Imputan al intendente de Rosario de la Frontera por asociación ilícita y fraude
09/09/2021. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Junto a otros cinco empleados, entre ellos su hermana, quien se desempeña como secretaria de Hacienda del municipio, fueron acusados de integrar una organización delictiva formada con la única intención de defraudar al municipio rosarino.
La investigación, que ahora tiene al actual intendente Gustavo Solís Mónico como principal imputado, se había iniciado en 2019 a partir de la denuncia de personas que se quejaron porque se había utilizado sus identidades para generar la adjudicación de planes sociales, sin que ellos estuvieran al tanto y, mucho menos, hubieran cobrado algo de ese dinero.
Por este hecho, el 30 de mayo de ese año, la fiscalía penal de esa localidad formalizó una imputación contra un funcionario vinculado al intendente. La misma fue el cobro irregular de planes sociales en ese municipio. Ahora, a más de dos años, se amplió la imputación y alcanzó al jefe comunal y otros funcionarios de su gestión.
Entre los nuevos imputados no solo sorprende la acusación al intendente, sino también contra su hermana, Silvia Carolina Solís, quien fue designada por el mismo jefe comunal como la secretaria de Haciendas de ese municipio.
Según la nueva calificación penal de caso, los Solís y otros cuatro empleados y funcionarios municipales, fueron acusados de asociación ilícita en concurso real con los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, en unidad fiscal con su par, la fiscal Mónica Poma, son los que llevan adelante la investigación por supuestas maniobras fraudulentas que se denunciaron en esa ciudad respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno.
Inicialmente, se imputó a Matías Tomás Antonio Iturre, quien se desempeñaba como secretario privado del Intendente de Rosario de la Frontera, como autor de los delitos de fraude a la administración pública en concurso real con falsedad de instrumento público. A partir del relevamiento de testigos y las pericias contables realizadas en torno al caso, los fiscales pudieron cerrar aún más el cerco respecto a las maniobras denunciadas y así poder identificar a otros responsables en el uso de identidades de contribuyentes para usufructuar planes sociales.
De esta manera, la unidad fiscal llegó a nuevos nombres de implicados, por lo que decidió ampliar la acusación. Los fiscales imputaron al intendente, a Matías Tomás Antonio Iturre, Orlando Rubén Cárdenas, José Luis Feres, Silvia Carolina Solís Mónico y Antonia Silvia Acosta como autores de los delitos de asociación ilícita en concurso real con los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público. Los fiscales, en el decreto de imputación, sostuvieron que, de las actuaciones realizadas en materia de investigación, surge con claridad que, tanto el jefe comunal como los otros funcionarios de menor rango, efectuaron maniobras destinadas a desviar fondos públicos destinados a planes sociales. La imputación contra el intendente, cabe recordar, no es la única, pues Solís Mónico ya tiene otras acusaciones penales en su historia, todas por hechos de corrupción y debido a hechos cometidos, según las imputaciones, durante su gestión al frente de la intendencia. En su mayoría, las acusaciones están vinculadas a operaciones con áridos y la supuesta utilización de facturas truchas.
El caso fue develado en la ciudad termal por un periodista local
La investigación penal por el fraude con planes sociales, según lo informado, se inició a partir de un periodista local que detectó la situación. La investigación se inicia a partir de la denuncia de uno de los damnificados, quien dice que tomó conocimiento por parte de un periodista local de que existía registrado a su nombre un plan social, siendo que nunca percibió dichos montos ni beneficio alguno, incluso desconoció las firmas insertas en la documentación.
Luego, al estallar el caso en los medios, el mismo intendente pidió que se investigue el hecho e informó que, desde la Municipalidad se iniciaron las averiguaciones internas tendientes a verificar la veracidad de lo denunciado.
Posteriormente, se sumaron las denuncias de otro damnificado y de su hija, quienes relatan situaciones similares a la del primer damnificado. Así, del trabajo conjunto de ambos fiscales, se dispusieron diversas medidas probatorias, entre las que se cuenta el pedido de informes a las distintas áreas involucradas y el análisis de dicha documentación por peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
De los elementos probatorios recogidos, los fiscales decidieron imputar a Matías Tomás Antonio Iturre, quien se desempeñaba como secretario privado del Intendente de Rosario de la Frontera, al acreditar que durante el periodo 2016-2018, con el fin de procurar para sí un lucro indebido, violó los deberes a su cargo al efectuar maniobras fraudulentas y ardidosas consistentes en presentar copias de documentación personal perteneciente a distintos vecinos de la Comuna de Rosario de la Frontera –sin estar autorizado por éstos para tal fin- a los efectos de solicitar que se les efectúe pago del beneficio del Programa Salta Solidaria – Salta Trabaja, sin que el dinero librado por tal concepto haya sido destinado a los supuestos beneficiarios ni la contraprestación laboral fuera efectuada.
Fuente de la Información: Nuevo Diario