La politización de la Justicia

10/11/2017. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

Por Natalia Buira

En 2004 el entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner nombró, con acuerdo del Senado, al exministro del Interior de Héctor Cámpora, Esteban Righi, en el cargo de procurador general de la Nación.

Este funcionario se desempeñó durante 8 años hasta que en 2012, en el marco de la causa Ciccone, ante divergencias con Cristina de Kirchner sobre la imputación al entonces vicepresidente Amado Boudou y debido a las denuncias de este por supuesto tráfico de influencias, se vio presionado a presentar su renuncia a la jefatura del Ministerio Público.

Luego asumió la doctora Alejandra Gils Carbó, quien contaba por ese entonces con un amplio respaldo por su trayectoria y gozaba de reconocimiento como prestigiosa jurista.

Ya en el ejercicio de su cargo y bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la procuradora general de la Nación no demostró independencia en el ejercicio de la alta magistratura que le fue confiada.

El macrismo

Frente al cambio de gobierno ocurrido en 2015 donde asume como presidente Mauricio Macri comienzan a gestarse diversas estrategias y atajos para que la procuradora deje el cargo. Varios constitucionalistas sostuvieron que la única vía legal era el juicio político.

No obstante, el Poder Ejecutivo piensa en la vía de un decreto presidencial para apartarla e igualmente se inicia un juicio por la agrupación Será Justicia, ligada al macrismo, junto con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley de Ministerio Público de la Nación, por el cual la procuradora goza de la misma estabilidad que los miembros de la Corte y solo puede ser removida por juicio político.

Al realizarse el traslado de la demanda, el Poder Ejecutivo nacional prácticamente se allana a la misma en cambio de sostener la legalidad y constitucionalidad de dicha norma y el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials resuelve por sentencia la inconstitucionalidad de dicho artículo, habilitando en los hechos la destitución de la procuradora por decreto presidencial, con lo cual se arrasa con la independencia del Ministerio Público sancionada en la Constitución Nacional de 1994.

El fallo sienta la inconstitucionalidad del mecanismo de juicio político para la cabeza del Ministerio Público Fiscal, no así para quien preside el Ministerio Público de la Defensa, lo que demuestra lo tendencioso de dicho fallo. Se ve claramente que se trata de atajos para sacar de su cargo a la procuradora general de la Nación.

Regresión institucional

Esta situación de regresión institucional ha sido puesta de manifiesto por constitucionalistas de la talla de Andrés Gil Domínguez y Eduardo Barcesat, ambos desde filiaciones ideológicas antagónicas.

Se observa que la procuradora Gils Carbó se va desprestigiando al no mantener una actitud independiente respecto al Poder Ejecutivo, pero también es visible que el actual partido gobernante buscó atajos para sacarla de su función, atajos que implican una regresión institucional inaceptable, en cambio de solo pensar en la única vía legal y constitucional que tiene para ello: el juicio político.

Finalmente logra por distintas presiones la renuncia presentada por la procuradora en fecha 30 de octubre para hacerse efectiva el 31 de diciembre próximo.

Justicia no independiente

Así vemos que la politización de la justicia tanto por parte de la procuradora general como por parte del Poder Ejecutivo ejercido por Cristina Kirchner como por el actual presidente Macri no propician la independencia de la Justicia, ejerciendo influencia en ella y a la vez los fiscales y jueces son sumamente permeables al poder de turno y esto se ve reflejado en los tiempos de ralentización como de aceleración de las causas judiciales de acusación de funcionarios públicos que se encuentran en trámite en donde los que pierden son siempre los ciudadanos, porque donde entra por la ventana la politización de la justicia sale por la puerta la Justicia misma, ya que son términos antitéticos que no pueden coexistir.

Fenómeno extendido

Pensemos cómo la politización de la justicia ha llegado a grados extremos en nuestra provincia. Esto se ha demostrado con la aceleración o la ralentización de causas penales ligadas a tiempos electorales, también ha quedado plasmada en causas de trascendencia internacional como el caso de las jóvenes Luján Peñalva y Yanina Nuesch y el de los femicidios de Houria Moumni y Cassandre Bouvier en donde se encuentra actualmente actuando la organización internacional Innocence Proyect que brega por los derechos de las víctimas del sistema penal, sistema penal politizado en los dos casos mencionados y más recientemente y de forma muy notoria en el proyecto de ley de inamovilidad de los jueces que el gobernador remitió a la legislatura para su sanción.

En el acto de presentación de este proyecto de ley -a pesar de ser inconstitucional y que, como consecuencia, luego debió ser retirado por el propio gobernador-, se encontraban presentes dando su total apoyo tanto el presidente de la Corte Provincial como la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público.

Ambos convalidaron en ese acto un proyecto del gobernador que era absolutamente inconstitucional, que los comprendía a sí mismos, es decir, que se pretendía que ellos mismos adquirieran inamovilidad y que fueron dejados en off side -posición adelantada- por el propio gobernador cuando retira dicho proyecto de ley de la Legislatura provincial, luego de dejar en off side también a los senadores provinciales y a la ministra de Justicia que ahora fue removida de su cargo.
La creación de asociaciones de magistrados para lograr un disciplinamiento al poder gobernante no es ajena a nuestra provincia, nada más que fue realizada aparentemente de forma menos torpe que en el orden nacional, donde surgió la asociación llamada Justicia Legítima.
El Poder Judicial y el Ministerio Público, tanto en su rama fiscal como en su rama de defensa pública, se encuentran totalmente alineados con el Ejecutivo y ejercen sobre los magistrados inferiores mecanismos de disciplinamiento de amplia gama.
Para despolitizar la justicia la ciudadanía espera que se nombre ahora como procurador/a general de la Nación, profesionales con vasto conocimiento en el campo del derecho y de ser poseedores de una trayectoria independiente de vinculaciones políticas. También, que integren la Justicia y el Ministerio Público de la Provincia magistrados de similares características.
Lamentablemente no es lo que ocurre en Salta, donde recientemente el gobernador con acuerdo del Senado ha nombrado como jueza de la Corte Provincial a quien fuera diputada provincial al igual que lo fuera el gobernador. Esperando que soplen nuevos vientos de cambio real de este estado de cosas -donde se trata mucho más de poder que de justicia y de servicio-, tanto en la Nación como en la Provincia, ya que los únicos que pierden con esta situación son los ciudadanos que tienen una Justicia sumamente debilitada que no puede tutelar debidamente sus derechos fundamentales frente a un Estado al que los magistrados no controlan como debiera serlo sino que lo apoyan de forma clara y hasta obscena.

Fuente: EL Tribuno