Infantería desalojó a otra familia en Las Pailas

15/06/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

Ocho miembros de la familia Guzmán, entre ellos dos menores de edad, una abuela y un joven con discapacidad, fueron desplazados ayer de su casa en el paraje San Gabriel, en Las Pailas, del departamento Cachi.

Por Analía Brizuela

La familia Guzmán no se reconoce como comunera y no integra el grupo demandado por la funcionaria judicial Florencia Wayar. A pesar de que nunca se la intimó a abandonar su vivienda, de que no pudo defenderse y de la presentación de un amparo a su favor, fue desplazada por la Policía. La Comunidad Diaguita Kallchaki se movilizará en la plaza de Cachi

Ocho miembros de la familia Guzmán, entre ellos dos menores de edad, una abuela y un joven con discapacidad, fueron desplazados ayer de su casa en el paraje San Gabriel, en Las Pailas, del departamento Cachi.

Pese a que el diputado provincial Miguel Plaza Schaefer interpuso una habeas corpus en favor de esta familia que no se reconoce como parte del pueblo Diaguita Kallchaki, la policía ingresó a la vivienda y expulsó a sus habitantes. Para sumar mayor desasosiego, cuando la Infantería avanzaba hubo disparos que provinieron de ese sector.

Este desalojo se llevó a cabo después de la expulsión de otras cinco familias que sí se reconocen como parte de la Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas.

Héctor Fabián, referente de la Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas, informó a Salta/12 que al finalizar la jornada de ayer la familia Guzmán “dejó sus cosas, sus pertenencias, dentro de la casa”, y que sus integrantes pasarían la noche distribuidos entre una casa vecina y el salón comunitario. Acotó también que, si bien han sido tres días agotadores por el accionar represivo de la Policía de la provincia, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, están “con mucha fortaleza, conteniendo a hermanos y hermanas en esta situación difícil”.

Asimismo, Fabián convocó a una movilización que se realizará hoy a partir de las 10 en la plaza principal de Cachi, a unos 10 kilómetros del lugar del desalojo. Hasta ayer miembros de la Comunidad repartieron folletos en en el pueblo informando sobre su situación e invitando a apoyar su resistencia a los desalojo. “Pedimos cobertura mediática para visibilizar lo que estamos viviendo”, cerró Fabián.

Mientras, en la ciudad de Salta se lanzó una convocatoria a movilizarse a las 10.30 de hoy, para repudiar los desalojos en Las Pailas. El lugar de reunión será la Plazoleta IV Siglos, al lado del Cabildo Histórico.

Todo comenzó el sábado por la mañana, cuando un contingente numeroso de la división Infantería de la Policía de Salta llegó a Cachi para ejecutar la orden que libró el viernes último la jueza Civil y Comercial 5, María Fernanda Diez Barrantes. En este Juzgado se tramita la causa que mantiene enfrentados a Florencia Wayar y Agustín Mamaní, comunero diaguita kalchaquí, por una cuestión de arriendos. Si bien la orden contemplaba solo a la familia Mamani, los policías arremetieron también contra otra cinco familias que habitan dentro del catastro 2884 del paraje San Gabriel, territorio del pueblo Diaguita Kallchaki.

El médico y diputado provincial Miguel Plaza Schaefer interpuso ayer un habeas corpus preventivo en favor de las familias diaguitas, patrocinado por el abogado Martín Plaza Schaefer, ante la inminencia del nuevo accionar represivo contra la última familia diaguita que resistía en el predio desalojado.

Esa familia incluye a Nelson Damián y Dante Damián Guzmán, Sofía Guzmán, Andrea Guzmán, Rocío Sulca, dos menores de edad y un joven con discapacidad. El amparo, presentado ante el juez de impugnación Eduardo Barrionuevo, se interpuso en favor de un grupo familiar “que habita de forma pacífica y ancestral la vivienda” objeto del desalojo. En el escrito el legislador aseguró que el operativo policial llegó para “avasallar de forma clandestina” sus derechos.

