La Unión Diaguita tucumana analiza en detalle los desafíos de cada territorio
30/11/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El desamparo provocado por el gobierno de Milei con la derogación de la ley 26.160, los desalojos de comuneros, la falta de consulta del gobierno de Tucumán sobre proyectos que afectan a las comunidades, fueron temas centrales de la conversación
El desamparo provocado por el gobierno de Milei con la derogación de la ley 26.160, los desalojos de comuneros, la falta de consulta del gobierno de Tucumán sobre proyectos que afectan a las comunidades, fueron temas centrales de la conversación. Creciente presión de la especulación inmobiliaria sobre territorio ancestral
Por Alba Silva
Caciques, delegados y comuneros que integran la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán (UPNDT) pasaron revista durante dos días a cada uno de los problemas que enfrentan en sus territorios en la Casa Comunitaria de los Quilmes ubicada sobre la ruta nacional 40.
En ese marco, el anfitrión y titular de la Comunidad India Quilmes, Patricio González, sostuvo la necesidad “de pedir una audiencia al gobernador Osvaldo Jaldo para conocer cuál es la agenda del Estado, en cuya planificación, evidentemente, no estamos”.
“A las comunidades llegan organismos del Estado como la Unidad Ejecutora De Proyectos (UEDP), el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con propuestas de trabajo diferentes a las que de manera extraoficial conocemos y que parecen figurar en la agenda oficial, como es imponer proyectos de gran envergadura en territorio comunitario. Nunca fuimos convocados para hablar de esto”, sostuvo.
El amplio temario de los diaguitas incluyó desde los desalojos a vecinos y comuneros que habitan en cercanías de Tafí del Valle -como en El Mollar, La Angostura o Casas Viejas-, la presencia de efectivos del Ejército en esa zona y la construcción de prepo de una ruta de acceso al sitio arqueológico de los Quilmes, entre los conflictos más evidentes de los últimos meses.
En todos los casos, la falta de consulta, libre, previa e informada como lo indica la legislación vigente en la Argentina, la aparición de juicios, la falta de interlocutores y la indiferencia, a veces racismo y desprecio de agentes del Estado provincial, enmarca la creciente preocupación de los integrantes de la UPND.
Es así que apenas una comunicación tipo volante informó que entre el “15 y 21 de noviembre” efectivos del Grupo de Artillería de Montaña 5 realizarían ejercicios en una zona de El Mollar que es de pastoreo de yeguarizos y vacunos de puesteros que tienen sus haciendas en el lugar.
Hubo susto, suspicacias y falta de información sobre la presencia de los uniformados, quienes, según comentó una fuente de los comuneros, “se retiraron dos o tres días antes. La zona está habitada pero no hubo consulta previa libre e informada” como corresponde cuando el Estado intenta realizar cualquier tipo de actividad en esos territorios.

En la casa anfitriona (Gentileza Comunidad India Quilmes) (Gentileza )
El Mollar está ubicado unos 13 kilómetros al sur de Tafí del Valle (103 kilómetros al suroeste de la capital tucumana), ambas localidades junto con la Ciudad Sagrada de los Quilmes y Amaicha del Valle son el polo de atracción turística de la provincia norteña no sólo por la extraordinaria belleza paisajística sino también por la cultura que pervive en sus pobladores originarios.
Esto vale para todos los lugares del país en los que conviven las aspiraciones y proyectos de burguesías intensas con los tiempos, estilo de vida, producciones y cosmovisión de comunidades de parcialidades indígenas que quieren conservar su identidad y que se respeten, sobre todo, sus derechos.
Un documento de la UPND que enfoca el crecimiento “sostenido” de la demografía en la zona de Tafí del Valle analiza: “comunidades registradas con personería jurídica, todas ellas con Relevamiento Territorial concluido hace varios años, ya manifiestan tensiones en demanda de espacio para la recreación de la vida en los términos de nuestra cultura, vinculada a la agricultura y la ganadería, opuesta a la usurpación territorial que durante siglos el valle ha experimentado”.
Este fenómeno, la usurpación territorial, “fue mutando de estancias para la producción bovina a pingües negocios inmobiliarios desde hace medio siglo. Un abogado de San Miguel de Tucumán dijo alguna vez sobre colegas descendientes de ‘familias tradicionales’ de Tafí del Valle `los changos ahora están viviendo de vender lotes’”.
“Esta es la encrucijada en el territorio de Tafí: por un lado la especulación inmobiliaria de alto valor y rentabilidad para los latifundistas y por el otro, el crecimiento de la población autóctona con presencia desde hace cientos de años. Así, el extractivismo inmobiliario, investigado por estudiosas y estudiosos aliados de las comunidades indígenas, se vuelve más lesivo y etnocida”, concluye el escrito de los diaguitas.
El 10 de diciembre de 2024 el Gobierno nacional derogó por DNU la Ley 26.160 que impedía desalojos de comunidades indígenas, acción que abrió la puerta a la ejecución de procesos judiciales que, impulsados por propietarios catastrales o terratenientes, expulsa comunidades enteras al ignorar voluntaria o involuntariamente las leyes.
Ocupantes ancestrales de territorios en toda la Argentina viven en la incertidumbre y la inseguridad que ningún gobierno quiso garantizar para los más de 35 pueblos indígenas que el INAI reconoce (el Censo 2022 arrojó 58) y en el marco de una relación inversamente proporcional persiguen derechos sin dinero, contactos ni poder a la hora de los tribunales.
(Para conocer las actividades de esta organización indígena se puede seguir https://www.instagram.com/uniondiaguitatuc/).
Fuente de la Información: Página 12