El debate es la reforma y no la definición de mandatos
06/04/2018. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El abogado, Sebastian Aguirre Astigueta opinó que la conformación de la Corte ad hoc es un hecho grave, que quiebra la lógica constitucional y evidencia una calidad institucional defectuosa.
ara el abogado constitucionalista, la conformación de la Corte ad hoc, que deberá definir sobre los mandatos de los jueces del Alto Tribunal, evidencia el funcionamiento deficiente de la Justicia salteña.
El letrado manifestó que la confirmación de la Corte, para poner a los actuales jueces de manera permanente, "es un hecho gravísimo", porque coloca al Poder Judicial de Salta en un escenario peligroso donde deberá elegir como cambiará la jurisprudencia de temas específicos como la acción popular, sobre que magistrados están legitimados, sobre efectos de sentencias, sobre las interpretaciones de la aplicación de normas, entre otros tópicos, explicò Aguirre Astigueta.
Por otra parte, el letrado recordó los integrantes del Tribunal fueron nombrados con la anterior ley, osea, cuando la Constitución contemplaba al Gobernador con un mandato de cuatro años y se pensaba en una Corte con jueces renovables cada seis años. Es aquí, que el ex gobernador, Juan Carlos Romero incursionó en las (re) reelecciones, dando inició al quiebre de las normas constitucionales, aclaró Aguirre Astigueta.
En ese sentido, el especialista señaló que si eventualmente se resolviera que los cargos de la Corte de Salta son vitalicios, rompería con el orden de toda la Constitución Provincial y calificó la acción como "insólita" debido a que la misma Corte beneficiaria a los propios integrantes del Tribunal.
Pero, Aguirre Astigueta indicó que la forma de volver a poner un equilibrio es con la discusión de una reforma Constitucional que involucre a todos los sectores y se realice un debate exhaustivo de los temas a cambiar, no así a través de una sentencia que se incline a beneficiar intereses personales, continuando con la lógica de quebrantar el derecho constitucional.