La fiscalía pidió penas de hasta 7 años para exfuncionarios de San Lorenzo
31/03/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
En todos los casos solicitó penas de cumplimiento efectivo para los acusados, entre los que se cuenta el exintendente Ernesto Gonza. Juicio por desvío de fondos públicos e incumplimiento de deberes
El juicio contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Gonza; el ex Secretario de Hacienda de ese municipio, Rogelio Guaymás, y el exconcejal Aldo Gonza, por delitos contra la administración pública, está llegando a su fin. Ayer, en el inicio de los alegatos, la fiscal Claudia Geria pidió penas de cumplimiento efectivo.
Al exponer ante el tribunal, integrado los jueces Federico Diez y Francisco Mascarello y la jueza Paola Marocco, la fiscal reconstruyó un esquema sostenido de manejo irregular de fondos públicos durante la gestión municipal a cargo del ahora exintendente Ernesto Gonza.
Geria definió ese esquema como un mecanismo deliberado para sustraer y desviar dinero del erario. “No estamos hablando de una economía familiar, estamos hablando de una economía municipal”, enfatizó al marcar la gravedad institucional de los hechos.
La fiscal explicó que por los cargos que ocupaban Ernesto Gonza y Guaymás tenían la administración, percepción y custodia de los fondos públicos, y que fue precisamente en el ejercicio de esas funciones que se concretaron las maniobras investigadas. “Se evadió toda forma de registración para que nadie los pueda controlar”, afirmó refiriéndose a la lógica que atravesó las operatorias detectadas.
El eje central de la acusación por peculado se estructuró en torno a distintos hechos que, según la fiscal, evidencian un patrón común: la salida de dinero sin respaldo legal ni registración contable. En ese sentido, describió un sistema de pagos mediante vales y recibos que funcionaba por fuera de los circuitos formales, sin documentación que acreditara el destino de los fondos. “No me cabe duda de que había una salida de fondos sin justificación”, sostuvo.
Indicó que con este mecanismo se entregó dinero en efectivo sin control, con montos que excedían cualquier práctica administrativa regular y sin correlato en documentación válida. Señaló además que, en muchos casos, no había registración o se intentaba justificar la operatoria con comprobantes que no coincidían en fechas ni conceptos. Interpretó que esto se hizo para encubrir el destino real de los fondos.
La fiscal también se refirió a la adquisición de bienes con dinero municipal sin cumplir con los procedimientos legales exigidos. En ese punto, remarcó que no existieron actos administrativos, registros patrimoniales ni inventarios que acreditaran la incorporación de esos bienes al municipio, y subrayó que muchos de ellos no fueron entregados a la gestión entrante.
Geria también incluyó en su alegato el manejo de fondos con destino específico, particularmente en el marco de programas sociales. Sostuvo que existían partidas transferidas al municipio que no fueron rendidas conforme a la normativa vigente, pese a tratarse de recursos que no podían ser utilizados discrecionalmente. “Era dinero con fines específicos, no se podía disponer libremente”, subrayó.
En relación al estado del patrimonio municipal, la fiscal hizo hincapié en inconsistencias entre los gastos registrados y la situación real de los bienes, especialmente en el parque automotor. Indicó que se documentaron compras y reparaciones que no se reflejaban en la realidad, lo que demuestra una disposición irregular de fondos sin contraprestación efectiva, dijo.
A ello sumó la existencia de préstamos informales y erogaciones sin respaldo administrativo, prácticas que contravienen la normativa vigente y refuerzan la hipótesis de un manejo discrecional del dinero público. “Se desvió dinero cuya administración tenían en su poder”, sintetizó.
“Hay intención de no cumplir las leyes”
En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la fiscal sostuvo que los imputados omitieron de manera reiterada remitir información obligatoria a los órganos de control, impidiendo la fiscalización. “No hay una negligencia, hay una intencionalidad en no cumplir con las leyes”, afirmó Geria, quien rechazó que pretenda explicarse esta situación con un desorden administrativo.
Respecto de Aldo Gonza, la fiscal planteó que su intervención fue necesaria en algunas de las maniobras, lo que permitió imputarle participación en el delito, aun sin integrar formalmente el Ejecutivo municipal.
En el caso de Ernesto Gonza, además, le atribuyó el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, al haber intervenido en un acto en beneficio propio desde su cargo.
La fiscal concluyó que los hechos no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un patrón de conducta sostenido en el tiempo, con una clara finalidad de sustraer recursos públicos y evitar los controles institucionales. En ese sentido, sostuvo que la gravedad de las conductas radica no solo en el perjuicio económico, sino en el daño a la administración pública y a la confianza institucional.
La fiscal culminó su alegato solicitando siete años de prisión de cumplimiento efectivo para el exintendente Ernesto Gonza, al considerarlo responsable de cinco hechos de peculado, tres hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Para el ex secretario de Hacienda Rogelio Guaymás, pidió una pena de seis años de prisión efectiva por cinco hechos de peculado y dos de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto, para Gonza requirió que se lo condene a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo como partícipe necesario en un hecho de peculado.
Para los tres, solicitó además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
En cuanto a Ernesto Gonza, recordó que ya cuenta con una condena anterior, por lo que se deberían unificar las penas.
Finalmente, en función del riesgo procesal y la gravedad de los hechos, pidió que los tres fueran detenidos de manera inmediata, lo que quedó pendiente de resolución del tribunal.
Está previsto que hoy aleguen las defensas, y se conozca el fallo del tribunal.
Fuente de la Información: Página 12
