En secreto, Milei acordó con Lewis cerrar la demanda del Estado por los terrenos en Lago Escondido
28/04/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
El gobierno de Milei impulsó una conciliación con el empresario Joe Lewis para que el Estado deje de litigar por los terrenos del magnate en Lago Escondido, donde Lewis construyó una central hidroeléctrica
El gobierno de Javier Milei impulsó un acuerdo de conciliación con el empresario Joe Lewis para que el Estado deje de litigar por los terrenos del magnate en Lago Escondido, donde Lewis construyó una pequeña central hidroeléctrica y opera con una empresa cáscara.
El gobierno de Milei cedió ante Joe Lewis en el litigio que el Estado nacional había iniciado en 2023 contra la empresa Hidden Lake SA por la adquisición de tierras en zona de seguridad de frontera en la Patagonia.
El acuerdo de conciliación, firmado durante la feria judicial de enero de 2026, pone fin a la demanda sin contraprestación clara para el Estado, según documentación a la que accedió el medio El Destape. El expediente permanece bajo reserva.
El acuerdo llegó dos meses antes de que Milei designase a Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia en marzo y de que enviase al Senado el pliego de Carlos Mahiques para que continúe con sus funciones en la Cámara de Casación Penal.
Mahiques figura entre los participantes del viaje que un grupo de jueces, fiscales, empresarios y periodistas realizó en octubre de 2022 a la mansión del empresario británico Joe Lewis en Lago Escondido, un episodio que derivó en un escándalo de alcance nacional y que fue cerrado por la Justicia sin condenas.
Un regalo de Javier Milei a Joe Lewis
Según reveló El Destape, el acuerdo de conciliación fue firmado el 14 de enero de 2026 entre representantes de Hidden Lake SA y el Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.
El texto establece que el Ministerio “desiste de la acción de lesividad declarando que nada tiene que reclamar contra Hidden Lake“. Al día siguiente de la firma, los abogados de la empresa solicitaron la apertura de la feria judicial para homologar el acuerdo.
El fiscal Fabián Omar Canda, a cargo de la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°7, rechazó esa solicitud mediante un dictamen del 15 de enero.
En su escrito, sostuvo que “las razones de urgencia que autorizan la requerida habilitación son aquellas que entrañan un riesgo previsible e inminente de verse frustrados determinados derechos” y que, en consecuencia, “el Tribunal no debería hacer lugar a la habilitación de la feria“.
A pesar de esta objeción, el juez Walter Lara Correa intervino en el expediente por encima de la jueza Rita María Teresa Ailín, quien tenía a su cargo la causa y había iniciado una etapa de medidas de prueba. Lara Correa homologó el acuerdo el 28 de enero.
El litigio que se cerró había sido iniciado por el propio Estado en 2023 bajo la forma de una acción de lesividad: un mecanismo jurídico por el cual la administración pública cuestiona la validez de un acto anterior por considerarlo contrario al interés público.
En este caso, el cuestionamiento apuntaba a la adquisición de unas 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera en la provincia de Río Negro, en las inmediaciones del Lago Escondido. Las zonas de seguridad de frontera tienen restricciones legales específicas para la compra por parte de extranjeros o mediante el uso de personas interpuestas.
Los únicos compromisos que Hidden Lake SA asumió en el acuerdo fueron el pago de honorarios de los abogados intervinientes y la realización de obras de infraestructura vinculadas a una central hidroeléctrica que la empresa tenía pendientes con anterioridad. Según la documentación, la propia empresa había condicionado esa inversión a la resolución del litigio:
“La homologación del acuerdo es la condición sine qua non para destrabar y concretar una inversión de infraestructura crítica para garantizar electricidad para la comunidad de todas las localidades que integran la Comarca Andina. Hasta la definitiva homologación firme de cualquier solución conciliatoria, no podemos embarcarnos en la obra de interconexión y finalizarla antes del invierno”.
Hidden Lake SA: una empresa sin actividad
Hidden Lake SA tiene una historia societaria que fue objeto de investigación por parte de organismos públicos. La cadena de transferencias que derivó en la inscripción de las tierras a nombre de esa empresa fue documentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Procuración del Tesoro durante la gestión del entonces procurador Carlos Balbín.
La secuencia comenzó en 1994, con la constitución de la empresa HR Properties Buenos Aires, cuyos titulares iniciales fueron Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti.
Dos años después, el abogado Lisandro Alfredo Allende se incorporó como presidente y, en nombre de esa sociedad, solicitó autorización ante la Comisión Nacional de Zona de Seguridad para adquirir más de 8.000 hectáreas en el paraje El Foyel, en Río Negro. La autorización fue otorgada el 2 de julio de 1996 a nombre de Properties SA.
Sin embargo, en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Río Negro, la escritura de ese campo quedó inscripta a nombre de Hidden Lake SA con fecha 30 de agosto de 1996.
