Familiares de acusados por una muerte bajo custodia policial denuncian arbitrariedades

31/01/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

La madre de uno de los detenidos sostuvo que hubo traslados arbitrarios, afirmó que no tienen defensa y que estaban alojados en condiciones inhumanas en la comisaría de Joaquín V. González.

La madre de uno de los siete jóvenes detenidos que ahora están involucrados en la muerte de otro detenido en la comisaría de Joaquín V. González denunció traslados arbitrarios, incomunicación, condiciones de detención inhumanas, falta de información judicial e irregularidades en la defensa. Las audiencias de imputación están previstas para este sábado. El viernes se hizo el control de legalidad.

Según su testimonio, el miércoles último, 28 de enero, por la noche, cuando los detenidos que estaban en la Comisaría 1° fueron trasladados a distintas dependencias, los familiares atravesaron jornadas de extrema incertidumbre, siguiendo móviles policiales sin saber a dónde eran llevados ni en qué condiciones.

De acuerdo a su relato, los jóvenes permanecen incomunicados desde el miércoles por la noche.

“A nosotros no nos dicen nada, no nos dejan entrar, no nos dejan hablar, no nos dejan nada. Nada, ni en la fiscalía”, expresó. “Desde el día miércoles a la noche. No nos querían recibir la comida, nada”, agregó.

El Ministerio Público Fiscal de Salta señala a estos jóvenes como responsables de la muerte, el 28 de enero, de José Antonio “Niti” Cuellar, de 52 años de edad, quien había sido detenido acusado de abuso sexual en perjuicio de una niña. Las circunstancias de su deceso no están claras todavía. Se sabe que aún estando en libertad el hombre fue agredido por parientes de la niña y, según un testimonio, fue golpeado también al ser detenido. Luego fue alojado en una celda de la Comisaría 1° de González, de donde rato después lo sacaron ya en mal estado y falleció en el hospital.

Ese mismo día, por la noche, comenzaron los traslados. Según explicó la madre, algunos detenidos fueron llevados a la dependencia policial de General Pizarro, mientras que otros fueron derivados a localidades sin que existiera información oficial para los familiares.

Recién este viernes, su hijo junto a otros detenidos fueron trasladados nuevamente a Joaquín V. González para la audiencia de control de legalidad del nuevo proceso en su contra. Desde allí los llevaron al hospital local para una revisión médica y luego a la Brigada de Investigaciones.

“Acá en la Brigada nos han tratado bien”, aclaró la madre, aunque precisó que solo permanecieron allí de manera transitoria, a la espera de una orden judicial. En la tarde, los jóvenes fueron trasladados por tandas al Juzgado de Garantías.

La madre sostuvo que ninguno de los siete jóvenes cuenta con abogado particular porque no pueden afrontar los honorarios. Si bien se presentó un abogado de Metán, “Lo primero que hizo fue decir cuánto nos quería cobrar. Yo no tengo para alimentarme, estoy sin trabajo”, dijo.

El defensor oficial penal es Juan Salinas Odorisio, pero se encuentra de licencia y su reemplazante es el defensor civil Virgilio Varela.

“Varela nos dijo que son implicados, que ellos siete han sido. Pero (eran) 31 detenidos en una celda de 4x4. ¿Puede ser que hayan sido ellos y los otros todos santitos?”, cuestionó la mujer. Dijo que logró preguntarle a su hijo mientras lo llevaban los policías y él negó haber participado de estos hechos.

“¿Sabe qué nos dijo Varela? Que los policías son dueños, que ellos tienen derecho de maltratarnos a nosotros los familiares que queremos saber algo. ¿Cómo nos van a faltar respeto? Nos dijo ‘si ellos les dicen rajen de acá, ustedes tienen que salir’”, se quejó.

Señaló que los siete imputados son jóvenes con problemas de adicciones. “Habiendo 31 detenidos, ¿por qué son los siete chicos más adictos los imputados?”, cuestionó.

En el caso de su hijo, explicó que estaba detenido por un presunto robo, desde hacía 15 días, y que debía recuperar la libertad ese mismo miércoles. “Mi hijo tenía que salir hasta las dos de la tarde y nunca me supieron decir por qué quedó detenido más tiempo”, afirmó.

Agregó que hasta el momento no se les informó con precisión cuál es la imputación. “Dicen que están imputados en la causa de la muerte, pero no nos explicaron si es homicidio o qué carácter tiene la acusación”, señaló.

Uno de los puntos más graves que denunció fue el tiempo que el detenido permaneció en el calabozo el miércoles después de haber pasado por la fiscalía y el control de legalidad. “Cuarenta minutitos antes que el señor falleciera, estuvo en la celda. Cuarenta minutos nada más”, dijo.

También cuestionó que nadie haya advertido que Cuellar estaba siendo golpeado, pese a la presencia policial. “Están los policías que los cuidan, están ahí, se escucha todo. ¿No van a sentir algo?”, planteó.

Además, reclamó explicaciones sobre las horas previas a la muerte, que, según dijo, nunca fueron aclaradas.

“¿Por qué nadie nos puede explicar dónde lo tuvieron (a Cuellar desde que fue detenido en la noche del) martes, hasta esa hora (del miércoles) que el señor falleció?”, preguntó.

La mujer también denunció condiciones de detención inhumanas. Indicó que 31 detenidos compartían la misma celda “de cuatro por cuatro”, y aseguró que cuando se produjeron los traslados de los ahora implicados: “Los han sacado perdidos, re drogados”.

Asimismo, dijo que tuvo conocimiento de que hubo un secuestro de un kilo de drogas dentro del calabozo. “A mí no me dijeron qué tipo de droga era”, sostuvo. Cuestionó cómo es posible el ingreso de estupefacientes y celulares cuando los familiares son sometidos a controles estrictos cuando acuden a las visitas o ingresan alimentos. Incluso denunció que, pese al extremo calor, en días anteriores no les habían permitido ingresar agua fría ni hielo, con el argumento de que podrían introducir sustancias.

Por otro lado, planteó que los familiares tienen problemas para enviar la comida a los detenidos que fueron trasladados, por la distancia. En algunos casos indicó que familiares dejaron los alimentos en la comisaría de J. V. González pero en las otras localidades a los internos les entregaron otra comida y en mal estado. En su caso dijo que tuvo que comprar a un local para que se la lleven a la dependencia policial pero refirió que no tiene dinero para manejarse de esta forma.

También denunció maltratos reiterados por parte de efectivos policiales, especialmente de Infantería, que “siempre hizo lo que quiso”, afirmó, y relató episodios ocurridos incluso en su propia vivienda.

Finalmente, cuestionó que los nombres de los policías que estuvieron en las guardias no hayan sido difundidos.

“Dicen que hay cuatro policías, que les sacaron las placas y las armas, pero los nombres que salieron fueron los de los chicos. ¿Por qué los de ellos no?”, cuestionó.

La mujer solicitó que intervengan organismos de derechos humanos. Expresó que como familiares no tienen a dónde acudir.

Fuente de la Información: Página 12