La Corte Suprema demora el pedido de Salta de restituir pensiones no contributivas
23/10/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Por otro lado, la Fiscalía Federal de Salta investiga el presunto otorgamiento irregular de unas 10 mil pensiones en Joaquín V. González.
A través de la resolución 12.621, del 25 de septiembre, pero recién publicada ayer en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA), la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) resolvió reestablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral solamente a beneficiarios de la provincia de Catamarca. Mientras tanto, Salta sigue a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un planteo de restitución del beneficio en esta provincia.
La ANDIS dictó la resolución formal de restitución de las pensiones en Catamarca tras la orden el juez federal de esa provincia Guillermo Díaz Martínez, que el 12 de septiembre pasado falló a favor de una medida cautelar.
La resolución de la ANDIS publicada este miércoles en el Boletín Oficial es anterior a otra decisión del mismo juez que el viernes pasado extendió la orden de restitución a todo el territorio nacional, en un plazo de 24 horas.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicaron que la devolución de pensiones sería por ahora solo para beneficiarios de Catamarca, dado que responde al fallo inicial dado el 12 de septiembre, en el que el juez Díaz Martínez también ordena la suspensión de las auditorías.
Existe escepticismo respecto del cumplimiento de la medida, en tanto el restablecimiento de los beneficios llevará tiempo y la ANDIS se tomó más de un mes en dictar la decisión administrativa que acata la orden judicial del 12 de septiembre, incluso pese a que mientras incumplió, la Agencia Nacional de Discapacidad habría tenido que pagar multas.
Sin decidir competencia
Durante la primera quincena de septiembre la Fiscalía de Estado de Salta presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando la restitución de las pensiones no contributivas suspendidas en la provincia que, según se pudo conocer, eran unas 129. Sin embargo, en una asesoría que realizó la Municipalidad de Salta de manera posterior a la presentación, 500 vecinos y vecinas se acercaron a hacer consultas solo en la ciudad capital.
Si bien ya hubo dictamen fiscal a favor de la competencia de la Corte Suprema para resolver este amparo, el máximo tribunal argentino aún no decidió si analilzará la presentación de Salta. Esta es el primer paso para avanzar en el análisis en el planteo de fondo de la cuestión.
En el medio, el martes último, en medio de una protesta de integrantes de comunidades indígenas, una mujer se encadenó en la oficina de la ANSES de Tartagal en el norte salteño en reclamo por la suspensión de pensiones. En este caso, solo pedían que se acepten los certificados médicos que consideran suficientes para la restitución de los beneficios.
Casi 10 mil pensiones investigadas
Ayer, en tanto, la jueza federal de Garantías Mariela Giménez declaró compleja una investigación sobre pensiones adulteradas en la localidad de Joaquín V. González.
La investigación se encuentra en manos del fiscal federal Carlos Amad, y se derivó de otra causa iniciada en Taco Pozo, localidad de la provincia del Chaco que linda con Salta.
La investigación es por el presunto otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, ya que se había advertido en Joaquín V. González maniobras similares a las detectadas en Taco Pozo.
La fiscalía federal afirmó que las evidencias reunidas hasta ahora darían cuenta de un fraude con numerosos implicados, en perjuicio al Estado Nacional. En este caso se investiga a 22 personas y se realizaron 17 allanamientos, donde se secuestraron 8 millones de pesos.
La declaración de la complejidad de la investigación fue dictada ayer durante una audiencia en la que además la jueza Giménez rechazó el pedido de la defensa de dos personas investigadas para tener acceso al legajo de investigación, algo que está vedado por el artículo 230 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que establece que la defensa recién podrá acceder una vez que se formalice la investigación penal.
Las actuaciones preliminares en esta investigación se iniciaron en mayo de 2024, luego de advertir maniobras irregulares en el otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad que tenían un gran parecido con un hecho que el fiscal investigó desde febrero de 2023 en Taco Pozo.
Amad también cumple funciones de fiscal subrogante en la fiscalía federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, ciudad del Chaco, y en ese cargo impulsó una causa penal que desde el 10 de octubre del año pasado ya tiene un pedido de procesamiento de 14 imputados, entre los cuales hay varios funcionarios públicos, médicos, gestores, autoridades hospitalarias e incluso el jefe comunal de Taco Pozo.
Con estos antecedentes, el fiscal detectó un similar modus operandi en Joaquín V. González, con la participación de un médico cuyo nombre también aparece en la causa abierta en Taco Pozo. Amad explicó que hay cerca de 10 mil casos bajo análisis solo en el departamento salteño de Anta, lo que da cuenta del potencial perjuicio al Estado Nacional, sostuvo.
Fuente de la Información: Página 12