Según determinó la Defensoría del Pueblo (primer organismo que impulsó la causa penal contra Lewis, en 2010), ese cambio estatutario se había realizado en mayo de 1996, dos meses antes de que se autorizara la venta a Properties.
En ese momento, los accionistas de Hidden Lake SA eran Rovira, con 11.999 acciones, y Charles Lewis, hijo de Joe Lewis, con una sola acción a nombre de la firma británica Lago Corp.
El ex titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, dictaminó en 2022 que Hidden Lake SA era “una cáscara vacía cuya única finalidad era resguardar la figura de Lewis“. Nissen fue posteriormente procesado por esa actuación.
El abogado que representa a Hidden SA, Jaime Cibils Robirosa (quien fue presidente de Correo Argentino durante la gestión de Mauricio Macri y actúa como letrado personal del expresidente) fue uno de los impulsores de ese procesamiento contra Nissen.
En el plano energético, Lewis construyó una pequeña central hidroeléctrica junto a la empresa Pampa Energía en terrenos vinculados a sus propiedades en la región, bajo la sociedad Patagonia Energía, con autorización para el uso del agua por 30 años.
En julio de 2025, la Secretaría de Energía autorizó el traspaso de esa central a Hidden Lake SA mediante la Resolución 324, firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti. Según el dictamen de Nissen, Hidden Lake SA no registraba actividad económica hasta entonces.
El acceso al Lago Escondido es también materia de disputa judicial. La legisladora provincial Magdalena Odarda impulsó hace años una causa para habilitar un camino accesible conocido como Tacuifí.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revocó resoluciones anteriores que ordenaban abrir ese acceso, y Odarda presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En marzo de 2024 se solicitó la apertura de un proceso de amicus curiae en ese expediente, que aún no fue convocado.
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Los Mahiques y el viaje a Lago Escondido
El acuerdo de conciliación entre Hidden Lake SA y el Ministerio del Interior se firmó en enero de 2026, pocas semanas antes de que Juan Bautista Mahiques asumiera formalmente como ministro de Justicia de la Nación.
Milei confirmó el nombramiento a través de su cuenta en la red social X tras aceptar la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, quien llevaba más de dos años en el cargo. Junto a Mahiques fue designado como segundo del Ministerio el abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza.
La figura de Mahiques está asociada al viaje a Lago Escondido, llevado adelante en octubre de 2022. El vuelo número 26.917 partió el 13 de octubre de ese año desde el aeropuerto de Bariloche con destino a la mansión de Joe Lewis.
Entre los pasajeros identificados en la Declaración General del vuelo figuraban el juez Julián Ercolini, el juez Pablo Cayssials, el juez Pablo Yadarola, el empresario Tomás Reinke, y Leo Bergroth (exjefe de Legales de la SIDE durante la gestión de Antonio Jaime Stiuso)
A ellos se sumaron Carlos Mahiques (camarista de Casación y exministro durante la gobernación de María Eugenia Vidal), Juan Bautista Mahiques y Marcelo D’Alessandro, entonces ministro de Justicia porteño. El directivo del Grupo Clarín, Jorge Rendo, fue identificado en el aeropuerto de Bariloche a la espera del grupo.
Tanto Juan Bautista Mahiques como D’Alessandro negaron públicamente haber participado del encuentro, aunque sus nombres constaban en el listado oficial del vuelo, al que el diario Página 12 tuvo acceso y difundió.
Cuando la noticia se hizo pública, varios de los involucrados crearon un grupo de Telegram denominado “Operación de Página/12”. Los mensajes de ese chat, filtrados días después, expusieron las conversaciones en las que los participantes discutían cómo manejar la repercusión pública.
El juez Cayssials propuso conseguir una propiedad en Bariloche como coartada: “Puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo que puede decir que nos la prestó”.
El juez Ercolini respondió: “Si se consiguiera eso, sólo queda la idea de confabulación, que es la nada misma. Salvo que tengan más”. También se mencionó la confección de facturas apócrifas para documentar formalmente el viaje.
Carlos Mahiques, en referencia al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski (sospechado de haber filtrado la información), escribió en el chat: “Estoy caliente y motivado para hacer la denuncia penal al puto de la PSA. ¡Conténganme porque se me acaba la paciencia!”.
En el mismo intercambio, propuso una estrategia mediática: “Estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad (la PSA) en los medios. (…) Habría que hacerle llegar al PSA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entregue nada más”.
El caso no derivó en condenas penales. En diciembre de 2023, coincidiendo con el inicio de la gestión de Milei, el juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a todos los investigados, entre ellos jueces, exfuncionarios de la Ciudad de Buenos Aires y empresarios.
Fuente de la Información: El Agora
