Intentaron desalojar de forma violenta a la comunidad kolla Tusca Pacha en Jujuy
05/01/2022. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Se ejecutó mediante una orden de un fiscal que se encuentra de vacaciones. En el forcejeo detuvieron a una de las integrantes de la comunidad y la liberaron recién por la tarde.
Por segunda vez, la comunidad Tusca Pacha de Los Alisos en Palpalá, sufrió un intento de desalojo solicitado por la inmobiliaria Sucre, y que comenzó a ser ejecutado violentamente por las fuerzas de seguridad de la provincia que se presentaron en el territorio custodiando a las máquinas de la empresa.
En esta oportunidad fue golpeada y demorada Rosa Gutiérrez que al enterarse de la situación salió en defensa de las tierras de la comunidad. Ella se enfrentó junto a otros compañeros a la guardia de Infantería de la Policía de la Provincia que ingreso al territorio, en un marco irregular sin orden judicial, antes de las 7 de la mañana. En total eran unos 70 hombres custodiando las cuatro máquinas que llevó la inmobiliaria para arrasar con todas las instalaciones de los originarios.
La Comunidad Tusca Pacha y la Asociación San Marcos de Los Alisos habitan y desarrollan agricultura familiar en ese terreno en disputa con Sucre, que tiene un proyecto para instalar un parque industrial.
La inmobiliaria, señalaron desde la comunidad, pertenecería al secretario de Asuntos y Relaciones Municipales del gobierno de la provincia, Javier Gronda, y a Alfredo González, que, según las organizaciones sociales, sería pariente del funcionario.
El terreno cuenta con la protección de una ordenanza municipal que lo declara como área de interés periurbano para la producción de agricultura familiar, y como territorio ocupado por familias campesinas e indígenas.
Las miradas ahora apuntan al fiscal interviniente Walter Rondón, actualmente de feria judicial, pero que "habría realizado un informe, que no lo vimos, y que dice que en el lugar nadie vivía, nadie ocupaba y la realidad es otra. Con ese informe habían dispuesto que la empresa trabajara en el lugar sin orden judicial suponiendo que nadie habitaba. El fiscal en feria avala el ingreso de la Infantería y las máquinas”, relató María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Nación.
La comunidad está ubicada en la margen del Río los Alisos detrás del Parque Industrial de la ciudad de Palpalá, a 15 kilómetros de la capital jujeña. En octubre del 2020 fue el primer intento de desalojo que sufrió la comunidad de similares características al de ayer.
Castillo junto a Hernán Rachid, Subsecretario de Programas de Desarrollo Productivo, ingresaron una extensa nota al Fiscal expresando su preocupación por el desalojo a la comunidad y detallan que “desde marzo del 2020 se acompaña el proceso organizativo de las familias que desde 2018 tienen una Asociación Civil y se autoreconocen miembros del Pueblo KOLLA”.
Además citan otras presentaciones que la comunidad hizo en organismos nacionales y el reconocimiento que tuvieron de estos: “En setiembre de 2020 se presentó un proyecto PISEAR para el acceso al agua mediante pozos y cisternas. Además, intervienen otros organismos del Estado, dada la realidad productiva y su incidencia en el área periurbana de Pálpala, el IPAF NOA del INTA y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación acompañaron el proceso para la elaboración de la ordenanza municipal de 2015”.
Y en el afán de desmentir al fiscal con respecto a que no había nadie en el terreno señalan también que “con la Facultad de Humanidades, UNJU, participaron en ferias de la facultad, certificaron encuentros de formación, articularon visitas de la Cátedra de Educación no formal. Mantienen articulación con la Cátedra de Etnobotánica de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNJU. En el territorio se realizaron varios encuentros de la cátedra. Y la comunidad articula también con la Municipalidad la participación en la Feria local”.
Orden de desalojo vieja
La abogada Natalia Peñaloza que representa a la comunidad relató ante los nuevos hechos de violencia que “la policía se presentó con una orden vieja argumentando que estaban autorizados para limpiar el terreno. Es increíble que se haga una cosa así, cuando esto esta judicializado. El expediente no avanzó, está quieto. Esta situación está enmarcada dentro del decreto de necesidad y urgencia de la ley 26160, el convenio 69 de la OIT, el art 17 de la Constitución Nacional que reconoce la pre existencia de los pueblos, y suspende cualquier tipo de desalojo. No solo los judiciales, sino los administrativos y los extra judiciales. Si bien se frenó el desalojo, las maquinas se fueron, se habló con la policía, aunque Sucre quiere avanzar. Sí, vamos a presentar medidas preventivas” adelanto la letrada.
“Presentamos en la Justicia toda la documentación de la comunidad. Están en riesgo las comunidades originarias si permitimos estos avasallamientos. Doña Lidia Maraz, una de las integrantes de la comunidad, estaba en su casa con su fueguero, con la huerta comunitaria, tranquila. Entraron y tiraron y pisotearon toda la huerta de lechuga, zapallitos, maíz, tiraron las plantas de palta, los eucaliptus, se llevaron nuestra bandera Whipala que estaba colocada en el árbol ancestral” relató angustiada una integrante de la comunidad.
Repudios de organizaciones
Rosa Gutiérrez pertenece a la comunidad e integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), tras llevarla detenida la imputaron por el delito de daños, y fue liberada en las primeras horas de la tarde.
Desde la organización política Feminismo Popular disidente de Jujuy repudiaron el maltrato a Rosa Gutiérrez y exigían su liberación.
En tanto que desde ANDHES a través de un comunicado expresaron “su repudio en este nuevo intento de desalojo en los territorios de la Comunidad Indígena Tusca Pacha de la ciudad de Palpalá, avalado por el fiscal Walter Rondón y el ayudante de fiscal Martín Lavilla”.
Al marcar que los desmontes son ilegales, citan la ley nacional N° 26.160 que ordena la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
“Seguimos señalando que el poder judicial individualiza un conflicto colectivo, y deslegitima el reclamo comunitario y los derechos de las comunidades indígenas que son reconocidos por nuestra Constitución Nacional en el Artículo 75, inc. 17 y a través de la ratificación del Convenio 169 de la OIT. No estamos ante una causa de toma de tierras, sino de desalojo de comunidades de sus territorios comunitarios”, indicaron.
“Por último, seguimos exigiendo que se acelere el proceso de relevamiento de los territorios de la comunidad para efectivizar y garantizar el derecho pleno de la comunidad; como también exigimos que se frene el desalojo ilegal, el cese de detenciones arbitrarias y persecución de quiénes defienden sus derechos y su territorio” detallan en el comunicado.
Fuente de la Información: Página 12