En Salta ya es ley la regulación de la protesta social

02/06/2023. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

La iniciativa se aprobó con una Legislatura rodeada de manifestantes. El proyecto tuvo un tratamiento exprés. Se trató el martes en Diputados, ingresó este miércoles al Senado se aprobó por apenas un voto de diferencia.

La provincia de Salta, gobernada por el recién reelecto Gustavo Sáenz, ya cuenta con una ley que regula el derecho a la protesta. El protocolo antipiquetes, como se lo conoce, se impuso en el Senado por apenas un voto, 11 a 10, y se consiguió gracias a un tratamiento expres ya que no se debatió en comisiones. El mismo recorrido hizo 48 horas antes en la Cámara de Diputados salteña. La sesión se realizó mientras en las cercanías de la Legislatura se realizaba una manifestación contraria a la norma sancionada. Al cierre de esta edición, el mandatario salteño no dijo nada al respecto de la ley aprobada.

El tratamiento se llevó a cabo con la Legislatura vallada para mantener a distancia una manifestación encabezada por trabajadores de la educación y la salud, que están ingresando a su quinta semana de medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales. Cientos de personas se congregaron frente a la Legislatura en rechazo a la polémica ley que se propone como una herramienta para "conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad, tanto pública como privada durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas".

La ley sancionada establece requisitos para llevar adelante una protesta o manifestación pública: "debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas, ante la comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo", o ante la autoridad que regule la norma.

En la notificación se deberá informar el lugar de concentración, el horario de inicio y el tiempo de desarrollo, el objetivo de la protesta o manifestación, y las y los responsables u organizadores. Una vez aprobada la protesta, la autoridad reguladora "deberá arbitrar los medios necesarios para evitar la colisión de los derechos" de libre circulación y de expresión, principalmente.

"Las protestas o manifestaciones que no cumplan con lo preceptuado precedentemente y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos horas de iniciada", sostiene la ley que sería aplicada por el Ministerio de Seguridad de Salta.

El dato curioso es que el proyecto data de abril y lo habían presentado las diputadas Cristina Fiore (Confluir) y María del Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro). Si embargo, en estas últimas semanas se aceleró la necesidad de su tratamiento. Tanto lo fue que ni siquiera se debatió en comisiones y el oficialismo impuso primero su tratamiento sobre tablas en Diputados.

Similar maniobra se aplicó ayer en la Cámara alta salteña cuando se logró su tratamiento sobre tablas. Los discursos a favor y en contra se sucedieron con una marcada tranquilidad entre los oficialistas. El número de votos estaba garantizado.

Al momento de justificar el proyecto, el senador Javier Mónico (que ingresó por el bloque Todos pero que en los comicios del 14 de mayo acompañó al reelecto gobernador Gustavo Sáenz) aseguró que la iniciativa solo busca "armonizar y conciliar nuestros derechos", dijo. Luego sorprendió cuando aseguró que el proyecto “en ningún momento hace referencia a restringir o limitar” las protestas.

Walter Wayer fue uno de los senadores más vehementes a la hora de expresar su rechazo a la norma. Aseguró que se busca normar un derecho que está garantizado tanto en la Constitución Nacional como en la provincial. Afirmó que la ley es "restrictiva de derechos”, e “inviable”, porque la gente “va a salir igual a expresar sus necesidades”. Por último indicó que la norma "intimida, es anticonstitucional y está fuera del contexto socio económico que hoy estamos viviendo”.

Fuente de la Información: Página 12