La provincia hizo 11 denuncias por incumplimiento del calendario de vacunas
18/12/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Ayer mismo un juez le ordenó al padre y a la madre de una un bebé cumplir con la vacunación obligatoria. Federico Mangione: “Voy a hacer cumplir la Ley”
“No es necesaria una resolución cuando hay una ley de por medio. Una ley nacional. Así que lo único que voy a hacer es hacer cumplir la ley con respecto a vacunación”. Así respondió el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, las consultas hechas tras la decisión de su par de Mendoza, Rodolfo Montero, quiendefendió la detención a padres antivacunas como una herramienta judicial para proteger los derechos de niños y niñas y aumentar las tasas de cobertura en su provincia.
En Salta, ayer se conoció que el padre y la madre de una beba acataron una decisión del juez de Impugnación Eduardo Barrionuevo, que les ordenó cumplir con el esquema de vacunación obligatoria de su hijita. El fallo se tomó en el marco de un amparo impulsado por el Ministerio Público Pupilar.
El procedimiento previsto para casos en que padres, madres o tutores de menores de edad se nieguen a aplicarles las vacunas obligatorias establece que la cartera de Salud informa estos incumplimientos a la Secretaría de Niñez y Familia de la provincia, que intercede primero administrativamente y en caso de que persista la negativa de adultos a cargo de niños, niñas y adolescentes, se informa a la administración de justicia.
La jefa del programa de Inmunizaciones de Salta, Adriana Jure, afirmó ante Salta/12 que en lo que va de este año Salud reportó 11 casos de niños, niñas y adolescentes sin vacunar pese a la insistencia de los equipos de salud, que antes de denunciar encaran una acción de persuasión explicando la importancia de la vacunación.
La incidencia del movimiento antivacunas reflotó tras la exposición que hizo en el Congreso de la Nación una legisladora nacional chaqueña que quiso demostrar el supuesto efecto de imantación que, según afirmaba, provocan las vacunas contra la covid-19. La exposición se realizó pese al rechazo y las advertencias que sociedades científicas hicieron al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
Frente a la necesidad de garantizar la vacunación, el martes último se realizaron reuniones de trabajo entre los ministerios de Salud y Desarrollo Social, referentes judiciales y de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) Filial Salta, con el objetivo de fortalecer las acciones destinadas a garantizar la vacunación obligatoria de niños, niñas y adolescentes en la provincia.
La convocatoria se realizó en respuesta al aumento de consultas y presentaciones administrativas de familias que rechazan la aplicación de las vacunas incluidas en el Calendario Nacional.
Durante el encuentro, se destacó que Argentina tiene uno de los mejores esquemas de inmunización del mundo, garantizado por el Estado, y que las vacunas son cruciales para prevenir enfermedades graves como sarampión, coqueluche o hepatitis, entre otras; además de erradicar patologías como la parálisis infantil.
Incremento de negativas
“Este año vimos un incremento significativo de padres que rechazan la vacunación obligatoria, y nuestra responsabilidad es acompañar la toma de decisiones adecuadas para proteger el derecho a la salud”, destacó la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi.
Agregó que “preocupa profundamente la difusión de creencias sin sustento científico que están afectando la salud pública y poniendo en riesgo a los niños”.
Iradi informó que el organismo a su cargo recibió consultas tanto del sector público como del privado, y que la intervención en estos casos se realiza de manera conjunta con el área de Inmunizaciones, evaluando incluso la judicialización cuando corresponde.
Por su parte, la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, hizo hincapié en que “la vacunación es obligatoria y es un derecho del niño, por lo cual, los padres o responsables de los menores no deben interferir en ese derecho”. También recalcó que “cuando disminuye la cobertura, aumentan los susceptibles, y las enfermedades encuentran más lugares en donde desarrollarse. Eso afecta la salud colectiva y esta situación no es negociable”.
Asimismo, explicó que desde su área se está cotejando la información provista por Primera Infancia en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC) y que se concretarán otras reuniones con clínicas privadas, para revisar la aplicación de vacunas en recién nacidos. Además, anticipó la elaboración de un documento informativo para la población.
Una orden judicial
Ayer mismo se conoció una decisión judicial que obligó a aplicar las vacunas obligatorias a una bebé nacida en un hospital de la ciudad de Salta. El Ministerio Público Pupilar informó que la niña fue retirada por su madre sin que se le diera el alta médica y sin que se le hubieran aplicado las vacunas BCG y contra la Hepatits B. La excusa de la madre fue que el padre de la niña estaba “en contra de la vacunación”.
Pese a la información que brindaron profesionales del hospital sobre la importancia de inmunizar y prevenir enfermedades a través de la vacunación, la madre se mantuvo en su negativa.
Al tomar conocimiento de esta situación, la asesora de Incapaces Martha Bustos citó a la madre con el propósito de establecer un diálogo pero la mujer no se presentó ni se comunicó para justificar su ausencia.
Bustos impulsó entonces un recurso de amparo para que la administración de justicia ordenara cumplir con la vacunación obligatoria de la niña en resguardo de su derecho a la salud.
“La Convención de los Derechos del Niño, de rango Constitucional, reconoce a los niños, niñas y adolescentes un catálogo de derechos, entre los que se encuentran: a la vida (art. 6), a la protección contra perjuicios, descuidos y trato negligente (art. 19) y a la salud (art. 24)”, planteó.
Además, recordó que el Estado debe garantizar y hacer efectivos estos derechos, teniendo como norte el interés duperior del niño, cuando los principales responsables, en este caso los padres, no lo hacen.
Recordó además que “la Ley Nº 27491, establece la obligatoriedad para los habitantes de aplicarse las vacunas y la relevancia de la salud pública por sobre el interés particular”.
El juez de Impugnación Eduardo Barrionuevo le dio la razón y ordenó al padre y a la madre posibilitar que operadores del sistema de salud completaran la vacunación de la bebé. Además, les dio un plazo específico para que presentaran ante el juzgado el carnet de vacunación obligatoria de la niña.
La asesora de Incapaces corroboró la semana pasada que padre y madre ya habían presentado la documentación que acredita que se cumplió con la inmunización correspondiente.
Además de toda la normativa vigente, Bustos recordó que la vacunación garantiza un derecho colectivo ya que, en una comunidad inmunizada, todos los niños y niñas están protegidos de enfermedades que pueden poner en riesgo a la salud e incluso, la vida.
Fuente de la Información: Página 12
