En 2025 se registraron seis femicidios y 21 muertes dudosas
31/12/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Salta/12 realizó un relevamiento que se apoya en los registros oficiales de la Oficina de Género del Poder Judicial, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, en un balance del Observatorio Popular Ñawi, y en notas propias y seguimiento
En un "contexto nacional y provincial de debilitamiento de las políticas de prevención"
Salta/12 realizó un relevamiento que se apoya en los registros oficiales de la Oficina de Género del Poder Judicial, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, en un balance del Observatorio Popular Ñawi, y también en notas propias y seguimiento periodístico. Una de las muertes caratuladas como dudosas es la de Fernanda Arias, mujer trans que se encontraba bajo custodia policial.
Durante 2025, hubo 6 femicidios caratulados como tales en las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. Salta/12 realizó una recopilación de casos en base a las notas de investigación propias y de otros medios de comunicación, asi como de los registros oficiales.
Además, el Registro Provincial de Femicidios y de Muertes Violentas y Dudosas de Mujeres elaborado por la Oficina de Género del Poder Judicial de la provincia, da cuenta de 21 muertes violentas o dudosas de mujeres. Mientras que el Observatorio de Violencia contra las Mujeres identificó 20 “causas de muertes violentas y/o dudosas de mujeres cis, trans”.
El primer femicidio registrado es el de Rosmery Aramayo Torrez, de 52 años, quien desapareció el 17 de enero tras salir de su vivienda en el barrio Ferroviario de Salvador Mazza junto a su pareja José Eduardo Miranda, con destino a Bolivia. Este hombre, en un inicio, sostuvo que la mujer había decidido no regresar por voluntad propia. Días después, ante la presunción de que la mujer se encontraba sin vida, la causa fue recaratulada como femicidio. Sin embargo, el cuerpo de la víctima sigue sin ser encontrado.
La investigación derivó en la imputación de la pareja, José Eduardo Miranda, como autor del homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, y del hijo de ambos, José Alfredo Miranda, de 21 años, como partícipe primario. Solo el principal acusado cumple prisión preventiva.
El hijo pequeño de 8 años de la pareja de Aramayo Torrez y Miranda, quedó a cargo de la familia paterna.
Aramayo Torrez además era madre de otros dos hijxs mayores, Kimberly Santillán Torrez y su hermano, ambos criados por su abuela materna, quienes la han buscado de manera incansable y reclaman justicia.
Recién el 19 de septiembre el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos útiles que permitan hallar sus restos.
El 11 de febrero, Luciana Laciar Eckardt, de 31 años, fue hallada sin vida en su casa, en el barrio Los Crespones, en Cerrillos. El principal sospechoso es su expareja, Juan Marcelo Hoyos, quien ya había tenido problemas legales previos, incluida una orden de restricción por violencia de género que no fue renovada. Se supo que mantenían discusiones por el incumplimiento paterno de la cuota alimentaria. Ambos tenían una hija de 6 años, que quedó al cuidado de la familia materna. La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) y el imputado se encuentra detenido con prisión preventiva.
El tercer femicidio, fue cometido el 2 de abril, cuando una mujer de 67 años fue encontrada muerta con signos de violencia en la ciudad de Salta. La UFEM detuvo a su pareja, un hombre de 76 años, quien fue imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. El acusado permanece privado de su libertad. No trascendió el nombre de la víctima ni del victimario.
El cuarto femicidio fue cometido el 2 de mayo en San Antonio de los Cobres . El 7 de mayo, la página web oficial del Ministerio Público Fiscal informó que un vecino alertó sobre supuestos disturbios en la vivienda de una pareja de gendarmes. Al arribar al lugar, el personal policial constató que se había producido un incendio en el inmueble, el cual sufrió daños casi totales. En el lugar encontraron a un hombre de 33 años y una mujer de 35, con quemaduras de gravedad. Al momento de producirse el foco ígneo se encontraban también dos hijas menores de edad. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM). El caso fue caratulado como homicidio calificado por el medio empleado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género. El imputado transita el proceso en libertad bajo medidas sustitutivas.
