La pelea entre la UBA y el narcotraficante más poderoso del país por 28 mil hectáreas en Salta
12/06/2022. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Reinaldo Delfín Castedo busca recuperar las tierras denunciando -absurdamente- que la universidad está realizando deforestación ilegal. Qué dice el expediente. El prontuario de Castedo y su banda
El narco más poderoso del país está preso, es juzgado por varios crímenes y, desde el penal de Ezeiza, intenta recuperar las 28 mil hectáreas que le incautó la justicia bajo la novedosa figura de “recuperación de activos en casos de corrupción” y presunto “lavado de dinero”, por ejemplo, proveniente del narcotráfico, al presumirse que los bienes fueron adquiridos a través del lavado de dinero.
Reinaldo Delfín Castedo, de él se trata, denuncia una supuesta desforestación ilegal. Las tierras que le urge recuperar limitan con la frontera boliviana. Por los pasos clandestinos que abrió el “clan familiar” a lo largo de 15 kilómetros boscosos y casi inaccesibles se cree que el “Patrón del Norte” traficaba cuatro toneladas de cocaína mensuales que era embarcada a Europa. En los tribunales federales creen que Castedo quiere recuperar esas propiedades para reactivar los “cruces fronterizos secos” ubicados en las fincas Aybal y Pajeal.
Esas tierras, consideradas como “oro” para los narcotraficantes, pero de escaso valor comercial, por disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, son administradas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que en los últimos meses es objetos de descalificaciones insólitas: la acusan de desforestar el lugar y vender de manera clandestina la madera.
En el expediente, en cambio, hay constancias irrefutables que la Sociedad Administradora de Campos de la UBA fue quien denunció la tala ilegal de esos bosques. Sin embargo, lo que se hace trascender al público salteño, es a la inversa.
"Delfin" Castedo, al momento de su detención: enviaba sus paquetes con el logo de su apodo (Télam)
“No se puede permitir que esos campos los recupere el narcotráfico. La UBA nunca realizó tala ilegal. Y tampoco legal porque las autoridades de Salta no autorizaron las guías para hacerlo. Sí, en cambio, la Sociedad Administradora de Campos de la UBA fue quien denunció en varias oportunidades el robo de maquinarias, la tala clandestina, la posible apertura de pasos fronterizos clandestinos para tráfico ilegal y hasta la instalación de campamentos de obreros para la deforestación ilegal”, afirma un alto funcionario judicial que recibe a Infobae con el expediente en la mano.
El letrado, que prefiere no ser mencionado, da vuelta las fojas del expediente y realiza una reflexión inquietante: “Por encima de Delfín Castedo hay intereses más poderosos de este lado y del otro de la frontera. Orán es la Sinaloa Argentina, está tomada por el narcotráfico. La gente vive con miedo. Allí está enquistada una verdadera mafia, un entramado corrupto entre lo público y lo privado”, dispara y opina: “Todos hablan del narcotráfico en la ciudad de Rosario, pero la droga, a Rosario, llega de Salta”.
Uno de los casos más impactantes de la vinculación narco con la justicia y el poder en Orán fue la destitución, encarcelamiento y condena del juez federal de esa localidad, Raúl Reynoso, por favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de dinero y bienes.
Excepto en algunas causas, las que se cuentan con los dedos de una mano, la justicia federal hasta ahora no avanzó sobre las figura de los pesos pesados de la política provincial sobre los que sobrevuelan las sospechas de sus vínculos con el trafico ilegal de drogas.
El “clan” Castedo
El entramado de las causas judiciales que se tramitan en Buenos Aires y Salta, y que involucran al “Patrón del Norte”, son complejos. Las tramitaciones lentas están plagadas de sospechas de cobertura política, judicial y de las fuerzas de seguridad. Además del contrabando de cocaína, se investiga el asesinato de Liliana Ledesma, una vendedora de huevos en Salvador Mazza (cuya pareja fue muerto en ese país en una redada narco) que el 18 de septiembre de 2006 denunció que los hermanos Reinaldo Delfín y Raúl Castedo, junto al entonces diputado -ahora fallecido- José Ernesto Aparicio, habían “cerrado un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia para utilizarlo para traficar drogas”.
Tres días después, el 21 de septiembre de 2006, la mujer fue asesinada de siete puñaladas. El violento homicidio fue considerado como un mensaje mafioso.
Su cuerpo apareció tendido sobre la precaria pasarela de madera del Sector 5 de Salvador Mazza o “Pocitos”, a muy pocos metros de Yacuiba, la ciudad espejo en Bolivia. Además de las heridas mortales, los criminales se tomaron el tiempo para realizar cortes en su boca, un hecho que en el mundo mafioso se interpreta como “silencio” o te puede pasar lo mismo.
El homicidio fue un golpe para la estructura criminal de los hermanos Castedo. Reinaldo Delfín se fugó y fue detenido diez años después en el conurbano bonaerense. También destrozó la carrera política del diputado provincial Aparicio, un hombre influyente que aspiraba a suceder a su jefe político, el entonces gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero.
