Hija de una víctima de terrorismo estatal denunció a su madre por estafa
12/04/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Una de las hijas del exdiputado provincial Pablo Eliseo Outes, asesinado en la Masacre de Palomitas, acusó penalmente a la escribana María Elena Jiménez de aprovecharse de su vulnerabilidad y quedarse con bienes de la sucesión de su padre
Una de las hijas del exdiputado provincial Pablo Eliseo Outes, detenido político asesinado en la Masacre de Palomitas en 1976, acusó penalmente a la escribana María Elena Jiménez de aprovecharse de su vulnerabilidad para quedarse con bienes de la sucesión de su padre, de quien la denunciada estaba separada legalmente al momento de su fallecimiento. "Se aprovechó de mi estado de vulnerabilidad"
En el verano de lluvia en Salta, Soledad Outes aterrizó en su tierra natal, procedente de Madrid, donde reside, con un objetivo que concretó el 20 de marzo: denunciar penalmente a su madre, la escribana María Elena Jiménez, por estafa, abuso de confianza, retención indebida y administración fraudulenta.
Fue el resultado de un largo proceso, que se remonta a los años de la última dictadura cívico militar, cuando su padre, el ex diputado provincial Pablo Eliseo Outes, fue asesinado por el terrorismo estatal.
Soledad es parte de una familia reconocida en Salta. Es hermana del diputado nacional Pablo Ismael Outes. Su madre, a quien denuncia, es la cabeza de la organización civil Red Solidaria de Ciudadanos en Defensa de sus Derechos (Red Sol).
Su padre, Pablo Eliseo Outes, era un militante político destacado, había sido detenido en noviembre de 1974. Tras un breve exilio en Venezuela, regresó al país y, sabiéndose buscado, se entregó el 2 de noviembre de 1975. Fue a la Policía Federal acompañado por un amigo de la familia, el entonces juez federal Ricardo “Dicky” Lona, que en realidad era parte del engranaje de terror. Outes fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y estuvo en distintas cárceles del país hasta que lo trajeron al penal de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta. De ahí lo sacaron el 6 de julio de 1976 para asesinarlo, junto a otras diez personas, en la Masacre de Palomitas.
Para entonces hacía ya años que Pablo Outes estaba separado de María Elena Jiménez, con quien habían tenido dos hijas y un hijo. Soledad, la mayor, tenía unos 17 años, su hermana, 15, y Pablo, el menor, unos ocho años. Soledad y su hermana Rosario vivían con su padre, y Pablo hijo, con su madre, que se mudado a San Miguel de Tucumán.
Recién un mes después del fusilamiento, la familia de Pablo Outes recibió su cuerpo, en un ataúd cerrado, con órdenes de no abrirlo.
Tiempo después Soledad y su hermana emigraron a España, donde ya se encontraba residiendo su madre, con Pablo hijo y su segundo marido, César Rolando Fortuny.
Pero poco tiempo después su madre se separó de Fortuny y regresó al país, dejando a sus hijas y el pequeño hijo junto a su expareja. Otro tiempo después Jiménez mandó a buscar al hijo varón, pero dejó en Madrid a las hermanas, que debieron arreglarse por su cuenta para sobrevivir.
Esto es parte de lo que se cuenta en la denuncia penal presentada por Soledad contra su madre con la representación del abogado Pedro Arancibia. La acusa de “estafa por abuso de confianza y otras defraudaciones”, “retención indebida y administración fraudulenta”.
Cuando se inició el juicio sucesorio por la muerte de Pablo Eliseo Outes, las hermanas, que seguían viviendo en Europa, designaron a su madre como apoderada legal y administradora de la sucesión. En la denuncia Soledad relató que recién por 2019 supo que en el expediente sucesorio “se habían producido actos jurídicos, disposiciones y administraciones patrimoniales” que le generaron “perjuicios económico comprobables”.
Sostuvo que “durante todos estos años” fue “víctima del engaño, el abuso, la infidelidad” y que su madre se aprovechó de su “vulnerabilidad, lejanía e inexperiencia sobre asuntos jurídicos y notariales”.
Entonces Soledad revocó el mandato de apoderada a su madre, conferido el 29 de octubre de 1980 “a los fines de que María Elena Jiménez pudiera administrar y/o hipotecar la vivienda familiar ubicada en calle Deán Funes N° 565 y administre; hipoteque o venda el inmueble rural referido (una finca de propiedad de Pablo Eliseo Outes)”. Jiménez continúa como administradora de la sucesión.
