Escándalo en El Carril: investigan desmanejo de fondos del “Carrileñazo” y sospechas en la Agrupación de Gauchos
03/05/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La IGPJ detectó 7 años sin balances, una pérdida de $71 millones y deudas que superan los $174 millones. La Agrupación de Gauchos, en la mira.
Una resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) pone al descubierto un alarmante desmanejo financiero: deudas millonarias, balances desaparecidos desde 2018 y la sombra del festival "El Carrileñazo" bajo la lupa oficial.
Lo que durante años fueron rumores en los pasillos de la institución y reclamos aislados de socios, hoy tiene nombre y apellido en un documento oficial. La Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) emitió una resolución que desnuda el "caos administrativo" en el que se encuentra sumergida la Agrupación Tradicionalista de Gauchos "Coronel Luis Burela" de El Carril.
El documento de la IGPJ no solo confirma las irregularidades, sino que establece un ultimátum que vence este próximo 13 de mayo, fecha en la que un comisión normalizadora, designada para revisar los activos, deberá responder por un patrimonio que hoy parece estar en el aire.
El dato que más impacto causa en la comunidad es la falta de rendición de cuentas. Según el informe oficial, la institución mantuvo sus estados contables sin presentar ni regularizar desde el año 2018 hasta el 2025. Esta situación de acefalía administrativa permitió que se manejaran fondos y se realizaran eventos masivos sin ningún tipo de control estatal ni social.
Al analizar los balances finalmente presentados para el ejercicio 2025, los auditores se encontraron con una realidad económica asfixiante. Déficit del ejercicio con una pérdida superior a los $71.644.834. Esta deuda explosiva se refiere a un pasivo corriente (deudas a corto plazo de un año) sufrió un incremento injustificado, pasando de $23 millones a más de $115 millones en un solo año.
Acreedores bajo sospecha
La inspección exige aclarar deudas con particulares que superan los $174 millones, de las cuales no existe documentación que respalde su origen ni la forma en que se pretenden cancelar. Uno de los puntos más sensibles para los vecinos de El Carril es el manejo de los fondos generados por el festival de folclore "El Carrileñazo", así como los bailes populares y alquileres de la sede. Recordemos que el festival fue concesionado por el Municipio de El Carril para que lo organice esta institución.
El acta que certifica los miembros de la agrupación que adeuda los balances.
La resolución de la IGPJ es tajante al señalar que “no hay acreditación suficiente de que el dinero generado en estas actividades lucrativas haya sido destinado a los fines sociales de la agrupación. Por el contrario, se advierte sobre desvíos patrimoniales" y se exige una rendición de cuentas documentada, ya que los gastos de mantenimiento de la sede habrían sido cubiertos parcialmente con préstamos de terceros, mientras que las ganancias de los eventos no aparecen reflejadas con claridad.
¿De quién es la propiedad?
Otro escándalo que surge de la auditoría es la situación legal del inmueble de la sede de la Agrupación de Gauchos. Aunque se registraron mejoras y obras por más de $106 millones en el último ejercicio, la entidad no ha podido presentar las escrituras de dominio ni los títulos de propiedad que acrediten que el edificio pertenece legalmente a la Agrupación. Ante esto, el organismo ha intimado a las nuevas autoridades a "escriturar" y regularizar la situación registral de manera inmediata.
Ultimátum escandaloso con fecha límite el 13 de Mayo
Tras años de lucha por parte de algunos socios que exigían transparencia, la justicia administrativa ha dado el paso definitivo: Cese inmediato de la Comisión Normalizadora saliente. Intimación de 10 días hábiles (que finalizan el 13 de mayo) para que se entregue toda la documentación, dinero y llaves a la nueva Comisión Directiva.
Además se solicita investigación profunda sobre los responsables de la gestión anterior por la falta de rendición de ingresos y egresos. La mirada de El Carril está puesta ahora sobre los directivos de la comisión del año 2018 en adelante, y de la comisión normalizadora del por qué no hicieron como corresponde su trabajo para echar luz donde cada día está más oscuro . Los socios advierten que "no permitirán más coberturas" y que, de no cumplirse con la regularización de la sede y el esclarecimiento de las deudas, las acciones legales podrían escalar al ámbito penal. La tradición gaucha, manchada por la desprolijidad contable, busca ahora recuperar su honor.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