Posteo de un medio vallisto que compartió una cartografía publicada en este suplemento el 2 de diciembre de 2024 Redes sociales

El diputado repasó que en la causa que impulsa Florencia Wayar, que es funcionaria del Ministerio Público Fiscal de Salta, contra Agustín Mamaní se ordenó un desalojo que “originalmente debía limitarse a una fracción de 4 hectáreas contra Agustín Mamaní”.

“Sin embargo”, continuó, “desnaturalizando por completo la orden judicial escrita y los límites de la cosa juzgada, un desproporcionado e injustificado contingente de más de cincuenta efectivos de la Infantería policial y de la Policía local se desplegó en el Paraje Las Pailas, cercando de manera violenta e intimidatoria la vivienda de los beneficiarios de este Habeas Corpus”, en alusión a la familia Guzmán.

Plaza Schaefer dejó constancia de que la familia Guzmán “no integra el expediente civil y jamás fue demandada”. Por esta razón “nunca fue oída ni vencida en juicio y no ostentan el carácter de comuneros autoidentificados en dicho litigio”. Al contrario: “se trata de ciudadanos particulares cuya vivienda está sufriendo un asedio policial ilegal por un evidente y grosero exceso de ejecución material por parte de las fuerzas de seguridad”, cerró el legislador.

“No se puede tratar así a la gente”

Durante los desalojos del sábado, sorprendió María Eugenia Wayar, hija de Felipe Wayar, padre del ex vicegobernador de la provincia Walter Wayar, cuando se acercó hasta el paraje San Gabriel para solidarizarse con “la gente que la están desalojando”, aclaró en un video que realizó para la radio indígena FM Diaguita Ambrosio Casimiro.

“Me parece terrible lo que está sucediendo, sobre todo por la justicia, por el intendente (Américo Liendro) que no se juega”, sostuvo. “Son 17 familias que viven en 38 hectáreas”, contextualizó.

“Habría que tratar de reunirse con Florencia” Wayar, que persigue el desalojo de las familias indígenas, “y entender (que hace falta) llegar a algún arreglo. No se puede tratar así a la gente”, dijo, y se comprometió a llamar a su pariente para intentar mediar en un arreglo que contemple las necesidades de las familias desalojadas.

María Eugenia Wayar en un video que realizó para FM Diaguita Ambrosio Casimiro Redes sociales

El sábado siguieron las repercusiones críticas a la actuación del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Salta.

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, y la Especialidad en Derechos Humanos, repudiaron “los actos de violencia perpetrados por las fuerzas de seguridad en el marco de un operativo de desalojo desarrollado el día 12 de junio en la comunidad originaria Diaguita Kallchaki Las Pailas”.

En ese sentido, expresaron “preocupación por el avasallamiento y vulneración de derechos y garantías legales que estas acciones constituyen”, e instaron “al Estado a respetar y cumplir los marcos jurídicos vigentes, contemplados en la Constitución Nacional”, la Constitución Provincial y “los diversos tratados internacionales a los que Argentina adhiere”, como el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración Universal de Derechos Indígenas de la UNESCO.

Asimismo, señalaron que “Desde los fundamentos que aportan los resultados de las investigaciones en base a evidencias arqueológicas, documentación histórica y registros antropológicos y etnográficos, es absolutamente inaceptable que se siembre sospecha e instale duda respecto a la legitimidad de los derechos de propiedad y posesión que asisten a las comunidades diaguitas calchaquíes como pobladores ancestrales de ese territorio”.

Agregaron que en la actualidad, “la vitalidad de las prácticas y expresiones culturales, los conocimientos ancestrales transmitidos por generaciones y recreados por la vía de la oralidad, y las formas de producción agrícola y ganadera constituyen, junto a otros tantos indicios materiales, pruebas indiscutibles de la permanencia y posesión ancestral a lo largo del tiempo en esas tierras”.

Fuente de la Información: Página 12