¿Juicio justo o ‘lawfare’? La condena a Cristina Kirchner por corrupción abre grietas entre juristas argentinos
16/06/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Quienes cuestionan el fallo de la Corte Suprema sostienen que no se respetó la presunción de inocencia
La condena a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se insertó, como en un abismo que todo lo atrae, en la fractura que divide a gran parte de Argentina. Los distintos sectores del peronismo postergaron sus diferencias y denunciaron una persecución política contra la principal líder de la oposición al Gobierno de Javier Milei, quien había anunciado su candidatura en las próximas elecciones legislativas. Salvo las fuerzas de izquierda, el resto de los partidos políticos celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia como un avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero, junto a las previsibles posturas políticas, la sentencia también dejó abierto un debate jurídico: ¿fue justa o injusta la condena?, ¿Kirchner tuvo garantías de la imparcialidad de los jueces?, ¿pudo probarse su culpabilidad en los delitos? Pese a que el caso fue evaluado por todas las instancias judiciales del país, hay juristas y expertos en derecho que se afirman en posiciones totalmente opuestas.
A los 72 años, Kirchner, la dirigente política más influyente de Argentina en las últimas dos décadas, fue condenada en la llamada Causa Vialidad por el delito de administración fraudulenta durante su gestión presidencial (2007-2015). Fue declarada culpable de perjudicar al Estado argentino en unos 500 millones de dólares mediante la concesión irregular de 51 obras públicas viales a un empresario cercano a su familia, Lázaro Báez, en Santa Cruz, la provincia patagónica donde nació el kirchnerismo. De acuerdo con el fallo, el también condenado Báez fue beneficiado con sobreprecios, ampliación de plazos y un tratamiento diferencial con pagos anticipados. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la expresidenta”, señalaron los jueces, aunque eso aún se investiga en otro expediente.
La denuncia original data de 2008, pero la causa que ahora concluyó se abrió en 2016 a partir de otra denuncia, impulsada por el Gobierno del conservador Mauricio Macri. La condena en primera instancia fue en 2022 y el año pasado resultó refrendada por un tribunal de apelaciones. Finalmente, el martes último, los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, desestimaron todos los recursos de la defensa y dejaron firme una sentencia que, consideraron, se basó en la “profusa prueba producida”, sin que “se haya vulnerado alguna garantía constitucional”.
“La historia argentina demuestra que a los dirigentes políticos que gobiernan para el pueblo, que logran la distribución del ingreso más equitativa, no los perdonan”, dijo Kirchner ante sus seguidores, el mismo martes en que se conoció el fallo. La actual presidenta del PJ, el partido peronista, cree que la justicia opera en sintonía con los intereses del poder económico para proscribirla de la puja política, como le pasó a Juan Domingo Perón entre 1955 y 1973. En esa línea, emparienta su condena con la que sufrió en Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, preso entre 2018 y 2019 en una causa por corrupción luego anulada.
Los abogados defensores de Kirchner afirman que todo el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades, que no hay ninguna prueba que la involucre directamente a ella en delitos, que faltó imparcialidad en los jueces y fiscales, y que se vulneró su derecho de defensa. Con esos y otros argumentos, anunciaron que llevarán sus reclamos a tribunales internacionales.
Simpatizantes en Buenos Aires, Argentina, el 12 de junio de 2025.Associated Press/LaPresse (APN)
Para el exjuez de la Corte argentina Eugenio Zaffaroni, los magistrados que condenaron a Kirchner “responsabilizan a la cabeza del Poder Ejecutivo utilizando la técnica del lawfare [...] No hay pruebas pero condenan igual. Ignoran totalmente la duda en favor del reo, el principio de inocencia", dijo en diálogo con Radio UNR. Otro punto señalado por quienes defienden a la expresidenta es que mal pudo ser culpada ella si no lo fueron también los ministros que estaban a cargo de las obras públicas y la ejecución presupuestaria.
La conducta clave que el fallo le imputa a Kirchner es la firma de un decreto para facilitar los pagos de las obras cuestionadas. Se trata del decreto 54/2009, todavía vigente, al que la fiscalía definió como el “instrumento para la maniobra criminal”. La norma modificó un fideicomiso ya existente y, según la acusación, “proveyó una fuente ilimitada de financiamiento” a la Dirección Nacional de Vialidad, desde donde se administraban las obras en un “contexto de opacidad”.
En una interpretación contraria a la de los magistrados, el experto en derecho constitucional Andrés Gil Domínguez estimó que el dictado del decreto 54 por parte de Kirchner es una “mínima prueba indiciaria o prueba indirecta de muy baja intensidad” que no alcanza para “derribar la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo" (“en caso de duda, a favor del reo”), según escribió en un texto difundido en sus redes sociales.
Quizá el principal cuestionamiento de la defensa de Kirchner a la condena sea que al menos cinco jueces y dos fiscales que participaron de la Causa Vialidad mantuvieron diversos encuentros privados con el entonces presidente Macri y funcionarios de su partido, es decir, los denunciantes del caso. La Corte Suprema descartó ese planteo porque la acusada no citó “ni una sola circunstancia concreta” que autorice “inferir que se ha comprometido la imparcialidad de los jueces”.
Daniel Sabsay, profesor de Derecho Constitucional en la UBA, concuerda: “Han participado más de 14 personas entre jueces y fiscales en un juicio que duró muchos años, pensar que todo ha sido una conspiración contra Kirchner me parece una locura”, dice. Para él, “la condena a Cristina Kirchner marca un hito en Argentina, donde generalmente la regla ha sido el no juzgamiento de los poderosos aún frente a graves actos de corrupción. Esto nos da esperanzas sobre el futuro... Vamos a ver qué pasa con las causas que enfrenta Milei, el caso de [la criptomoneda] Libra es muy grave y hasta ahora avanza más en el exterior que en Argentina. Lo mismo respecto de las causas que tiene abiertas Macri", advierte.
Una manta de Cristina Kirchner, en Buenos Aires, el 12 de junio de 2025.ALESSIA MACCIONI (REUTERS)
En su libro La máquina de la corrupción, Natalia Volosin, doctora en Derecho, define a la etapa kirchnerista como una cleptocracia. Pero, aun desde esa perspectiva, sostiene que en la Causa Vialidad “hay un problema evidente con la cuestión de la imparcialidad de los jueces”. Cuando la defensa de Kirchner enumera el viaje de magistrados, funcionarios ligados a Macri y empresarios a Lago Escondido, o las visitas de jueces y fiscales al entonces presidente, en varios casos para jugar juntos al fútbol o al pádel, “la Corte Suprema responde en su fallo que son meras conjeturas”, dice Volosin. “Eso es muy preocupante para la protección de nuestros derechos como ciudadanos y para la legitimidad de la propia Corte, que es muy frágil. Si no alcanza con eso, ¿qué hace falta mostrar para justificar un temor de parcialidad?”, indaga.
Para Volosin, además, en el expediente “los aportes directos de Kirchner en la administración fraudulenta son poco claros, hay indicios. Y en Argentina, sin certeza plena corresponde la absolución. Por supuesto, todas estas son cuestiones para discutir. El problema es que la Corte ni siquiera las tomó y no respondió adecuadamente a los temores de violaciones de derechos constitucionales”.
Fuente de la Información: El País de España
