En Salta, la mayoría de los presos están por delitos contra la integridad sexual y hay 131 con perpetua

12/11/2023. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta

La población carcelaria es de unas 4.000 personas, cifra que desborda la capacidad del sistema penitenciario. Especialistas analizaron el resultado de las condenas prolongadas durante un encuentro de mujeres penalistas. Violaciones y otros abusos sexuale

Por Jimena Granados
 

Violaciones y otros abusos sexuales son los delitos por los que más salteños permanecen privados de su libertad, en un sistema carcelario marcado por la sobrepoblación y con 131 condenados a prisión perpetua. La situación, y el futuro que plantea, se analizaron en la reunión nacional de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), que se realizó en Salta el jueves.

Según indica un informe del Comité contra la Tortura que se presentó durante el encuentro, en la provincia hay unas 4.000 personas presas, lo que incluye a quienes ya fueron sentenciados y quienes aún están esperando un juicio.

La cifra contempla a unos 800 salteños que permanecen en comisarías, que deberían ser solo un lugar de paso pero funcionan como espacios donde se cumplen detenciones prolongadas. También incluye a 150 mujeres que están en el penal de Villa Las Rosas. El resto se distribuye en distintas unidades penitenciarias.

Cerca del 33 por ciento de los que están encerrados tienen causas por delitos contra la integridad sexual, mientras que el 24 por ciento carga con procesos judiciales por robo o tentativa de robo. El 16 por ciento perdió la libertad por un homicidio y el 10 por ciento por infracciones a la ley de estupefacientes. El resto de los casos se divide entre lesiones, hurtos o intento de hurto.

En la provincia hay 131 personas que están cumpliendo penas de prisión o reclusión perpetua, lo que representa a un cinco por ciento del total de las condenas. La proporción es similar a la que se registra en otras jurisdicciones del país.

Casos emblemáticos

Marcelo Torrico, sentenciado por el abuso sexual y el asesinato de los hermanitos Melani y Octavio Leguina, ocurrido en 1998, quizás sea uno de los nombres más recordados de los que integran la lista de presos con el peor castigo.

Los cuatro hombres que violaron, torturaron, mutilaron y mataron a Daniela Paola Guantay, en marzo de 2017, tienen la misma condena.

En noviembre de 2012 se sancionó la Ley 26.791, que reformó el artículo 80 del Código Penal de la Nación para criminalizar de modo agravado los homicidios relacionados con la violencia de género. Esta norma amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo y el catálogo de crímenes de odio e incorporó las figuras de femicidio y femicidio vinculado.

El caso de Antonio Gaspar Cinco, que en 2017 envenenó a su pareja y al hijo de la joven, de solo dos años, es otro de los de mayor impacto en la nómina de las condenas a prisión perpetua.

El asesino les dio una botella con un líquido y les dijo que era agua bendita para que tomara el niño, que estaba enfermo. Pero el envase, del que también bebió la madre, contenía cianuro, lo que les provocó una muerte casi inmediata. Ese caso causó mucha conmoción en la provincia y fue replicado por los medios en distintos puntos del país.

Alberto Yapura, el hombre que mató a su exmujer y a sus dos hijos más chicos a puñaladas, además de herir a su hija mayor, en una madruga de agosto de 2004, también está entre los que debe enfrentar la pena más extensa.

Muchos de los crímenes que terminan en perpetua se convierten en casos emblemáticos de la violencia, la desprotección y la deshumanización, por lo que generan en la sociedad una demanda creciente de justicia. La posibilidad de que alguno de estos condenados vuelva a la calle provoca rechazo, temor e inseguridad.

Sin embargo, desde un sector del derecho plantean que la solución a los delitos, incluso los más aberrantes, no está en la posibilidad de una pena que implique morir en la cárcel, sino en trabajar para prevenir las desigualdades, minimizar la violencia y promover un Estado que pueda preservar a las posibles víctimas y a los grupos vulnerables.