Sobre el exmandatario no pesa ninguna imputación en las causas que se le siguen a los Castedo. María Gabriela Aparicio, la hermana del entonces diputado provincial, y otros tres hombres fueron condenados a prisión perpetua por la autoría del crimen de Ledesma.
Foto que presentó la UBA como prueba de la desforestación ilegal que se realiza dentro de las 28.000 hectáreas de campos que la justicia le decomisó a Reinoso Delfín Castedo
Para la mamá de la pequeña productora, Elida Romero, la masacre de su hija seguirá impune hasta que los autores intelectuales, es decir los hermanos Castedo, no sean condenados como los cerebros detrás del asesinato mafioso.
Con buen criterio y lógica, el fiscal general salteño Carlos Amad pidió que al juicio oral contra los hermanos Castedo y a los otros integrantes de la banda por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos producto del narcotráfico se le sume el asesinato de Ledesma por considerar que se trató de “un crimen del narcotráfico” y que los acusados serían los autores intelectuales.
Se trató de un planteo de competencia formalizado por Amad, de la Unidad Fiscal Salta, en el juicio en el que también se juzgan a la exmujer de Delfín Castedo, Mabel Araujo; los comerciantes Alberto, Luis y Mario Yudi; y el martillero público Eduardo Torino.
“Está probado que todos estos hechos son producto de una mafia del narcotráfico que, en sus inicios, era dirigida por el diputado provincial Ernesto Aparicio -fallecido-, socio de los principales acusados de este juicio”, argumentó el fiscal federal.
“Liliana Ledesma representaba un peligro exponencial para los acusados, pues era la única que denunciaba su verdadera actividad dentro de la finca, la que no era otra que el tráfico de drogas”, indicó Amad.
El fiscal tampoco dejó de lado el hecho de que las organizaciones dedicadas al narcotráfico “tenían protección del poder político, de la policía y del entonces juez federal Raúl Reynoso”, el mismo que cumple una condena por favorecer a narcotraficantes.
Solo un portón divide Argentina de Bolivia. El "Clan Castedo" habría abierto dentro de sus fincas pasos ilegales para traficar cocaína
El Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Federico Díaz y Marta Snopek, se negó a la solicitud de la fiscalía federal y la presunta autoría intelectual del homicidio de Ledesma deberá ser ventilado en la justicia criminal ordinaria.
Las tierras de la discordia
“La finca” en la que se presume los Castedo traficarían las miles de toneladas de cocaína nombrada por el fiscal Carlos Amad es la misma que el juez federal Federico Villena de Lomas de Zamora -provincia de Buenos Aires- ordenó su “recuperación como activos sociales” y que la UBA explotara de manera comercial las 28.000 hectáreas, la mayoría de las cuales son fronterizas a Bolivia y limitan con tierras similares que en el país vecino son propiedad de familiares de los Castedo, según la pesquisa judicial. En esa traza, el límite entre un país y el otro era una tranquera.
El relato anterior era necesario para comprender la insistencia de Delfín Castedo para recuperar las tierra “que valen oro” para los narcotraficantes, según entiende uno de los pesquisas.
La causa que investigó Villena, y que fue elevada a juicio oral, es el expediente FLP081152/2017. Si bien se investiga también los supuestos delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, es otra a la que al “Patrón del Norte” o al “Patrón de todas las Bandas” se le sigue en Salta.
La presunta protección política que tendría la banda de Castedo se habría desmoronado en julio de 2016, fecha en la que fue capturado después de permanecer 10 años prófugo y liderar, desde la clandestinidad, una de las organizaciones narco más importantes de la Argentina.
El Juez Federico Villena detuvo a Reinaldo Delfín Castedo. Lo procesó y embargo por trafico de drogas y lavado de activos. También ordenó incautar sus fincas y que las administre la UBA (Nicolás Stulberg)
Al “Patrón del Norte” lo detuvo Gendarmería Nacional en el ingreso a Parque Leloir, en Ituzaingó, a pocos metros del cruce del Acceso Oeste y Martín Fierro, tras una investigación del fiscal federal Eduardo Villalba, en la que intervino la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal Diego Iglesias y el juez Villena.
Después de una profunda investigación, el titular del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora procesó a Castedo -junto a su hermano detenido en el penal de Ezeiza- y embargó las fincas que el presunto capo narco Delfín Castedo posee en Salvador Mazza, y que habrían sido la clave para el ingreso de la cocaína al país y su posterior distribución.
En su resolución, Villena consideró a Reinaldo Delfín Castelo es “coautor penalmente responsable de los delitos de contrabando de sustancias estupefacientes, agravado por haberse cometido por tres o más personas” y ordenó trabar embargo sobre sus bienes por la suma de 100.000.000 de pesos.
En el escrito, el magistrado también ordenó el embargo preventivo de las fincas “El Aybal” y “El Pajeal”, sobre las que pidió una guardia permanente y que la administración pase a la Universidad de Buenos Aires. Antes, la justicia consideró probado que la droga ingresaba a Argentina desde Bolivia a través de las fincas que manejaba Castedo en Salta.
Fuente de la Información: Infobae