La fiscalía pidió 4 años y 8 meses para el exintendente de San Lorenzo 

06/12/2022. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

Juicio por fraude y peculado. La fiscala Ana Salinas Odorisio también solicitó inhabilitación perpetua para "Kila" Gonza, y condena de 3 años y medio para el empresario Sergio Armando. También pidió que se investigue a un exfuncionario provincial.

El juicio al exintendente de San Lorenzo Ernesto "Kila" Gonza y al dueño de la empresa El Montañez, Sergio Armando, llega a su fin. En los alegatos, producidos ayer, la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio pidió penas de prisión efectiva de 4 años y ocho meses para el exmandatario, además de la prohibición de ejercer cargos públicos de forma perpetua. También solicitó una pena de 3 años y medio para el empresario y que se oficie a la central de contrataciones para evitar que él o su empresa puede ser contratista del Estado.

Los defensores de Gonza solicitaron la absolución lisa y llana y de forma subsidiaria, que se los absuelva por la duda. El abogado de Armando también pidió la absolución y añadió que en caso de declararlo culpable, se aplique el mínimo de la pena. El 12 de diciembre serían las réplicas, contrarréplicas y el veredicto del Tribunal integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte y Javier Araníbar y la jueza María Gabriela González.

La fiscala mantuvo la acusación contra Gonza y Armando por dos hechos de fraude en perjuicio de la administración pública. También están acusados por peculado, el primero en calidad de autor y el segundo, de partícipe necesario.

Además, la fiscala consideró que para que estos delitos se produzcan hubo connivencia del gobierno provincial, por ello pidió que se inicie una investigación contra el exsecretario de Asuntos Municipales de la provincia, Marcelo Cil, por haber emitido certificación de obra terminada cuando no tiene un título que lo avale para hacerlo ya que es administrador de empresas.

Para Salinas Odorisio, el contexto de estos delitos se relaciona con la "corrupción política", que afecta "el correcto funcionamiento del Estado", en ese sentido la fiscala destacó la naturalización de esta práctica, la impunidad, la debilidad institucional que genera y la inexistencia de la rendición de cuentas.

Las acusación sostiene que dos obras públicas financiadas por el gobierno provincial y realizadas en la localidad de San Lorenzo, se hicieron con irregularidades, con ahorro en materiales y del costo de mano de obra, ya que enviaron a trabajadores municipales no capacitados para esas labores, con el fin de quedarse con parte del dinero de ese presupuesto. Se trata de las casillas del programa provincial "Una casa para tu hogar" y de un puente o alcantarilla que también se hizo con fondos provinciales. 

Esta causa se remonta a 2011 cuando se firmaron los contratos entre la provincia y la municipalidad, y entre ésta última y la empresa El Montañez. En las elecciones de ese año Gonza perdió la intendencia a manos del ahora exintendente Federico Parra. Salinas Odorisio detalló que la municipalidad había librado varios cheques, algunos tenían que ver con supuestos saldos por la construcción de las casillas y el puente, y otros "sin fundamento alguno", y luego se presentaron a cobrar familiares y amigos de los imputados. 

Parra pasó entonces los fondos de las cuentas del municipio a otra cuenta para que estas personas no pudieran cobrar. Según explicó la fiscala, ante esa imposibilidad, el exsecretario de Obras Públicas de Gonza, Rodolfo Armando, realizó una denuncia penal el 20 de diciembre de 2011 y Hugo Armando inició un juicio ejecutivo que perdió por falta de legitimidad. Salinas Odorisio también señaló que el expediente de ese juicio se perdió porque lo retiró el abogado de esta persona y no lo devolvió. A raíz de estos hechos se inició la investigación de la fiscalía de delitos económicos. 

La empresa El Montañez pertenecía a Sergio Armando, hermano de Rodolfo Armando, el secretario de Obras Públicas. Según señaló la fiscala, éste último manejaba la cuadrilla de trabajadores del municipio que llevó para realizar las construcciones tanto de las casillas como del puente. Además, indicó que el entonces funcionario obtuvo un poder para manejar la empresa. Las defensas de los acusados señalaron que la fiscalía omitió investigar a este hombre.

Salinas Odorisio señaló que en el marco del programa "Una casa para tu hogar" debían construirse 30 casillas prefabricadas con fondos provinciales pero se hicieron 28. Indicó que según el plano las viviendas debían tener un baño adentro, que no se hizo en ningún caso. 