El 20 de agosto, en la ciudad de Orán, se registró un femicidio seguido de suicidio en inmediaciones de la Base Mitre de la Policía provincial. El policía Humberto Darío Choque, de 36 años, disparó a quemarropa contra su pareja, Erica Quispe, de 27 años, también integrante de la fuerza, y luego se suicidó. El ataque se produjo alrededor de las 22.30 cuando la joven ingresaba a tomar su servicio. El hombre murió minutos después de la medianoche, en el Hospital San Vicente de Paúl de Orán. El hecho fue investigado por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, sin apertura de una causa judicial por la muerte del agresor.
El sexto femicidio del registro fue cometido el 15 de septiembre en El Divisadero, Cafayate. Gladis Guitián, de 36 años de edad y oriunda de Santa María, Catamarca, fue asesinada en el interior de su vivienda por su pareja, Omar Chachagua, quien le efectuó varios disparos con arma de fuego y luego intentó quitarse la vida. Según relató la madre de la víctima, llevaban 17 años de convivencia y tenían 3 hijos, uno de ellos habría sido testigo de la discusión. El agresor falleció en el hospital San Bernardo tras permanecer dos semanas internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, lo que derivó en la extinción de la acción penal.
Además de los femicidios, el registro de la Oficina de Género del Poder Judicial incluye 21 muertes denominadas “violentas y dudosas” de mujeres. Mientras que el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres registró 20 “causas de muertes violentas y/o dudosas de mujeres cis, trans”
Entre el 1 de enero y el 12 de febrero de 2025 se registraron seis muertes de mujeres. Los hechos ocurrieron en Campo Santo (una joven de 17 años), Salta Capital (dos casos, uno de ellos correspondiente a una mujer de 25 años), Cerrillos, Vaqueros y La Merced. En los seis casos intervino la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) y las fiscalías investigan fallecimientos por mecánica de ahorcamiento, en causas que tramitan ante Juzgados de Garantías del Distrito Judicial Centro.
El 14 de febrero, Milagros Gutiérrez, de 18 años, murió en el hospital San Bernardo; la autopsia no reveló signos de violencia. La Fiscalía Especializada en Femicidios (UFEM) inició una investigación luego de que familiares denunciaran públicamente que el deceso podría estar vinculado a hechos de violencia. De acuerdo con el registro judicial, no se iniciaron actuaciones que dieran lugar a la apertura de una causa penal.
Una tía de la joven declaró que Milagros había sido atacada por ser testigo clave en una causa judicial, y que ya hospitalizada habría sufrido otra agresión que le cortó la lengua. Sin embargo, la autopsia realizada por el CIF concluyó que el cuerpo no presentaba signos de violencia física y que la causa de muerte fue una patología de base. Una fuente del área de salud informó a Salta/12 que la joven padecía encefalitis autoinmune.
El 22 de enero, Milagros ingresó al Hospital, se le indicaron estudios, pero se retiró sin recibir el alta. Volvió al día siguiente con una herida en el frenillo de la lengua, registrada en la historia clínica. No pudo comunicar cómo se produjo esa lesión, posiblemente por el avance de los síntomas neurológicos. El 23 de enero fue atendida por médicos y por el equipo de salud mental, que se comunicó con su madre. Según una fuente hospitalaria, la mujer expresó ideas confusas de delirio y persecución, lo que quedó asentado en el informe clínico remitido a la fiscalía.
El 13 de marzo de 2025 se registró la muerte de una mujer en la localidad de General Güemes. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM). La causa se tramita ante el Juzgado de Garantías N.º 2 del Distrito Judicial Centro, donde la fiscalía requirió medidas vinculadas al mantenimiento de secuestro y acceso informático como parte de la investigación.
El 14 de marzo de 2025 se produjo la muerte de una mujer en la ciudad de Salta. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM). El expediente se tramita ante el Juzgado de Garantías N.º 1 del Distrito Judicial Centro, donde la fiscalía solicitó medidas de mantenimiento de secuestro y acceso informático.
El 22 de marzo, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó a través de su sitio web oficial que se investiga el hallazgo de una mujer de 47 años sin vida en su vivienda, ubicada en la zona centro de la ciudad de Salta. De acuerdo con el informe preliminar de autopsia, la muerte se habría producido por paro cardiorrespiratorio, posiblemente a causa de la ingesta de medicamentos. La investigación quedó en curso para determinar las circunstancias del fallecimiento.
