Finca Karina, la puerta del contrabando en la frontera que movía millones

17/12/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

La investigación judicial conocida como Finca Karina permitió reconstruir con precisión el funcionamiento de una compleja estructura de contrabando que operó durante años en la localidad fronteriza de Aguas Blancas.

Lejos de tratarse de un accionar aislado, la causa expuso un sistema organizado y sostenido en el tiempo, administrado por dos bandas que se turnaban el control del predio día por medio para garantizar la continuidad del circuito ilegal y una recaudación millonaria.

Según surge del expediente, la operatoria estaba diseñada para asegurar presencia permanente y evitar interrupciones. Un día actuaba el grupo encabezado por Luis Segundo Suárez, actualmente detenido, quien mantenía vínculos directos con Gladis Salazar, titular registral de uno de los inmuebles donde funcionaba la maniobra, y con su hermano Alfredo Salazar, señalado como uno de los principales coordinadores de la organización desde Bolivia y que permanece prófugo. En los días siguientes, el control del predio pasaba a manos de la familia Cardozo, que además de supervisar las actividades ilegales, residía dentro de la finca.

Esta alternancia diaria permitía mantener el control de los accesos, organizar la carga y descarga de mercadería, administrar la recaudación y sostener un flujo constante de contrabando sin sobresaltos.

De acuerdo con los investigadores, el esquema funcionaba como una verdadera aduana paralela, con reglas claras, cobros establecidos y una logística aceitada.

El circuito económico ilegal fue precisado a partir de informes técnicos elaborados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Aduanas. Cada vehículo que ingresaba a Finca Karina debía abonar 2.000 pesos, a lo que se sumaban 1.000 pesos adicionales por cada bulto cargado o descargado en los gomones que cruzaban el río. El movimiento era intenso: se estimó un tránsito diario de alrededor de 300 vehículos, cada uno con un promedio de diez bultos.

Con esos números, los ingresos diarios superaban los 3,7 millones de pesos. Proyectado en términos anuales, el volumen económico del contrabando rondaba los 3.000 millones de pesos.

El desmantelamiento del circuito se produjo tras un megaoperativo realizado en agosto, que contó con la participación de más de 170 efectivos de distintos organismos: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, Policía de la Provincia de Salta, Aduanas y ARCA. Como resultado de ese despliegue, se ordenó la clausura del predio, que desde entonces permanece bajo custodia permanente de las fuerzas de seguridad.

En ese contexto, el fiscal federal de Orán, Marcos Romero, formalizó la acusación contra once personas por los delitos de contrabando agravado y asociación ilícita. La causa avanzó luego a instancias de revisión, donde la Cámara Federal redefinió la situación procesal de varios imputados.

Actualmente, Luis Segundo Suárez continúa detenido en el Servicio Penitenciario Federal. Gladis Salazar cumple arresto domiciliario, condicionado a la colocación de una tobillera electrónica. En la misma situación se encuentra Pedro Rivero. El resto de los imputados permanece en libertad.

Además, la causa mantiene a cuatro personas prófugas, declaradas en rebeldía, sobre quienes pesan órdenes de captura vigentes. La investigación dejó al descubierto la ausencia de control estatal en una zona estratégica.

Fuente de la Información: Nuevo Diario