Funcionario de Jujuy demandó por daño moral a una abogada de consumidores
09/02/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Usuarios de servicios públicos convocan a acompañar a la abogada Claudia González, que enfrentará una audiencia por una acusación del secretario de Energía, Mario Pizarro, quien pretende una indemnización por “daño moral”
Por Mariana Mamaní
La Red de Mujeres Políticas alertó sobre "mecanismos de amedrentamiento"
El secretario de Energía de la provincia, Mario Pizarro, acusa a la abogada Claudia González, referente de Proconsumer (Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur.) por “daño moral” porque en una entrevista televisiva cuestionó el rol del funcionario como parte del directorio de la EJESA (empresa jujeña de Distribución de Energía Eléctrica) en medio de una ola de tarifazos.
La audiencia de inicio del proceso civil será hoy, en la sala II de la Cámara Civil. La acción judicial es leída como un intento de dirigentes del radicalismo para disciplinar a la sociedad jujeña a través de causas penales o civiles.
En Jujuy hay otras personas que están siendo perseguidas por sus expresiones públicas. Nahuel Morandini y Roque Villegas estuvieron presos por un tuit referido a la vida privada del exgobernador Gerardo Morales y aunque finalmente fueron liberados, la causa penal en su contra sigue y está ahora en proceso a elevación a juicio.
Asimismo, el mismo Morales y su hijo Gastón Morales denunciaron al abogado Juan Giusti por “daños y perjuicios” por cuestionar la falta de información de la empresa Cannava SE. Gastón Morales presidía esta empresa estatal. La denuncia fue desestimada por la justicia.
De los dos lados del mostrador
En su demanda por daño Pizarro alude “daño moral” supuestamente originado por las declaraciones de la abogada de la asociación de consumidores que en reiteradas oportunidades judicializó las subas tarifarias por arbitrarias, abusivas y realizadas sin audiencia pública previa.
Claudia González explicó el caso: “Es un juicio por daño y perjuicios presuntos que dice haber sufrido el escribano Mario Pizarro por un comentario en una nota periodística, donde lo que digo esencialmente es verdad y es que el escribano estaba como representante del gobierno de la provincia en el directorio de EJESA (a la vez que es secretario de Energía). Eso fue lo que yo dije, yo no mentí”, aclaró.
En esa dirección, la abogada expuso: “hablé desde mi rol de asesora y defensora de usuarios y consumidores, invitada a un programa periodístico, hablé de la función pública, hablé del desempeño o mal desempeño de Mario Pizarro como secretario de Energía de la provincia, cargo en el que sigue estando”. “Hay mucha, mucha jurisprudencia de distintos tribunales del país y de la Corte Suprema que nos establecen la obligación de los ciudadanos de rendir cuenta de sus actos y la imposibilidad de que alguien hablando y expresando una opinión sobre la función pública que desempeña una persona pueda causarle daño y perjuicio”, sostuvo.
“Yo no le causé daño, no le causé perjuicio, pero bueno, hay que defenderse y yo el lunes me voy a defender”, sostuvo González.
Apoyo a la defensora de usuarios
Usuarios y usuarias convocan a acompañar a la abogada en Tribunales, a las 8.30, bajo la consigna “Basta de persecución y hostigamiento”, en defensa de la libertad de expresión y de usuarios consumidores de servicios públicos.
La convocatoria es para repudiar el juicio, ya que el acceso a la información es un derecho “no podemos permitir que se persiga a una abogada por ejercer su rol en un organismo de defensa de consumidores, por decir la verdad”, afirmaron en la convocatoria.
“Estaremos presentes porque sobre nosotros usuarios y consumidores caerán los tarifazos de los cuales no tenemos información alguna”, añadieron.
En ese mismo sentido la Red de Mujeres Políticas también acompañó a González. “Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a este tipo de acciones judiciales, que pueden constituir mecanismos de amedrentamiento, intimidación o silenciamiento, especialmente cuando se dirigen contra mujeres profesionales que ejercen su derecho a la libre expresión, a la defensa de derechos y a la participación activa en el debate público", aseguró.
Además, resaltó la asimetría de poder existente cuando quien impulsa este tipo de denuncias reviste carácter de funcionario público, circunstancia que exige un estándar más amplio de tolerancia a la crítica, conforme a los principios democráticos, constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos por el estado Argentino en materia de derechos humanos.
“La utilización de figuras penales o civiles para cuestionar la palabra de mujeres que intervienen en asuntos de interés público afecta el pleno ejercicio de derechos fundamentales entre ellos la libertad de expresión, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia, y se inscribe en prácticas que históricamente han buscado desalentar la participación de las mujeres en espacios de decisión y opinión”
Fuente de la Información: Página 12
