El joven del Pueblo Wichí, residente en la localidad de General Ballivián, en el departamento San Martín, fue detenido el pasado 17 de julio en la finca Gotardo, ubicada frente a la comunidad indígena El Quebracho, a unos 40 kilómetros del municipio mencionado.
Costas había ido a esta comunidad para visitar a la familia de su esposa. Por cuestiones que aún son objeto de investigación, fue detenido por la policía en la finca.
Según la versión de sus familiares, transmitidas a través de la referente indígena Laurentina Nicasio, un miembro de la familia Karlen, conocida por ser propietaria de varias fincas en el norte salteño, habría llevado a Costas hasta la finca Gotardo a fuerza de intimidación. Primero le habría exigido que fuera testigo de un supuesto robo en la finca, pero una vez en la propiedad, lo detuvieron acusándolo por el presunto intento de hurtar una bolsa de maíz.
La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó a Costas por el delito previsto en el artículo 163 del Código Penal de la Nación desde 1921, que agrava la acción de quien hurte (o intente hurtar) granos ya cosechados.
Frente a la cantidad de días en que el joven estuvo detenido, la comunidad decidió visibilizar la situación y llegó a realizar un corte de ruta. Ayer finalmente, Costas fue liberado. Hasta anoche se desconocían los términos de la libertad.
Antes de que se le otorgara la libertad, el centro de abogados ALFA presentó una nota a la Procuración General de la provincia por el caso en particular, aunque dejó entrever que existen situaciones de racismo y discriminación que subyacen en el sistema judicial, ante el desigual acceso a la Justicia y a la defensa de las comunidades indígenas.
Un sistema penal curioso
El caso del joven indígena detenido por una semana sospechado de tratar de apropiarse de una bolsa de maíz exhibió las particularidades del sistema penal. El finquero que denunció el supuesto intento de hurto es parte de una familia que está judicializada por un desmonte irregular de 11 mil hectáreas. La sanción que le impuso a los Karlen por esta acción fue una multa millonaria, pero después de años de litigio los empresarios siguen sin pagarla.
“En nuestro sistema jurídico es delito penal robarse algo para comer y si arrazás un bosque del tamaño de una ciudad entera es una simple multa”, señaló el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, quien aclaró que no le gusta la penalización.
El ambientalista dio su posición frente a la causa judicial contra dos miembros de la familia Karlen por aquel desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas detectado por la ex AFIP en 2013. Después de 13 años de trámite, el sistema judicial salteño sigue sin lograr cobrar la multa o que los finqueros cumplan con el plan de restauración que se les ofreció realizar en 2018. Esa morosidad de la administración de justicia para hacer cumplir a los empresarios contrasta con la agilidad que tuvo este mismo Poder Judicial y el Ministerio Público para detener e imputar al joven indígena, igual que contrasta la diferencia de los bienes afectados en uno y otro caso: la destrucción de 11 mil hectáreas de monte nativo, por un lado, y el intento de hurtar una bolsa de maíz, por el otro.
“Para peor, esa zona es territorio wichí, con cementerios incluso, nunca debió haber fincas produciendo sino bosque”, insistió Giardini al recordar que en esa región de la provincia “las comunidades están acorraladas por los Karlen, los Braun Peña y los Macri”.
