Indemnización de $15 millones a 10 trabajadores víctimas de trata
24/06/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
En noviembre de 2023 una inspección en una finca de Joaquín V. González encontró que una cuadrilla de trabajadores hacía tareas de desmonte sin ropa ni herramientas adecuadas; además, dormían hacinados en una casilla, o debajo de un árbol, y les d
En noviembre de 2023 una inspección en una finca de Joaquín V. González encontró que una cuadrilla de trabajadores hacía tareas de desmonte sin ropa ni herramientas adecuadas; además, dormían hacinados en una casilla, o debajo de un árbol, y les descontaban el 30% del pago en concepto de alimentos.
Diez trabajadores rurales del sur de la provincia de Salta que en noviembre de 2023 eran explotados laboralmente recibieron un millón y medio de pesos cada uno en concepto de reparación de daños, en el marco de un acuerdo de conciliación gestionado por el fiscal federal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen.
El acuerdo -cuyos pagos ya fueron cancelados por el finquero Ángel Gustavo Enríquez, que resultó imputado- fue homologado el 5 de mayo pasado por el juez federal de Garantías Julio Bavio.
En la presentación del acuerdo de conciliación, uno de los institutos legales contemplados en el Código Procesal Penal Federal (CPPF) para resolver los conflictos penales, el fiscal repasó que la trata de personas se reveló en una inspección llevada a cabo el 9 de noviembre de 2023 en la finca “Suri Blanco”, ubicada en la localidad de Joaquín V. González, por personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima, dependiente del gobierno provincial.
Los inspectores descubrieron a una decena de trabajadores rurales que realizaban tareas de desmonte. Además del alambrado perimetral, encontraron una casilla, tipo tráiler, con cuchetas y precarias condiciones de trabajo.
Los obreros revelaron que fueron contratados por Enríquez. En cuanto a las condiciones laborales, expresaron que no les fue proporcionada ropa adecuada ni tampoco herramientas, por lo que utilizaban sus propios picos, palas, hachas y machetes.
Tampoco se constató provisión de agua potable segura, ni condiciones de higiene apropiadas. Ante cualquier emergencia, los trabajadores informaron que tenían la orden de comunicarse con Enríquez, para ser trasladados hasta Joaquín V. González.
El contratante, según agregaron, era también el encargado de buscarlos desde la localidad vecina de Las Lajitas para llevarlos a la finca, donde permanecían por 15 días, cuando los iba a buscar para su retorno.
Asimismo, explicaron que el pago acordado por la tarea de desmonte era de 100.000 pesos por quincena, con un descuento de 30.000 pesos en concepto de alimentos, los que eran provisto por el mismo hombre que los trasladaba a la finca.
El fiscal Toranzos formalizó la imputación penal contra el empleador en noviembre de 2024, por trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, delito que prevé una pena de entre 4 y 8 años de prisión.
“Salida superadora”
El fiscal Toranzos resaltó la vía de resolución elegida. “Hubo un gran esfuerzo de todas las partes en buscar una salida superadora, con una reparación del daño muy importante”, sostuvo al explicar cómo se llegó al acuerdo de conciliación.
En cuanto a la reparación del daño, resaltó las prerrogativas dirigidas a verificar las condiciones subjetivas de pago que permita, luego, un acuerdo eficaz. En ese sentido, explicó que Enríquez estaba en condiciones, al punto tal de que el monto señalado en la conciliación, de 15 millones de pesos, distribuidos 1.500.000 pesos para cada uno de los diez trabajadores, ya estaba disponible al momento de la audiencia y fue cancelado inmediatamente después.
Por su parte, el Defensor de Víctimas, Nicolás Escándar, adhirió al acuerdo promovido desde la fiscalía al señalar que se trata de una resolución “superadora” de la salida punitiva, pues se cumplen los dos requisitos básicos de estas herramientas. “Una es que no haya impunidad. Aquí, tenemos un monto a pagar bastante considerable y de cobro inmediato que evita un litigio más prolongado”, explicó.
Por otro lado, dijo que “no se convierte al sistema penal en un sistema de cobro de pesos, lo que se evita a través de una investigación diligente, como la que llevó adelante el MPF junto a esta defensoría y la participación de la defensa del imputado”.
El defensor de Víctimas reconoció el rol de la fiscalía en la persecución penal, pues en caso de avanzar se podría llegar a una condena. No obstante, se cumplió con el principio de objetividad y el ahorro de la violencia estatal, a través del acuerdo arribado.
Por último, dejó en claro que las víctimas fueron informadas en forma detallada de los términos de la conciliación, incluso se labró un acta con cada una en las que quedó expresado su consentimiento.
La defensa del imputado, a cargo de la defensa pública oficial, también adhirió al pedido de homologación del acuerdo, el que destacó por su “razonabilidad” y “proporcionalidad”.
El juez Bavio homologó el acuerdo en los términos presentados. En sus fundamentos, resaltó la gestión de las partes con el fin de conducir la resolución del conflicto a través de la una salida que tuvo en cuenta los requisitos de “armonía” promovidos por el nuevo código procesal.
Fuente de la Información: Página 12