Aunque las familias destinatarias dijeron que ellas mismas pidieron que no les hicieran los núcleos húmedos porque preferían contar con más espacio en esas casillas, la fiscala señaló que las prefabricadas se hicieron de 20 metros cuadrados cuando debían realizarse de 30 metros cuadrados según el plano. 

Además, la fiscala dijo que en 2017 se armó una escritura pública en la que se plasma la supuesta voluntad de las personas beneficiarias para que no les construyeran los baños, pero dijo que es una "falsedad ideológica".

"No cumplieron con el plano original. Además le hicieron creer a la gente que eran de menos metros (...) El plan era quedarse con el dinero de esta obra", afirmó. Es que para la funcionaria se escatimaron costos en esas construcciones para obtener una ganancia personal.

"La percepción de la gente es que era un regalo del intendente", dijo Salinas Odorisio. Recalcó "la gratitud increíble" que le tenían "más allá de recibir un despojo, una migaja". Es que ninguna de las personas adjudicatarias denunció al exmandatario.

Salinas Odorisio destacó algunas inspecciones realizadas, por ejemplo, de la jueza de Paz Antonia Villa, quien elaboró actas del estado de esas casas. Aunque hubo vecinxs que al declarar la contradijeron.

También mencionó la inspección del perito de parte de Parra, el ingeniero Guillermo Kripper, quien dijo que las obras no estaban concluidas y señaló las fallas de construcción de las casas y también el puente. 

Salinas Odorisio expuso fotografías de las casas e indicó que en algunas faltaban los zócalos del piso para que no entrara agua con las lluvias, también mostró otra foto con un techo mal hecho, y señaló fallas en las instalaciones de agua e irregularidades en las instalaciones eléctricas, que no se hicieron en todas las casas, como el hecho de que uno de los trabajadores municipales asignado a esa tarea no estaba capacitado y estaba aprendiendo, con el riesgo que implicaba.

La otra obra es la de una alcantarilla o puente que se hizo en la calle Belgrano. La fiscala explicó que también en este caso el municipio ahorró costos y que no se finalizó de manera correcta.

Los abogados defensores, Marcelo Arancibia y Fernando Teseyra, por Gonza, y Carlos Agnostópulos, por Armando, apuntaron a que las obras se realizaron.

Arancibia dijo que la acusación carece de pruebas. Mencionó que el puente se utiliza en la actualidad y por él pasan vehículos; indicó que ninguna de las gestiones municipales siguientes se encargó de repararlo si es que estaba mal hecho y que eso les compete por "responsabilidad solidaria". "Desde 2011 nadie se preocupó en arreglar ese puente. Otro hubiese sido el contenido demostrativo", ya que si se hubiera refaccionado se podría haber expuesto cuáles son las fallas con precisión, señaló. 

También sostuvo que los cheques no fueron cobrados, y que en todo caso la carátula debiera referirse a una "tentativa de administración fraudulenta".

Planteó asimismo que en esta acusación hay cuestiones políticas y también resaltó el "carisma popular" de Gonza, y que fue reelegido en 2017.

Nombró a los funcionarios municipales y provinciales que deberían de haber sido investigados en esta causa. También lo hicieron los otros defensores. "Rodolfo Armando debió haber sido uno de los primeros investigados", señaló Teseyra. 

Señaló que no hubo una auditoría integral, como prueba. En cuanto a la acusación dijo que la administración fraudulenta es un agravante, y que el Ministerio Público primero se refirió a ella como distinta a estafa y ahora como "toda estafa". "La defraudación no es estafa", señaló.

Agregó que el intendente delega y confía en sus funcionarios; que la funcionaria provincial María Mendilaharzu, de Asuntos Municipales, certificó la obra del puente "y dijo que estaba bárbaro".

Agnastápulos sostuvo que le parece extraño que el entonces encargado de Asuntos Jurídicos del municipio, funcionario desde 2009 y ahora intendente Manuel Saravia, no supiera nada de las irregularidades que se investigan en esta causa; aseguró que sí sabía y que intentó salvarse y favorecer a Parra. Agregó que no hubo perjuicio al patrimonio, que los cheques de diciembre no se cobraron, que las obras se hicieron y que no hubo peculado. 

Fuente de la Información: Salta 12