La Finca Lagunita
El 23 de noviembre de 1982, Jiménez vendió la Finca Lagunita o Madeta, ubicada en San José de Orquera, en el departamento Metán, que era de propiedad de Pablo Eliseo Outes, quien la había adquirido cuando ya estaba divorciado legalmente de la escribana, como se aclara en la escritura de compraventa suscripta el 12 de noviembre de 1974. “Separado judicialmente desde hacen más de dos años sin voluntad de unirse”, dice la escritura.
La escritura de compra de Finca Lagunita (Gentileza)
En la denuncia Soledad Outes afirmó que su madre vendió esta finca “por derecho propio y por la representación por mandato”. Sin embargo, “nunca recibí ni un centavo, nunca se me entregó ni los valores correspondientes a mi cuota hereditaria, ni explicaciones”, aseguró.
Tampoco recibió una “debida rendición de cuentas que corresponde como obligación contractual de un mandato”, ratificó. “(Jiménez) nunca me informó ni me rindió el tiempo, lugar y modo de la liquidación del bien, por lo que cobró un importe o monto seguramente millonario, que también desconozco, y durante todos estos años lo dispuso y disfrutó como propio, en su exclusivo beneficio”, agregó.
Soledad Outes también responsabiliza penalmente a su madre porque entiende que fue perjudicada por la larga disputa que mantuvo con Sara Ricardone, la compañera de Pablo Eliseo Outes por lo menos desde 1974. María Elena Jiménez siempre sostuvo que seguía casada con el exdiputado y se opuso a que Ricardone heredara a Pablo Outes.
Sin embargo, el 16 de julio de 1975, Jiménez se había casado con César Fortuny en Bolivia, en la ciudad de Yacuiba, el 16 de julio de 1975, según el certificado de matrimonio 128425, en el que se hizo constar que la escribana tenía el estado civil de “soltera”.
Abuso de confianza
Soledad Outes también denunció a su madre en relación a la imposibilidad del cobro de la indemnización del Estado argentino, dispuesta por la Ley 24.411. Hubo un “uso abusivo, desmedido, de mala fe por parte de la denunciada, de las facultades otorgadas por mí en el poder para intervenir en el expediente sucesorio y en peticiones que inclusive luego de conocidas, iban en contra de mi voluntad”, lo que “generó un conflicto innecesario y nunca consentido” con Sara Ricardone, aseguró.
Afirmó que debido a esta disputa, “personal y caprichosa” de Jiménez con Ricardone (ya fallecida, aunque su hijo Gustavo Esnal sigue la demanda), “generó que ya pasaran 49 años y no se concretara el cobro de las indemnizaciones para ninguno de los hijos de las personas desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado”.
El certificado de matrimonio de Jiménez y Fortuny (Gentileza )
Soledad Outes recordó que Jiménez “tiene una vasta experiencia como escribana pública en el ámbito local, con lo cual, conocía perfectamente los términos” en los que le solicitó cuando ella tenía unos 21 años, el poder para “administración y disposición del inmueble y demás asuntos económicos y trámites judiciales y administrativos”.
Para Soledad, esto afirma el dolo directo de su madre, y “por otra parte, indica claramente cómo se aprovechó de mi estado de vulnerabilidad, en razón de mi condición de hija, de la distancia, porque junto a mi hermana vivíamos en Madrid, y de la falta de conocimientos legales”.
Soledad Outes denunció que Jiménez la indujo o convenció para que le confíe la “disposición de bienes que conforman el acervo hereditario”. Y luego no rindió lo producido de esa disposición, y tampoco se justificó esta omisión en el expediente judicial.
“El perjuicio económico resulta evidente”, afirmó, y se reservó el derecho de ampliar esta denuncia “en la cuantificación de los daños y perjuicios, al momento en que se elabore la tasación del inmueble vendido, nunca rendido a mi parte en el porcentaje por mi legítima proporción hereditaria con más los daños y perjuicios por todo el tiempo en que la Sra. Jiménez disfrutó de la disposición”.
Soledad Outes sostuvo además que María Elena Jiménez incurrió en “infidelidad en administración y gestión de patrimonio ajeno” originado en la “violación de un contrato de mandato” mediante el que le encomendó “la misión de manejar o cuidar mis bienes e intereses”.
Fuente de la Información: Página 12
