Familiares de los brigadistas suman críticas a López Viñals
31/05/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Exintegrantes de la Comisión de Familiares contra la Impunidad consideran que representa la perpetuación de una Justicia cómplice y alejada de las víctimas.
El regreso de Pablo López Viñals como juez de la Corte de Justicia de Salta, tras la "aprobación exprés" de su pliego en el Senado provincial, desató la indignación de miembros de la Comisión de Familiares contra la Impunidad. El magistrado, que estará en el cargo hasta 2035, recibió duras críticas por parte de familiares de víctimas de causas emblemáticas sin resolver o con serias deficiencias judiciales.
Una de las voces más críticas fue la de Omar Leonardo Valdez, papá de Mauricio Valdez, uno de los cuatro brigadistas que murieron calcinados en el cerro El Acheral, de Guachipas, en octubre de 2014 . "Es una locura que este señor, que lleva la corrupción por delante, vuelva a ser juez de la Corte. El gobernador, los diputados y los senadores deberían dejar de poner a esta clase de gente, o es que les conviene que sigan estas lacras", sentenció.
La tragedia de los brigadistas que murieron al intentar apagar el fuego en unos cerros despoblados del sur de de la provincia que eran utilizados para el pastaje de ganado, fue un hecho que marcó a fondo la tarea de la investigación de los fiscales. En aquel momento, como se acostumbraba en el ámbito de las fiscalías a cargo de Pablo López Viñals, el fiscal Gabriel Portal decidió en tiempo récord "archivar la causa", pese a la gravedad del caso con las cuatro trágicas muertes y la sospecha sobre la intervención política en la orden dada a los brigadistas para que fuesen a controlar un incendio en una zona totalmente despoblada.
Pocos meses después del aberrante archivo de esa causa y ante la evidencia abrumadora, el propio jefe de fiscales, el procurador Pablo López Viñals, quien inicialmente había dado el visto bueno para el archivo de las actuaciones, se vio obligado a reabrir el caso y a nombrar otro fiscal. Designó entonces a Romero Nayar, fiscal penal 1, y Mónica Poma, de Delitos Económicos Complejos, al frente de la investigación.
Las nuevas fiscales señalaron que "como resultado de las distintas diligencias realizadas se logró incorporar a la causa suficiente constancia y documentación relacionada a la situación laboral, funciones y atribuciones de las personas fallecidas".
Más allá de eso y de leves condenas posteriores, la responsabilidad política sobre la terrible tragedia, nunca quedó esclarecida.
Otra de las voces contra la renovación de López Viñals en la Corte, fue la de Mónica Nazer, madre de Ismael Sokolosky, un joven motociclista de 22 años, quien murió en un siniestro vial sobre avenida Tavella en agosto de 2019. "Está mal que quieran perpetuarse en la Justicia. No me parece que los jueces sigan quedándose en lugares que no les corresponden", expresó Nazer, quien durante años formó parte activa de la Comisión de Familiares contra la Impunidad.
La designación fue aprobada con rapidez en el Senado y solo el legislador de Cachi, Walter Wayar, votó en contra. En su exposición, recordó que la reforma constitucional de 2021 fijó un límite de diez años para los jueces de la Corte, sin posibilidad de reelección, norma que López Viñals pasó por alto pese a haber firmado otras acordadas que sí aplican la reforma a magistrados de menor rango.
Los discursos de los senadores oficialistas evitaron mencionar el rechazo del Colegio de Abogados de Salta y de la FACA, y se enfocaron en resaltar las supuestas transformaciones que el juez promueve desde la Corte. También citaron las más de 2.000 adhesiones que recibió en el proceso participativo impulsado por el Ministerio de Seguridad, aunque se evitó profundizar en los cuestionamientos públicos y mediáticos que marcaron este nuevo nombramiento.
Un punto especialmente polémico es la doble vara institucional: López Viñals fue firmante de una acordada que dio vigencia al límite de 70 años para jueces camaristas e inferiores, tal como establece la reforma constitucional, pero no aplicó el mismo criterio para sí mismo, pese a que la misma reforma limita a diez años el mandato de los jueces de Corte, sin posibilidad de reelección. El magistrado ya cumplió un mandato de seis años.
El regreso de López Viñals, sin lugar a dudas, reabre viejas heridas y alimenta la desconfianza en un sistema judicial que, según manifestaron desde hace años las víctimas y sus familias, no los escucha y continúa operando de espaldas a la ciudadanía.
Críticas ignoradas
La aprobación del pliego de Pablo López Viñals en el Senado se realizó a toda velocidad y sin considerar las objeciones planteadas por importantes sectores. El Colegio de Abogados de Salta y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) manifestaron su rechazo. Antes el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (Focis) también había objetado seriamente el pliego. Sin embargo, los senadores oficialistas centraron sus discursos en resaltar los supuestos avances impulsados desde la Corte, obviando los pedidos de transparencia y justicia planteados por víctimas, familiares y organismos.
Esta actitud profundiza la sensación de impunidad que manifiestan las familias afectadas por casos sin resolver. Pese a esto, el Senado avaló la designación en una sesión especial donde solo un legislador votó en contra. La rapidez en el tratamiento evidencia la prioridad política en la Justicia.
Fuente de la Información: El Tribuno