El 1 de abril fue hallado el cuerpo sin vida de Daiana Rocío Orellana, de 30 años, en el barrio Los Paraísos del municipio de Cerrillos. La fiscal Luján Sodero Calvet, de la UFEM, ordenó la autopsia a través del Servicio de Tanatología Forense del CIF, ante indicios de suicidio. Según el registro de la Oficina de Género del Poder Judicial no hubo actuaciones que dieran inicio a la causa judicial.
Sin embargo, familiares y amigas de la víctima rechazaron la hipótesis de las autoridades. Denunciaron que la joven tenía quemaduras y rasguños, y que era víctima de violencia sistemática por parte de su expareja, padre de sus dos hijas.
El 10 de mayo el cuerpo de una mujer fue hallado en un terreno baldío de Villa El Sol, en la ciudad de Salta. El informe preliminar de la autopsia descartó signos visibles de violencia. La fiscal Luján Sodero Calvet solicitó estudios complementarios para establecer la data y la causa de la muerte.
El 21 de julio, en la vía pública en el centro de Orán fue encontrado el cuerpo de una mujer. Las hipótesis son variadas: sobredosis, homicidio o accidente. Inicialmente intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, pero no se iniciaron actuaciones judiciales.
En La Rinconada, Cerrillos, fue escenario del hallazgo de otra mujer sin vida en la zona del puente, el 28 de julio. Intervinieron el CIF, la UGAP y la UFEM. No se iniciaron actuaciones judiciales.
Graciela Mabel Burgos, de 52 años, fue hallada sin vida en su propia casa de barrio Morosini de la ciudad de Salta. El hermano de la mujer hizo la denuncia el 7 de agosto y dijo que estaba desaparecida desde el 4 de ese mes. El 13 de agosto, este mismo familiar habría encontrado su cuerpo en la misma casa. No se supo qué pasó realmente para que se afirmara que faltaba de su domicilio pero luego fuera encontrada ahí mismo, con evidentes signos de llevar ya tiempo muerta. Según el Registro de la Oficina de Género no se iniciaron actuaciones que dieran origen a una causa judicial.
El 16 de septiembre, en Orán, vecinos reportaron el hallazgo de los cuerpos de una joven de 22 años y un hombre de aproximadamente 25 años. Ambos se encontraban en situación de calle. La fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo dispuso la realización de las autopsias, no fueron informados los resultados. La mujer fue identificada por sus ropas y tatuajes pero no trascendió su nombre. El hombre permanecía sin identificar. Según información oficial, personal policial constató que ambos presentaban signos compatibles con ahorcamiento.
El 27 de septiembre fue hallada sin vida en Joaquín V. González, Mirta Herrera, de 55 años. La mujer había permanecido desaparecida desde el miércoles 24 de septiembre y fue encontrada en una zona de monte, cercana a su domicilio de barrio El Alto. Aunque el Ministerio Público Fiscal publicó que fue hallada por “ocasionales transeúntes”, la hija de la mujer dijo a Salta/12 que fueron unos niños quienes encontraron el cuerpo y fueron a avisarle. La joven cuestionó la falta de efectividad de la presunta búsqueda policial porque los efectivos no hallaron el cuerpo pese a que se encontraba cerca de la casa. La fiscal María Celeste García Pisacic, dispuso la realización de la autopsia para determinar la causa y data del fallecimiento. La principal hipótesis era el presunto suicidio. No hubo actuaciones que dieran inicio a una causa judicial.
Sofía Benítez, de 25 años, falleció el 3 de octubre luego de haber ingresado en grave estado al Hospital San Bernardo. El caso se inició el 29 de septiembre, cuando fue trasladada por dos hombres al Centro de Salud de Villa Primavera tras sufrir una descompensación.
El 8 de octubre, el Ministerio Público Fiscal informó que la fiscal penal Luján Sodero Calvet, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios, dispuso la reserva de actuaciones con el objetivo de preservar la eficacia de las medidas en curso, proteger la integridad de la prueba y garantizar el debido proceso.
