La esposa de Gerala dijo que los rieles están en su casa desde los 90

29/03/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

El juicio contra el exjefe comunal acusado de integrar una organización dedicada al saqueo y contrabando de rieles del ferrocarril Belgrano sigue exhibiendo detalles del desmantelamiento de ese ramal ferroviario.

Por Melina Sola

El juicio contra Atta Gerala, el exjefe comunal de Coronel Juan Solá o Morillo, se realiza ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta. Está acusado de robo y exportación ilegal de las vías del Ramal C25 del Ferrocarril Belgrano, que une las localidades de Embarcación y Formosa, más de 702 kilómetros dispuestos en forma paralela a la ruta nacional 81, que hoy se encuentran completamente desmantelados.

Por esta causa, Gerala fue destituido en 2024, aunque declama su inocencia. En tanto que uno de sus hijos, José Miguel “Yopi” Gerala, reconoció haber participado de los ilícitos y aceptó ser condenado en juicio abreviado a seis años de prisión.

En la última audiencia esta semana, la exsecretaria de Hacienda municipal y actual pareja de Atta Gerala, Carola Farías, sostuvo que las vías de ferrocarril descubiertas en el domicilio donde conviven, estaban allí desde 1992, antes que la propiedad fuera adquirida por su esposo.

La testigo citada por el defensor Luis Alejandro Pomares dijo que el predio de dos hectáreas fue comprado a su familia –los Farías- hace más de dos décadas, cuando todavía no era pareja de Gerala. Sostuvo que en ese entonces el terreno no tenía construcciones pero que ya estaban los rieles acomodados en un sector. La mujer señaló que su padre, el original dueño de la tierra, falleció en 1993 y que no llegó a preguntarle cómo llegó al lugar el material en cuestión.

Farías indicó que años más tarde Gerala construyó su vivienda y edificó el galpón que hasta el momento de los allanamientos judiciales funcionaba como taller municipal. En el lugar se hallaron herramientas que se presume fueron usadas para la extracción de los rieles.

Otro dato interesante es que la Secretaría de Hacienda, de la cual Carola Farías era titular, también funcionaba en el domicilio particular. “Ahí tenía mi computadora y también cocinaba y limpiaba (…). El intendente guardaba todo en casa”, aclaró.

Rieles sueltos en distintas casas

Otros pobladores refirieron tener algunos rieles en sus domicilios, aunque ninguno identificó a quienes se los vendieron ni cuándo ocurrió exactamente la compra. Sobre esto declararon ante los jueces los gendarmes que se entrevistaron con ellos. Según los relatos, los rieles fueron adquiridos a bajo precio para mejorar sus viviendas y en distintos momentos históricos. Uno de los gendarmes dijo que entre los pobladores había miedo a dar detalles de los hechos.

El defensor recordó un fragmento del informe de Gendarmería en el que un vecino manifestó que la extracción de rieles comenzó cuando gobernaba la exintedenta Marcela Carabajal, entre 2011 y 2015, y que los responsables de sacarlos y venderlos a bajo precio eran “desocupados”.

“Yopi jamás entraba al taller”

El empleado municipal Felipe Guerra habló del taller que funcionaba en el domicilio particular del exintendente, sobre quien dijo sentir afecto por haber sido nombrado durante su primera gestión, hace casi tres décadas. Dijo que actualmente se encarga del “manejo del personal y las cosas” y cuando le pidieron más referencias, señaló: “manejo todo, soy el que hace funcionar el municipio”.

Guerra aseguró que estaba trabajando en el galpón junto con otros empleados municipales cuando fue el allanamiento en la casa de Gerala, contó que allí usaban las herramientas de la intendencia y que Yopi Gerala “jamás entraba” al lugar, algo llamativo ya que era la casa de su padre.

El testigo también afirmó que, por ser de máxima confianza del exintendente, utilizaba permanentemente el vehículo particular de él, una camioneta blanca chapa LNF 920. Según aclaró, lo hacía para ejecutar tareas propias de la gestión municipal. Si bien declaró que “es imposible” que Yopi haya tenido acceso a ese vehículo, luego no pudo explicar por qué apareció la foto de la camioneta en el celular de Gerala hijo, donde se observa que en la caja eran transportadas personas originarias.

Habitantes del pueblo Wichí que residen en la zona testificaron que Yopi los contrataba y que pagaba 10 mil pesos diarios para el corte y carga de rieles. Un cacique contó que eran amenazados por la policía para no delatar la maniobra.

La hipótesis de la Fiscalía

El fiscal Eduardo Villalba y su equipo suponen que el negocio ilegal era de Atta Gerala y que su hijo coordinaba las tareas de extracción. Señalan que Yopi usaba la camioneta del padre, proveía las herramientas de corte, acopiaba los rieles y luego los transportaba a Orán; que previamente se comunicaba con agentes de seguridad cómplices (uno de ellos es Mauro Rodríguez, el jefe del destacamento de Pluma de Pato quien está acusado en este juicio) y que también trataba con el contrabandista David Medina, ya condenado en juicio abreviado.

Este último coordinaba el acopio de los rieles con los dueños de dos fincas en la frontera, donde se los cruzaba a Bolivia por pasos no autorizados. Además, organizaba el transporte y la venta en aquel país. El material era extraído por personas de comunidades originarias en Morillo, Dragones y Pluma de Pato, en el departamento Rivadavia.

Los allanamientos

Los secuestros ocurrieron a fines de 2024. Además del galpón de Gerala, donde se secuestraron 15 rieles y elementos de corte, hubo allanamientos en la finca de la familia Cardozo, en Aguas Blancas, donde la Gendarmería y personal de Aduanas encontraron 132 rieles en la zona del río Bermejo, que separa la frontera internacional, que habrían estado listos para salir en camión con destino a Bolivia. La otra finca usada para la maniobra sería Gauchito Gil, también ubicada en Aguas Blancas.

La fiscalía indicó que inicialmente no investigaban a los Gerala, sino a una organización que importaba ilegalmente neumáticos desde Bolivia. La denuncia es del 23 de agosto de 2023, cuando personal del Correo Argentino con sede en Salta, denunció la presencia de 480 neumáticos en la oficina, que provenían del extranjero y tenían como destino diversos lugares del país.

“Estos neumáticos tenían facturas de la empresa Norte Agro, a nombre de David Edilberto Medina. Este hombre estaba sometido a proceso judicial por el uso de documentos falsos para importar 200 cubiertas de origen extranjero”, dijo la auxiliar fiscal Roxana Gual.

Por esa causa se intervino el teléfono de Medina, quien administraba un galpón en Orán. “Mientras llevábamos la investigación, recibimos una denuncia anónima -el 1 de julio de 2024- que ponía en conocimiento que uno de los hijos de Atta se dedicaba al robo y traslado de rieles del ramal C25, valiéndose de personas de comunidades originarias de la zona”, señaló Gual.

Los fiscales detectaron que además Medina emitía remitos a transportistas asociados a la actividad del comercio del hierro, que pasaba por Aguas Blancas hacia Bolivia.

Fuente de la Información: Página 12