La Justicia sigue sin autarquía, pero pide piedad al Ejecutivo

30/11/2017. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

Si bien la Corte de Justicia empezó 2017 esperanzada en conseguir la independencia con el 5% del presupuesto provincial, a través de la Ley de Autarquía Económico Financiera, el tratamiento se postergó y el Poder Judicial sigue dependiendo del Ejecut

Es que el proyecto de Presupuesto 2018, incluye no solo un freno al funcionamiento de distintos juzgados que estaban proyectados, y a la toma de personal, sino que solicita que el Ejecutivo autorice al Poder Judicial “poder reinvertir” unos 6 millones que recauda.

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En el proyecto elaborado para 2018, los jueces Guillermo Catalano, Fabian Vittar, Ernesto Samson, Abel Cornejo, Dusan Kauffman y Sandra Bonari , establecen “solicitar que en la Ley de Presupuesto se incluya la expresa autorización para que el Poder Judicial reinvierta los fondos que se recauden en cumplimiento de la Ley 7838, y sean depositados en la cuenta “Depósitos Judiciales”, estimados en un millón de pesos; más el arancelamiento de los cursos que se dicten en la Escuela de la Magistratura estimados en cinco millones de pesos”. Son solo 6 millones de los más de 2 mil millones que requiere para su funcionamiento el Poder Judicial, pero les daría algo de aire.

En marzo pasado, el Poder Judicial de Salta presentó su Plan Estratégico III y un proyecto de ley de Autarquía Económico Financiera, para que se le asigne el 5% de los gastos corrientes y de capital del Presupuesto General de la Provincia. Este año, el presupuesto provincial fue de 46 mil millones y un 5% hubiese implicado un total de 2300 millones para la Justicia.

La Acordada 12346 de la Corte de Justicia contuvo la iniciativa legislativa que será remitida a la Cámara de Diputados de la Provincia y que propicia la ley de Autarquía Económico Financiera y Planificación Operativa del Poder Judicial. El artículo 1 del proyecto de ley sostiene que “el Poder Judicial de la Provincia de Salta funcionará con autarquía económico-financiera. Administrará los bienes propios y los recursos asignados por ley”.

El texto de la Acordada sostiene que “el ideal de justicia independiente, como base misma del Estado de derecho, del principio de la división de poderes y de la forma republicana de gobierno presupone y requiere, máxime a esta altura de los tiempos, la existencia de un Poder Judicial autónomo, no sólo en cuanto a las decisiones que adopten sus operadores en el marco de la jurisdicción, sino también en el aspecto económico y financiero institucional”.

Y cita el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que consideró indispensable “en aras del fortalecimiento institucional del Poder Judicial, que éste cuente con recursos estables y adecuados, que estén normativamente asegurados y sean suficientes para cumplir con la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia”.

A pesar de que en agosto pasado el gobernador Urtubey hizo propia la iniciativa y organizó un “gran acto gran” para anunciar el envío de leyes de Fortalecimiento del Poder Judicial, los proyectos siguen durmiendo el sueño de los justos.

No prosperaron ni la autarquía económico-financiera propuesta por los jueces, ni la modificación de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura y menos aún, la polémica autolimitación en el nombramiento de los miembros de la Corte de Justicia. Ese último planteo fue resuelto finalmente con una decisión de la Corte Suprema, de abstenerse de definir sobre la inamovilidad de los Jueces de la Corte de Salta. A la demanda la inició la Federación de Magistrados hace más de 10 años.

Este año, piden “independencia” para disponer de unos 6 millones de pesos.

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