Imputaron a 8 internos y una mujer por venta de drogas en la cárcel federal de Güemes
20/06/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
“Bajo sus narices, o bien con su complicidad, la droga corre de un extremo a otro del penal”, dijo una de las representantes de la fiscalía. La jueza federal Mariela Giménez puso énfasis en la supuesta connivencia del SPF.
Tras una investigación iniciada hace un año y medio por la fuga de un preso, el ingreso de drogas y el constante secuestro de celulares, la Fiscalía federal de Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, imputó a ocho internos del Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes, y a la mujer de uno de ellos, como integrantes de una organización que comercializaba estupefacientes a gran escala dentro de esa cárcel.
En la audiencia de formalización se les impuso prisión preventiva a todos ellos, se ordenó su traslado a otras unidades y se mencionó la “gravedad institucional” del caso, por la presunta “complicidad” del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
“Lo que está sucediendo en el Complejo Penitenciario Federal NOA III es de una enorme e inusitada gravedad institucional, sin embargo, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal parecen no haberlo notado. Bajo sus narices, o bien con su complicidad, la droga corre de un extremo a otro del penal”, dijo la auxiliar fiscal Roxana Gual, al fundar la imputación de ocho internos.
La audiencia de formalización de la investigación se realizó el jueves pasado ante la jueza federal de Garantías Mariela Giménez, quien coincidió en que se trata de un “caso de mucha gravedad” y puso énfasis en la supuesta “connivencia del Servicio Penitenciario Federal”.
La fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi también intervino en la imputación contra las nueve personas que quedaron imputadas por "comercialización de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por ser cometido en un centro de detención".
La jueza hizo lugar a las imputaciones contra Rubén Ángel Rodríguez, como presunto organizador del delito, y como coautores, Eusebio Juan Antonio Bilaja (quien cumplía prisión domiciliaria), César Eduardo Acosta, Marcelo Javier Fragapane, Ezequiel Maximiliano Toledo, Rodrigo Alejandro Villareal, Miguel Hernán Olmos y Franco Emanuel Chaile, (aunque a este último, aún no se le determinaron vínculos con los otros acusados).
A ellos se le suma Analía Ivana Astigueta, pareja de Rodríguez, quien fue detenida en la ciudad de Orán.
La jueza dictó también la prisión preventiva de todos los imputados y dispuso el traslado a otras unidades carcelarias, ya que la fiscalía pidió que no vuelvan al penal federal de General Güemes, ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
La misma medida fue ordenada respecto a Bilaja, quien cumplía prisión domiciliaria en Orán.
En cuanto a la autorización de medidas probatorias, la jueza dio curso a pericias a cientos de celulares secuestrados y dispuso el levantamiento del secreto bancario de los imputados y el congelamiento de cuentas bancarias de Astigueta y otros internos.
En la audienica Gamba Cremaschi y Gual destacaron que la investigación tuvo como punto de partida la fuga protagonizada el 1° de enero de 2024 por Cristián Ruiz Díaz, un condenado por narcotráfico del conurbano bonaerense. Ruiz Díaz huyó del penal usando un alicate con el que cortó el alambrado perimetral. Luego, con apoyo externo, escapó por la parte posterior, sin que hasta el momento haya podido ser recapturado.
Para la fiscalía, tanto en esa fuga como en la venta de droga dentro de la cárcel y los más de 250 celulares incautados (a lo largo de la investigación) a los internos solo se explican con la “complicidad” no solo de personal sino también de los “jefes” del SPF a cargo de esa unidad.
En el marco de la investigación, el 10 de junio se allanó el penal. Dadas las sospechas de complicidad de personal del SPF, la fiscalía pidió que esta fuerza no participara del operativo y en cambio se desplegaron unos 300 efectivos de Gendarmería Nacional.
Un dron delator
A la par se usó un dron para tomar imágenes aéreas de las ventanas de las celdas, con el fin de poder registrar el momento en que los internos se desprendieron de elementos incriminatorios, como efectivamente sucedió en este caso.
En la audiencia la fiscalía exhibió un video tomado por este dron en el que se observa cómo ante el avance de los gendarmes para la requisa de las celdas, por las ventanas de los calabozos de los pabellones A y B, internos descartaron cinco celulares, equipos que luego fueron incautados. También se ve una nube de polvo blanco en el momento en el que arrojan la droga.
Además, se encontraron 13 tabletas de pastillas, y otros ocho celulares fueron secuestrados en los pabellones B y D. Durante el mismo procedimiento se hallaron envoltorios con vestigios de droga en celdas y en distintos recovecos diseminados en diversas áreas del penal, como la capilla, donde los integrantes de esta organización solían ocultar la droga.
En simultáneo, también se allanó la casa de Astigueta y la de su madre en Orán, porque ya se había determinado que Astigueta era la encargada de proveerse de droga en esa zona fronteriza con Bolivia.
En la casa de Astigueta se secuestraron cinco celulares de diferentes marcas, un pendrive, una cámara de fotos, dos computadoras portátiles, un rifle tipo fusil con mira, una moto, una balanza, 15 troqueles de líneas de celulares, dos libretas con anotaciones y documentación referida a los pagos recibidos por el “negocio” y un vehículo en el que la mujer se movía para llevar la droga al penal.
En la misma ciudad se allanó la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria Bilaja quien, de acuerdo a la investigación, era el encargado de acondicionar la droga para su ingreso al penal, todo ello bajo estrictas instrucciones de Rodríguez, quien le indicaba por teléfono, desde el penal, cómo debía preparar la droga para que pase los controles.
El MPF exhibió un segundo video en el que se ve a los acusados cuando fraccionaban la droga dentro de una celda. En medio de festejos por la cantidad de envoltorios que tenían, entre risas, se refieren a la cocaína y la pasta base como “blanca” y “amarilla” y, en tono de burla, le preguntan al destinatario si iba hacer alguna denuncia.
La fiscalía insistió en que los internos no son los únicos responsables, pues estas conductas no se pudieron haber desplegado sin la connivencia del personal y las autoridades del SPF, aspecto que aún sigue bajo investigación.
Más investigaciones
La fiscalía indicó que, desde el inicio del caso, en febrero del 2024, se hicieron numerosos allanamientos, con más de 250 teléfonos secuestrados, de los cuales más de 100 corresponden a este año, con la reunión de información se abrieron otras 126 investigaciones que están en curso.
En las escuchas quedó plasmado que la droga era “ofertada” entre los pabellones a través de comunicaciones con los celulares ingresados. “El fin de semana fue un éxito”, se escuchó decir a Acosta cuando celebraba las ventas. En otra comunicación, Rodríguez manifestó: “Miren lo que tengo, te hago una promo”, refiriéndose a la droga.
La fiscalía reveló que cada envoltorio de cocaína era vendido en una suma estimada en 10 mil pesos, y que las transferencias de pago que impactaban en la cuenta de la mujer de Rodríguez, oscilaban en sumas de 100 a 200 mil pesos.
Fuente de la Información: Página 12
