La Corte Suprema no es un almacén de ramos generales
25/08/2016. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
El máximo tribunal no es una tercera instancia judicial, pero en los hechos se recurre a él como si lo fuera, lo que desvirtúa su genuino papel.
Nadie duda de la función insustituible que como última instancia en la decisión de asuntos trascendentes tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene también una misión de alta política y de docencia institucional, al ir encauzando los excesos de otros poderes o de los particulares por la senda de la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Esta labor superior, que exige no sólo la sapiencia del jurista, sino también la prudencia del estadista, no puede ser perturbada por la atención de innumerables cuestiones, que no revisten las características institucionales antes mencionadas. El alto tribunal debe poder elegir aquellas cuestiones en las que ha de resolver. En los Estados Unidos, la Corte Suprema "escucha", o sea, se ocupa de sólo cien casos por año.
La depuración se hace allí por vía de lo que se denomina writ of certiorari, una suerte de filtro de causas para determinar si deben o no ser tratadas por la Corte. En nuestro país se quiso hacer algo similar con el artículo 280 del Código Procesal sin éxito alguno.
La obsesión de todo litigante pareciera ser llegar hasta la Corte Suprema. Esta obsesión procesal abarca cualquier tema, sea o no pertinente, y en todos se pretende involucrar al máximo tribunal de la Nación. Es verdad que no siempre la calidad de nuestra justicia es la mejor, pero eso debería impulsar acciones tendientes a mejorarla, concursos serios, sin copias ni amañamientos, pero la solución no es exigirle a la Corte que corrija esos errores como última instancia judicial. La Corte no es una tercera instancia, pero se la trata como si lo fuera.
Esta manía recursiva viene de antiguo. Ya en 2003, el sabio Carlos Fayt advertía contra este exceso que abrumaba a la Corte, al afirmar que, por ello, pasó de ser un tribunal constitucional y de última instancia a un "almacén de ramos generales" al que todo el mundo acude.
Quedó desvirtuada la idea de la Constitución de lo que debía ser la cabeza del Poder Judicial.
[Click Aqui]
En un reciente acuerdo, del 9 del actual, la Corte firmó 167 fallos. Si pensamos que hay dos acuerdos por semana y 88 en el año (descontando la feria judicial), serían unas 14.000 sentencias y resoluciones anuales.
Nadie puede pretender que tal volumen de trabajo sea efectuado personalmente por los cinco jueces del tribunal, que hasta hace poco eran sólo tres. En verdad, el trabajo se cumple con la asistencia de más de 200 secretarios y funcionarios supervisados por los jueces. Pero esto tampoco es deseable. A lo que debemos aspirar es a un tribunal superior que sirva de freno, de impulso y de orientación institucional, y esto es imposible con el número de causas actual, por más secretarios que se nombren.
En aquel acuerdo de los 167 fallos, se resolvieron temas previsionales, laborales, muchos casos penales y algunos de inmigración. Las cuestiones de competencia, raramente trascendentes, ocupan una buena parte del trabajo del tribunal, pero además la Corte debe entender originariamente en cuestiones entre provincias y las que involucran a diplomáticos, y tiene que resolver en estos casos asuntos nimios, como problemas de alquiler o del personal doméstico de las delegaciones extranjeras.
Esta verdadera catarata de casos que inundan la Corte tiene, por lo dicho, graves implicancias institucionales, pues nos priva de la plena dedicación de una institución a sus vitales funciones. Pero además entraña una suerte de descalificación de los tribunales inferiores, que están perfectamente capacitados para resolver en forma definitiva asuntos que hoy llegan a la Corte. Mejoremos, si fuese el caso, los tribunales de primera y segunda instancias y hagamos que la llamada instancia extraordinaria realmente lo sea. Para luchar contra esta tendencia, es preciso, por un lado, mejorar la calidad del sistema judicial, y por el otro, priorizar la labor institucional de la Corte Suprema y su impacto en la democracia republicana, que debe consolidarse en nuestro país.
Decía en 1987 Jaime Potenze, recordado colaborador de este diario: "Los problemas funcionales y organizativos de nuestra Corte, en estos momentos, son tan importantes como los institucionales. Un tribunal saturado de recursos no es confiable. Sólo resolviéndolos podrá cumplir con la augusta misión que le asigna la Constitución." Luego, Potenze recomendaba "una profunda labor de reingeniería para modificar esta situación", que redundaría directamente en la imagen de la Corte y contribuiría a su mayor independencia y autonomía funcional.
Casi 30 años después, sigue siendo hora de que se concreten estos cambios.
Fuente: La Nación