Hijo del exintendente de Morillo Atta Gerala, condenado por robo de rieles
20/12/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La jueza Mariana Catalano homologó acuerdos de juicio abreviado que condenaron al hijo del exintendente de Morillo, un comerciante y un gendarme, y elevó a juicio al exintendente y a un policía, en la causa por el robo y contrabando de rieles
La jueza Mariana Catalano homologó acuerdos de juicio abreviado que condenaron al hijo del exintendente de Morillo, un comerciante y un gendarme, y elevó a juicio al exintendente y a un policía, en la causa por el robo y contrabando de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas hacia Bolivia, además del pago de coimas.
Los condenados integraban una organización delictiva que operaba, según la investigación del MPF, bajo el amparo político del entonces intendente de Morillo y se dedicaba al robo de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas. Por estos hechos, desarticulados por la Fiscalía a fines de 2024, el ex jefe comunal -destituido tras ser imputado- será juzgado en debate oral y podría enfrentar una pena de hasta 11 años de prisión.
Miguel Gerala, hijo del ex intendente Atta Gerala, fue condenado a 6 años de prisión por contrabando, cohecho activo y robo agravado.
El comerciante David Medina recibió la misma pena y quedó inhabilitado para comerciar 5 años.
El gendarme Jorge Cabrera fue condenado a 2 años en suspenso por cohecho pasivo.
El ex intendente Atta Gerala y el policía Mauro Rodríguez enfrentarán juicio, con expectativas de pena de 11 y 3 años respectivamente.
La investigación comenzó en agosto de 2024 tras una denuncia por envíos sospechosos de neumáticos desde Bolivia.
Luego se descubrió el robo sistemático de rieles en el Chaco salteño, con participación de comunidades originarias y uso de maquinarias y vehículos municipales.
Parte del material fue almacenado en propiedades del ex intendente y luego trasladado ilegalmente a Bolivia.
El fiscal destacó que las pruebas incluyen mensajes telefónicos, videos, testimonios y allanamientos, y subrayó que los delitos se cometieron aprovechando la influencia política del ex intendente, destituido el 20 de noviembre de 2024.
Villalba destacó que los integrantes de las comunidades originarias reconocieron haber sido contratados por el hijo del intendente, quien les pagaba sumas de 10 mil pesos por la extracción de los rieles.
Estas tareas se realizaban en distintos horarios, incluso durante la noche, utilizando grupos electrógenos.
Como evidencia, Villalba dijo que hubo mensajes extraídos de teléfonos celulares y un video filmado por el propio Miguel Gerala, en el que se observa a una cuadrilla de personas trasladándose en una camioneta tras la extracción de rieles, material que luego era ofrecido al comerciante.
Según la imputación, la cobertura para la comisión de los robos era brindada por el oficial ayudante Rodríguez, quien se encargaba de “liberar la zona” para evitar controles mientras se realizaban las extracciones, una tarea que demandaba tiempo y logística.
Reconocimiento a la policía
En ese sentido, el fiscal recordó un procedimiento realizado por personal policial del paraje Padre Lozano, en el que fue detenido un camión cargado con rieles. Al ser consultado por el origen y destino de la carga, el chofer manifestó de inmediato que había sido contratado por Atta Gerala.
También se estableció que parte del material robado era resguardado en predios municipales e incluso en el domicilio particular del entonces intendente, donde se secuestraron 15 rieles valuados en aproximadamente 19 millones de pesos, durante los allanamientos realizados en noviembre de 2024.
El circuito delictivo se completaba con el traslado del material a Bolivia a través de una finca privada cuyo fondo colinda con el país vecino.
En esta etapa final se comprobó la participación de Cabrera, quien se encargaba de “limpiar la ruta” para permitir el paso de los camiones con el material robado sin inconvenientes.
Inicio de la causa
Todo se inició el 23 de agosto de 2024 a partir de una denuncia presentada por personal del Correo Argentino, que reportó como sospechoso el envío, mediante encomiendas, de más de 480 cubiertas comercializadas por Medina, quien desarrollaba su actividad en la ciudad de Orán.
Uno de los elementos que despertó mayor atención fue que el comerciante registraba antecedentes por el delito de encubrimiento de contrabando, lo que llevó a focalizar las primeras medidas investigativas en sus movimientos.
A partir de escuchas telefónicas y tareas de campo, se estableció que ingresaba ilegalmente neumáticos provenientes de Bolivia, los cuales luego comercializaba en Argentina, además de llevar materiales ferrosos a aquel país.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
