La Policía demoró a más de 230 personas en lo que va de este mes
20/06/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El Centro Comunitario para el Acceso a la Justicia Alfa Centro realizó una encuesta entre personas en situación de vulnerabilidad cuyas garantías se vulneraron durante la detención. Presentaron un hábeas corpus por las irregularidades en operativos
Cobrar estacionamiento de forma irregular, dormir en la calle o “interrumpir arterias para limpiar parabrisas”, son acciones por las que una persona puede quedar demorada, lo que implica una detención de al menos cuatro horas.
Así surge de un relevamiento que se realizó sobre todos los comunicados de los “Operativos de Protección Ciudadana”, publicados en el sitio de prensa de la Policía de Salta en lo que va de este mes. Se estableció que 237 personas fueron demoradas por distintas contravenciones y delitos.
Al menos en un operativo, el realizado en Villa Costanera, en la zona sur de la ciudad de Salta, el 7 de junio pasado, los vecinos denunciaron el abuso de poder de la Policía sobre personas que se habían sentado en la plaza del barrio un sábado a las 20 luego de jugar un partido de fútbol. Una mujer terminó con un perdigón en la sien cuando quiso proteger a niños que asistieron a clases de catecismo. Otro joven terminó lastimado en las piernas.
“La policía estaba como ensañada. Bah, la Infantería”, había dicho un vecino a un móvil de Radio Nacional, al dar cuenta del operativo del que fue testigo. Sus quejas eran sobre a quienes apuntaba el operativo policial. Es que en otro sector del barrio y más cerca del río Arenales, hay expendio de drogas y es donde, a su entender, se debieran haber realizado los operativos.
Este caso en particular es investigado por la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia.
Muchos de los operativos que se hacen en el micro y macrocentro salteño incluyen el Parque San Martín.
En ese marco el Centro Alfa realizó una encuesta a personas que se encuentran en situación de calle y marginalidad “encontradas al azar en el centro de la ciudad de Salta y en las inmediaciones del Parque San Martín”.
El objeto de la encuesta fue obtener un muestreo de la situación de estas personas en relación al resguardo o no de las medidas de salvaguarda y en relación a la legalidad o no de las detenciones.
Una encuesta con prueba
El 16 de junio se encuestó a 27 personas que referían haber sido detenidas alguna vez por la Policía, de manera espontánea, sin orden judicial y por cortos lapsos temporales, en el periodo de tiempo comprendido entre 2024 hasta la fecha de la encuesta.
Los encuestadores sostuvieron que “fue llamativo el hecho de que, la mayoría de las personas que fueron encuestadas, estuvieron de acuerdo en brindar sus datos personales en la encuesta e incluso firmar el documento, todo lo cual se acompaña como prueba”.
Del análisis surgió que el 74 por ciento de las personas detenidas refirió haberse identificado ante la Policía antes del momento de su aprehensión. El 29,7 por ciento contaba además con DNI u otro medio para acreditar su identidad al momento de ser detenido. El 59,2 por ciento dijo que la Policía no le informó la causa de su detención al momento de la aprehensión. El 44,5 por ciento manifestó que no se le labró acta alguna por parte del personal policial.
También surgió que en un 92.5 por ciento de los casos se refirió que la Policía no informó en ningún momento quién era el fiscal o juez interviniente en su caso. En el 85,1 por ciento de las encuestas se afirmó que no hubo información sobre los derechos vigentes al momento de ser detenido.
Además, en el 85.1 por ciento de los casos se manifestó no saber si la detención fue comunicada de inmediato a la fiscalía de turno. El 74 por ciento de los encuestados dijo haber sido conducido al Centro de Contraventores luego de su detención. El 26 por ciento restante, en tanto, no pudo decir en dónde estuvo detenido.
El 74 por ciento manifestó haber permanecido privado de libertad entre cuatro y seis horas o más. Y un 18 por ciento dijo haber permanecido más de seis horas detenido.
El 88,8 por ciento expresó haber permanecido completamente incomunicado, al no permitírsele contacto alguno ni con abogado ni con familiares durante el tiempo que estuvo privado de libertad.
El 77,7 por ciento dijo haber padecido algún tipo de maltrato durante su privación de libertad (haciendo alusión la mayoría a golpes de puño, patadas y otras formas de violencia física).
El 100 por ciento de los encuestados que sufrió maltratos manifestó no haber radicado denuncia penal alguna al respecto. El 85,1 por ciento manifestó haber sido detenido más de una vez.
Los datos “constituyen una muestra de la situación claramente irregular e ilegal en muchos de los operativos que desarrolla la Policía de Salta, situación de que debe visibilizarse y denunciarse”, indicó el Centro Alfa, que ayer presentó un hábeas corpus para conocer en detalle los procesos realizados y por las malas condiciones de detención.
Alvaro Arias Camacho, uno de los abogados que promueve el recurso legal, explicó a Salta/12 que hay situaciones como el denominado “operativo trapito”, que además de ser “estigmatizante, se centra en personas en situación de vulnerabilidad social, de calle, gente pobre, a la que se llevan sin que cometieran a veces ninguna contravención”.
Sin condiciones
Parte del recurso tiene también la voz del Comité Provincial contra la Tortura. Al respecto, Cristina Cobos, integrante de este organismo, sostuvo que en al menos una de las visitas que hicieron a lugares de detención “constatamos la permanencia de 16 personas (masculinos), en cuatro celdas detenidas durante la noche, vendedores ambulantes, trapitos, personas en situación de calle, detenciones que superan las 6 horas, los tienen detenidos esperando la orden de la fiscalía, si no tienen antecedentes los liberan pero superan las 6 horas y el resto queda a disposición de la fiscalía”.
Afirmó que en las celdas designadas “no tienen camas ni ropa de cama. Son camas de cemento sin ningún tipo de condiciones de habitabilidad”.
Fuente de la Información: Página 12
