Imputan al exdiputado Estrada por abuso de autoridad y peculado
19/12/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Es una causa derivada de la justicia provincial. Lo acusan de haber usado fondos del Estado Nacional para financiar la creación de videos anónimos en los que se relacionaba al gobierno de Salta con actividades vinculadas al narcotráfico.
La jueza federal de Garantías de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar ayer a la imputación penal requerida por el fiscal Carlos Amad contra el exdiputado nacional por Salta Emiliano Estrada, a quien le atribuyen haber ordenado la creación de videos con “contenidos dudosos” en los que se relacionaba al gobierno provincial con actividades vinculadas al narcotráfico.
La formalización de la investigación penal fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal por los delitos de “abuso de autoridad y peculado de servicios”. La fiscalía sostiene que los videos fueron encargados por el exlegislador a dos asesores que cumplían tareas en el Congreso de la Nación, por lo que se usaron fondos del Estado Nacional.
El 6 de junio pasado, el fiscal Amad había solicitado el desafuero del por entonces diputado nacional, que cumplió su mandato el 10 de diciembre pasado, por lo que ya no es necesario avanzar con el desafuero.
Ayer, con la participación del exlegislador por vía remota, el fiscal relató los hechos, que en su momento fueron investigados por la Fiscalía de Ciberdelincuencia de la justicia salteña. Se trata de una serie de videos difundidos por redes digitales en lo que la fiscalía provincial consideró que configuraba el delito de intimidación pública.
Tras repasar el hecho y el derrotero del caso, el fiscal Amad afirmó que no está en discusión la libertad de opinión ni el discurso político de Estrada, sino el hecho de haber abusado de su autoridad al ordenar la creación de videos con “contenidos dudosos”, en los cuales se deslizaba una supuesta relación del gobierno de Salta con actividades vinculadas al narcotráfico.
En cuanto a la inmunidad legislativa que fue esgrimida por la defensa en varios incidentes y el argumento de que el caso era “una persecución política”, el fiscal explicó que el legislador tiene un “paraguas de inmunidad” siempre y cuando se trate de un discurso en el recinto del Congreso o a través de los medios de comunicación. En este caso, Estrada habría instruido “la creación de esos videos desde la clandestinidad” y el anonimato, agregó.
Por último, afirmó que el exdiputado, como cualquier funcionario, está sujeto a la Ley de Ética Pública. El fiscal solicitó un plazo de investigación de 50 días hábiles y requirió el compromiso de Estrada de no entorpecer la investigación penal y presentarse cada vez que sea convocado.
A su turno, el abogado Jorge Ovejero, a cargo de la defensa de Estrada, hizo un planteo de nulidad cuestionando, entre otros aspectos, las actuaciones realizadas en la justicia provincial.
La jueza rechazó este planteo por entender que derivaba solamente de desacuerdos, sin aportar otros detalles.
Planteos e inhibitorias
Este caso tuvo una primera audiencia en febrero pasado, cuando la causa se radicó en el Juzgado Federal N° 2 de Salta a cargo de Mariela Giménez, a partir de una declaración de incompetencia del juez de Garantías Pablo Zerdán, de la justicia provincial. La imputación surgió de la investigación abierta contra tres personas, dos de ellas asesores del exlegislador nacional.
La jueza Giménez convocó a una audiencia de excepción, en la cual el fiscal Eduardo Villalba instó la radicación de la causa en el fuero federal respecto al entonces diputado.
Posteriormente, en marzo, la fiscalía federal solicitó que la situación de los dos asesores del exdiputado se sume a la investigación penal, mientras que en junio pasado, la jueza convocó a otra audiencia, ya que tanto el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7 de Capital Federal, Sebastián Casanello, como la jueza de Garantías, Claudia Puertas, de la justicia provincial salteña, habían reclamado también la competencia del caso.
En ese momento, la jueza Giménez rechazó estos pedidos de inhibitoria y se quedó al frente del caso. Ante ello, el fiscal general intentó formalizar el caso, pero no lo pudo hacer porque el entonces legislador nacional no se presentó. Su defensa aclaró que no recomendó su asistencia, y la fiscalía solicitó su desafuero, lo que derivó en una apelación, que primero transitó sin éxito ante la Cámara Federal de Apelaciones y luego recayó en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, la que avaló el trámite de desafuero en noviembre pasado.
Ante esto, la defensa recusó a la jueza Giménez, a quien acusó de haber dejado de ser imparcial luego de haber aceptado el pedido de desafuero de su cliente, entre otros argumentos.
Este recurso fue rechazado el 11 de diciembre por el juez de Revisión, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas por considerar que la presentación se hizo de manera extemporánea y porque la decisión de la magistrada no fue sobre el fondo del caso, sino respecto al alcance de la Ley de Fueros.
Fuente de la Información: Página 12
