Finca Karina: un contrabando que va más allá de 11 imputados
15/12/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
En Aguas Blancas operó durante años una estructura delictiva, con dos bandas que se alternaban por días, un negocio millonario y un Estado (nacional, provincial y municipal) que hizo la vista gorda.
El caso Finca Karina expone un problema más profundo que el de once personas imputadas por contrabando agravado. La investigación federal dejó al descubierto una prolongada carencia de control por parte de organismos del Estado nacional, provincial y municipal, en una de las zonas más sensibles del país: la zona de seguridad de frontera. Esa ausencia de actuación fue el contexto que permitió que, durante años, funcionara en Aguas Blancas una verdadera aduana paralela, con logística, recaudación diaria millonaria y una organización criminal estable. El Tribuno desde hace años viene denunciando la actividad ilegal en la frontera.
La advertencia surge del propio expediente y fue planteada por fuentes judiciales: el fenómeno excede el abordaje penal clásico. El juicio se concentrará en la conducta de los once imputados, pero la estructura que operó en Finca Karina solo pudo consolidarse por déficits sistemáticos de control estatal, no por una maniobra aislada ni improvisada en la frontera con Bolivia.
La investigación formal comenzó el 26 de mayo, aunque las tareas de inteligencia y verificación de datos se remontan a semanas previas. El predio conocido como Finca Karina, integrado por dos inmuebles colindantes al río Bermejo, aprovechaba una ventaja geográfica determinante: el cauce del río marca materialmente el límite internacional entre Argentina y Bolivia. Desde la margen boliviana, gomones cruzaban mercadería hacia el predio, donde existía una playa preparada para el desembarco, caminos internos y puntos de control. Desde allí, la carga era redistribuida hacia el interior del país a través de conexiones directas con la ruta nacional 50.
El circuito ilegal incluyó productos de consumo masivo, sanitarios, materiales de corralón, chatarra, rieles ferroviarios saqueados en el Chaco salteño, vehículos robados que regresaban a Bolivia y, según la acusación fiscal, también estupefacientes. Todo esto ocurría en un predio ubicado en plena zona de seguridad fronteriza, bajo un esquema que, por ley, debería haber tenido controles reforzados.
Las audiencias ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, con intervención de los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, confirmaron que no se trataba de una economía informal marginal. La Fiscalía acreditó la existencia de una asociación ilícita, con división de roles, jerarquías, subordinaciones, logística y una duración prolongada en el tiempo
Pero uno de los aspectos más delicados del expediente es el registral e institucional. La investigación reveló que uno de los predios —la matrícula 10.383, de 18 hectáreas— figura a nombre de Gladis Gloria Salazar, técnica farmacéutica del Hospital San Vicente de Paúl de Orán, quien adquirió el inmueble a su hermano Alfredo Salazar en febrero último por 20 millones de pesos. La escritura consigna que no se recabó autorización especial para zona de frontera, una observación que, por sí sola, expone graves anomalías administrativas en un área regida por legislación específica de seguridad nacional. El juez French en una de las audiencias calificó de insólito que un terreno tenga titularidad privada ahí.
Fuentes del caso insisten en un concepto clave: carencia de actividad estatal. La naturalización del contrabando como "trabajo de frontera", sumada a la falta de controles efectivos de organismos con competencia aduanera, territorial y municipal, creó las condiciones para que la estructura criminal se consolidara y operara durante años.
Fuente de la Información: El Tribuno