"Es un tema que nos atraviesa. Una reforma del Código Penal de 2017 prohibió que las personas que cometieron determinados delitos tengan salidas anticipadas, como la libertad condicional. Con esto se pretende que no salgan nunca más. Entonces, se pone en riesgo el principio básico de la resocialización que, nos guste o no, está vinculado con tratados internacionales de derechos humanos que Argentina se comprometió a cumplir", dijo a El Tribuno Mariana Barbitta, presidenta de AMPA y profesora de la UBA.

La experta consideró que es "un tema muy sensible de cara a los 40 años de la democracia y en un contexto electoral nacional". A modo de ejemplo, Barbitta señaló que el agravamiento de las condenas por femicidios no hizo que, lamentablemente, estos crímenes retrocedan.

El debate

"Más allá de que entendemos que es importante la visibilización, la realidad es que en práctica no sirven la perpetua y el encierro carcelario para resolver un tema de perspectiva de género, por ejemplo. En la medida que no tengamos una definición de una ciudadanía igualitaria, con una distribución de roles equitativa e inclusión, no habrá cambios", manifestó la abogada.

Barbitta agregó, que pese a las modificaciones en la legislación, siguen asesinando a mujeres todos los días en el país. "Creer que la perpetua por sí va a cambiar eso, es una falsedad", opinó. Agregó que, en Argentina, las penas se ejecutan en unidades penitenciarias "absolutamente desastrosas" y que ninguna cumple con las reglas constitucionales con respecto a cómo deben ser tratados los que están privados de la libertad.

Sistema en crisis, con una superpoblación del 40%

Rodrigo Solá, presidente del Comité contra la Tortura de Salta, destacó, al exponer en el encuentro nacional de AMPA, que las malas condiciones del sistema carcelario hacen imposible pensar en la reinserción social.

Celdas donde los presos se turnan para dormir porque los colchones no alcanzan o no entran todos acostados, pabellones con cortes frecuente de agua, falta de ventilación e iluminación, olores desagradables y proliferación de insectos son algunas de las condiciones que hoy se encuentran en las cárceles, según describió el referente.

  

Vista del panel que participó de la jornada en el Colegio de Abogados. Pablo Yapura

A eso se suma una sobrepoblación que superaba el 40 por ciento de acuerdo a datos correspondientes a mayo de este año.

"Los sanitarios son insuficientes y están en pésimo estado. Los detenidos nos plantean que faltan elementos de higiene personal. La mayoría de las celdas no tiene baño en el interior, el acceso al agua es un problema en la provincia, pero recrudece en las cárceles del norte, donde las temperaturas son más altas", señaló.

Rodrigo Solá mencionó también que recibieron varias denuncias de presas sobre "medicalización forzada", algo que no registraron en penales de hombres. "Hay crisis o episodios que se tratan en el hospital de salud mental. Eso es mucho más recurrente en el caso de las mujeres, para mantenerlas contenidas, que en el de los varones", describió.

Los informes del Comité contra la Tortura hablan de reglas de conducta más estrictas o diferenciales para las mujeres privadas de la libertad. Según Solá, hubo casos de autolesiones en la cárcel femenina que, en lugar de tratarse con un acompañamiento terapéutico especial, derivaron en castigos.

"Muchas también nos plantean cierta persecución, cierta obsesión que tienen en el Servicio Penitenciario por las muestras afectivas entre las presas, ya que hay sanciones permanentes por ese motivo", indicó. Además, Solá denunció que las mujeres tienen "códigos de vestimenta" que los varones no, con el argumento de que ellas pueden "provocar" a guardias o detenidos que las vean desde las ventanas de la cárcel masculina de Villa las Rosas, contigua a la femenina. Por esa razón, por ejemplo, no pueden usar musculosas. También se denuncia que faltan elementos para la gestión menstrual, pero en paralelo hay sanciones por incumplir "normas de aseo".

En julio del año pasado el Estado admitió que el sistema está desbordado, ya que el Gobierno declaró la emergencia carcelaria por tres años y formó una comisión que debía enfocarse en buscar respuestas al problema de la sobrepoblación.

Fuente de la Información: El Tribuno