La investigación se encuentra a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, en conjunto con la UFEM. En el marco de la investigación hay dos hombres imputados, quienes se encuentran con prisión preventiva, acusados de delitos de homicidio culposo, facilitación de estupefacientes en perjuicio de Sofía Benítez y coacción contra el personal del Centro de Salud que la recibió. La investigación reveló que detrás de la muerte de la joven existía una red de comercialización de estupefacientes por lo que hubo varios allanamientos y se produjeron otras detenciones e imputaciones. El 13 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida en el asentamiento San Javier. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizó la autopsia. El informe preliminar determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento y que no se observaron signos visibles de violencia que permitan presumir, en esta instancia, la intervención de terceros. De acuerdo con el registro oficial, no se iniciaron actuaciones judiciales al momento de la última actualización, fechada el 18 de noviembre de 2025. Amigas de las víctima plantearon dudas sobre el presunto suicidio en declaraciones públicas a medios locales.
El 26 de noviembre de 2025, Fernanda Daniela Arias, mujer trans de 34 años, falleció mientras se encontraba bajo custodia del personal policial de la comisaría de Rosario de Lerma. Había sido demorada, acusada de una contravención en la vía pública. Según la versión policial, al momento de comunicarle su liberación, luego de la verificación de antecedentes, el personal policial advirtió que habría atentado contra su vida. Aseguraron haberle realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar y dispusieron su traslado al hospital zonal donde falleció. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, feministas y del colectivo LGBTIQ+ manifestaron dudas sobre el presunto suicidio y reclaman que se investigue como un Femicidio Institucional o Muerte en Custodia por Omisión de Deberes de Cuidado. También solicitaron a la Secretaría de Seguridad que aparte a los policías involucrados.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que se investiga el hallazgo de una mujer sin vida, que remite al domingo 7 de diciembre en inmediaciones del barrio Santa María de los Nogales, en la localidad de San Agustín. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de la autopsia, que permitirá establecer la causa y la data del fallecimiento. Intervino la UFEM. Según se indicó, se trata de una mujer de 32 años y que no se descarta ninguna hipótesis respecto de su muerte. Al momento de la última actualización, no se habían iniciado actuaciones judiciales.
El Observatorio Popular Feminista ÑAWI, realizó un seguimiento propio a partir de los datos judiciales y del monitoreo territorial y contabilizó 6 femicidios y 21 muertes violentas de mujeres y personas LGBTIQ+ que continúan en investigación o fueron caratuladas como muertes dudosas.
Desde Ñawi, Carmen Chuchuy Juárez, aportó a Salta/12 un informe donde realizan un balance sobre la situación. Según su mirada, estos datos no pueden leerse de manera fragmentada y consideran que todas las “muertes ocurrieron en contextos de violencia por motivos de género, aunque solo una parte haya sido reconocida formalmente como femicidio. La forma en que el Estado nombra —o no nombra— estas muertes no es neutra: cuando no se las reconoce como violencias de género, se invisibiliza el problema y se diluye la responsabilidad estatal”.
El informe advierte sobre los "grises del abordaje judicial" y menciona, entre otros casos, la muerte de Fernanda Arias en Rosario de Lerma, que, según el análisis del observatorio popular, presenta características de travesticidio, aunque permanece en investigación y no haya sido así calificado por la justicia
Ñawi también se refirió a un intento de lesbicidio cometido este año en Orán, que expone la persistencia “de violencias extremas contra las disidencias” sexuales en la provincia.
Desde ÑAWI señalan que este escenario se inscribe en “un contexto nacional y provincial de debilitamiento de las políticas de prevención, recortes presupuestarios y respuestas fragmentadas frente a las violencias” de género. Según advierten, esto se traduce en “intervenciones tardías, ausencia de protección efectiva y falta de abordajes integrales, con consecuencias irreversibles”.
En su primer año de trabajo, el observatorio elaboró además una serie de recomendaciones públicas frente a los femicidios y lesbotransfemicidios en Salta. Entre ellas, destacan la exigencia de investigaciones rápidas y serias con perspectiva de género e interculturalidad, una respuesta estatal permanente ante situaciones de riesgo, acceso efectivo a derechos y medidas de protección, políticas reales de prevención y responsabilización de quienes ejercen violencia, reparación integral para las familias y transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a políticas de género.
“Nombrar las violencias es una decisión política. No nombrarlas también mata”, concluye el informe. Y subraya que “los femicidios y las muertes violentas por razones de género no son inevitables: el Estado es responsable de prevenirlas”.
Fuente de la Información: Página 12
