La trama secreta de las coimas al juez Bailaque, un empresario “poderoso” y el supuesto vínculo con expresidentes
04/05/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Los fiscales que lo acusaron detallaron cómo fue la maniobra para armarle una causa a dos financistas y el detalle de los pagos hasta llegar a USD 160 mil. Qué dijo el arrepentido involucrado
Los fiscales que lo acusaron detallaron cómo fue la maniobra para armarle una causa a dos financistas y el detalle de los pagos hasta llegar a USD 160 mil. Qué dijo el arrepentido involucrado
Por Nicolás Pizzi
El primer pago fue en octubre de 2019 en las oficinas del empresario Fernando Whpei, amigo íntimo del juez federal Marcelo Bailaque. Los empresarios Jorge Oneto y Claudio Iglesias, que ya habían sido denunciados por supuesto lavado de dinero, pagaron ese día USD 40 mil en efectivo. Whpei les prometió que frenaría una tanda de allanamientos por su vínculo con el magistrado. No cumplió: el 31 de octubre, Bailaque terminaría ordenado operativos en las oficinas y hasta el domicilio particular de uno de los financistas. La cadena de pagos siguió durante tres años. En total, los empresarios habrían entregado 160 mil dólares.
Los detalles de esa trama figuran en la acusación de un grupo de fiscales contra Bailaque, envuelto en un escándalo que tiene en vilo a toda la Justicia. El magistrado quedó formalmente imputado este miércoles por tres causas graves y le dictaron la prisión preventiva, que no se hará efectiva hasta que no sea desaforado. Pero también tiene prohibida la salida del país y le embargaron sus bienes.
La maniobra contra los financistas arrancó en un asado donde estaban presentes Bailaque, Whpei, un periodista ya fallecido, y el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna, que se arrepintió y contó todos los detalles.
En esa reunión, en el quincho del edificio de Bailaque, se decidió que el primer paso sería el armado de una causa contra Iglesias y Oneto, a partir de una denuncia anónima en la ex AFIP que el propio Vaudagna tenía que llevar a la Justicia. La presentación los vinculaba con maniobras para lavar dinero proveniente del narcotráfico. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un ascenso.
La denuncia anónima aterrizó en AFIP el 14 de agosto de 2019. Unas horas después, Vaudagna presentó un escrito en el juzgado federal 4 de Rosario. La fecha no fue casual: ese día el juez Bailaque estaba de turno.
El juez avanzó con la operación. Como si fuera una denuncia más, pidió información fiscal, bancaria y bursátil de los empresarios apuntados. También le solicitó colaboración a la ex AFIP, que era parte de la maniobra.
Con la investigación en marcha, Whpei se contactó con Iglesias, a través de un amigo, y le advirtió lo que estaba pasando en la Justicia. “Hay una alternativa para que vos lo soluciones, yo soy amigo personal del juez que tiene tu causa”, le habría dicho el empresario a Iglesias durante una reunión en el Museo Internacional para la Democracia, según consta en la causa.
La primera cifra que pusieron sobre la mesa fue de 200 mil dólares, según relataron ante la Justicia los empresarios Oneto e Iglesias.
El primer pago se dio en octubre de 2019. Los financistas pensaron que habían logrado frenar la investigación. Pero el 1 de noviembre se realizaron una serie de allanamientos en Rosario: en una casa ubicada en calle Maciel al 200, en las oficinas de San Cristóbal Seguros, en la firma Brío Valores ALyC S.A, y en la casa de la madre de Iglesias, donde el empresario tenía registrado su domicilio fiscal.
“Mientras se tramitaba la causa penal, Bailaque, Whpei junto con terceras personas ajenas al proceso, actuaron coordinadamente para seguir presionando a Iglesias con el objetivo de obtener más dinero. Para ello, el juez le comunicaba a Whpei cada movimiento y novedad del expediente judicial", dice en la acusación a la que tuvo acceso Infobae.
En 2020, Iglesias accedió a un segundo pago de 10 mil dólares en las oficinas de Whpei, un financista que también fue dueño de medios en Rosario. Lejos de mejorar su situación, las exigencias de dinero continuaron.
Al año siguiente, siempre según lo que consta en el expediente, se registraron dos pagos. El primero, antes de agosto, cuando el juez dispuso el llamado a indagatoria de los financistas. Y el segundo antes de fin de año. El “incentivo” en ese caso era que el juez le devuelva USD 115.624 y otros valores que habían sido secuestrados en 2019. En ese caso, Bailaque cumplió y firmó la devolución. La resolución está fechada el 5 de noviembre de 2021.
El último pago ocurrió en el verano de 2022. “Antes del pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Iglesias y Oneto el 28 de marzo de 2022, Whpei volvió a exigir dinero. En respuesta a este requerimiento, Iglesias concurrió al domicilio particular de Whpei y le entregó una nueva suma de dinero“, relataron los fiscales.
En total, fueron USD 160 mil para desactivar una causa armada.
Vaudagna dijo en su declaración como arrepentido que no podía negarse a los pedidos del empresario Fernando Whpei
En su declaración como arrepentido, Vaudagna se desligó de esos pagos ilegales aunque admitió que eran parte de la maniobra. “Yo sobrentendí que iba a haber un beneficio económico”, dijo.
Los fiscales lo interrogaron durante horas para conocer su verdadero rol. Vaudagna dijo que accedió a los pedidos de Whpei porque era “muy poderoso”. “En la inauguración del Museo de la Democracia estaba Alberto Fernández .... él (por Whpei) tenían relaciones con la familia Kirchner ... mucha relación con Macri. No eran gente a la cual uno le podía discutir cosas”, se excusó en su declaración.
La inauguración que mencionó Vaudagna ocurrió en abril de 2019, cuando Fernández todavía no era candidato a presidente. Cuatro meses después, volvió a Rosario para el cierre de la campaña del Frente de Todos, frente al Monumento a la Bandera.
Alberto Fernández y Fernando Whpei en la inauguración del Museo de la Democracia.
Solo por este caso, Bailaque está acusado por los delitos de extorsión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, y falsedad ideológica de documento público.
Las otras causas contra el juez federal de Rosario
Además de la extorsión a los financistas, Bailaque está vinculado a presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau.
Bailaque (a la derecha) junto al contador del narco Esteban Alvarado (Gentileza: Aire de Santa Fe)
Al momento de la imputación, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Rosa Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas.
En su defensa, Bailaque argumentó que las intervenciones telefónicas a la ex mujer de Alvarado que pedían los fiscales eran “infundadas” y que la causa igualmente terminó en un juicio oral. Sobre el contador Mizzau, en la audiencia de este miércoles, admitió que son amigos pero aseguró que están distanciados por otro motivo.
La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es el financista Fernando Whpei, su amigo.
El juez se defendió argumentando que no designó al interventor sino que le renovó su designación. “Fue el interventor el que solicitó el desbloqueo de los fondos. Tampoco fue una orden direccionada para que le den los fondos a una entidad vinculada a Fernando Whpei”, apuntó.
La audiencia de miércoles puso en jaque a Bailaque. El juez de garantías de Rosario Eduardo Rodrigues Cruz dispuso su prisión preventiva, tal como habían reclamado los fiscales que intervienen en la investigación. Además le prohibió la salida del país y ordenó embargos de sus bienes y de sus cuentas bancarias
Bailaque todavía sigue en funciones porque tiene inmunidad de arresto. Pero en las próximas semanas el Consejo de la Magistratura activará las denuncias en su contra y en poco tiempo lo podría suspender mientras se realiza un Jury.
Fuente de la Información: Infobae
