El Gobierno empieza a tratar la reforma judicial en el Senado y se aprobaría a fin de mes

02/08/2020. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina

El martes será el primer plenario de las comisiones con la visita de Losardo, pero no apurarían el dictamen. Buscan sancionarla en septiembre en Diputados. Banderazos en contra en el obelisco.

El Frente de Todos empezará el martes a las 16 a tratar la reforma judicial en el Senado con la exposición de la ministra de Justicia Marcela Losardo, pero no se firmará dictamen. "Habrá consultas a especialistas; será un debate largo", aseguraron a LPO desde el oficialismo, donde esperan que el proyecto recién llegue al recinto a fin de mes. 

En la Cámara alta el Gobierno cuenta con una mayoría sólida para no pasar contratiempos y el desafío lo tiene en Diputados, donde necesita la ayuda de los partidos provinciales cercanos a los gobernadores de Córdoba, Río Negro y Misiones, que este viernes permitieron aprobar la moratoria fiscal con lo justo. Tal vez por eso, la hoja de ruta de la Rosada es que la ley se sancione en septiembre con un debate fugaz.  

En la presentación de la reforma, Alberto Fernández buscó y tuvo mensajes de las provincias con votos propios en el Congreso: según comunicó la Casa Rosada, participaron del acto en forma remota los diputados Carlos Gutiérrez (Córdoba), Alma Sapag (Neuquén), Luis Di Giácomo (Río Negro) y los socialistas santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez. 

También los senadores Alberto Weretinleck (Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), habituales aliados del oficialismo, que sin ellos tiene 40 votos propios, tres más que la mayoría simple. El debate comenzará, por vía telemática, en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, presididas por Oscar Parrilli y María de los Ángeles Sacnun, ambos cercanos a Cristina Kirchner. 

El texto llegó el jueves, un día después de ser presentado en la Casa Rosada, y contempla la creación de un juzgado federal penal con asiento en la Ciudad, mediante la unificación del fuero criminal y correccional con el Penal económico. 

Estos tribunales actuarán con una de las dos secretarías que actualmente tienen y la restante trabajará con los 23 nuevos. De esta manera, los Juzgados en lo Penal Federal de la Ciudad, "pasarán a identificarse con los números 24 a 46", dice el proyecto. 

Uno de los aspectos que podría traer polémica es el sistema de subrogancias para cubrir los juzgados antes que sean nombrados sus titulares. Estará a cargo de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado, donde el oficialismo puede usar su mayoría para elegir juristas cercanos, que al no tener un nombramiento definitivo se moverán con autonomía limitada. 

Cambiemos también pedirá precisiones sobre el costo de la reforma, en plena pandemia y con un déficit creciente. Este sábado, algunos de sus referentes legislativos como el diputado Fernando Iglesias participaron de un banderazo en el obelisco para oponerse a la ley, que consideran una herramienta para que se caigan las causas judiciales contra Cristina y sus ex funcionarios. Esperan que a la sanción le siga un proyecto para ampliar la Corte Suprema, en la mira de la ex presidenta. 

La ley unifica los fueros Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo de la Ciudad; crea 94 juzgados federales en el país y promueve acelerar el sistema acusatorio, que le otorga más poder a los fiscales en la investigación, está estipulado en la última reforma del Código Procesal Penal, pero viene implementándose de a tramos. 

Se fortalecerá con la creación de 85 nuevos cargos de fiscales y de 23 defensores. Por ahora, estarían a cargo del procurador Eduardo Casal, a quien el kirchnerismo promueve apartar con pedidos de juicio político por mal desempeño. No tienen los votos, pero si lograran que renuncie debería reemplazarlo otro empleado de carrera, porque tampoco cuentan con los dos tercios del Senado para elegir a un reemplazante. 

La reforma, además, se complementa con "reglas de actuación" para los jueces, que incluyen comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación "cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo".

Fuente de la Información: La Política Online