El Comité contra la Tortura describió un sistema penitenciario “colapsado”
07/07/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
En su informe anual 2025 el Comité de Prevención de la Tortura reveló hacinamiento, aumentos en el encarcelamiento femenino, deficiencias en acceso a salud y educación, además de múltiples denuncias por torturas y muertes bajo custodia
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta (CPT Salta) difundió su Informe Anual 2025, correspondiente al cierre del primer ciclo de gestión de cuatro años del organismo. El informe da cuenta de una crisis estructural en el sistema penitenciario provincial, con niveles de sobrepoblación muy superiores a la capacidad real de los establecimientos y un patrón sistemático de vulneraciones.
Al 9 de diciembre de 2025 había 3.938 personas privadas de libertad en el sistema penitenciario salteño. El Servicio Penitenciario declaró una capacidad de 2.895 plazas, lo que ya arroja una sobrepoblación del 36,03% según ese criterio.
Pero el Comité de Salta mide además la “capacidad real” en base a estándares internacionales de habitabilidad (espacio mínimo por persona, ventilación, luz natural, sanitarios), y no solo la cantidad de camas. Con ese criterio, la capacidad real del sistema es de apenas 1.621 plazas. La sobrepoblación real asciende al 142,94%: 2.317 personas exceden el cupo real total.
“El problema de la sobrepoblación o hacinamiento carcelario de la provincia de Salta (...) es la primera causa generadora de violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”, advierte el informe.
Los puntos más críticos, medidos por capacidad real: la Alcaidía N°1 de Capital llega al 232,98% de sobrepoblación; la Unidad Carcelaria N°3 de Orán, al 205,03%, y la Alcaidía N°2 de Tartagal, al 900%. La Unidad Carcelaria N°9 de mujeres, en Orán, no tiene ningún espacio que cumpla los estándares mínimos para el pernocte.
El informe también marca una tendencia de género: entre 2022 y 2024 la tasa de encarcelamiento de mujeres aumentó 37,94%, mientras la de los varones bajó 1,23%. En números concretos, la población femenina pasó de 194 a 269 mujeres en unidades del Servicio Penitenciario.
El acceso a la salud fue, otra vez, el motivo de queja más frecuente: 106 actuaciones en 2025. Se denuncian demoras en turnos, falta de medicamentos y traslados obstaculizados por falta de móviles.
También se registraron 43 casos de agresión física, 29 de hostigamiento, 25 de amenazas, 12 de aislamiento solitario, y 3 de agresiones sexuales, entre otras categorías.
Entre 2024 y 2025 se iniciaron 20 denuncias penales por torturas o malos tratos ante la Fiscalía de Derechos Humanos, un aumento del 200% respecto del período anterior, aunque el informe señaló que en la mayoría de los casos no hubo respuesta sobre el estado de la investigación.
Educación: siete de cada diez, sin acceso
Según un diagnóstico elaborado junto al CONICET, el 73% de la población carcelaria salteña (2.870 personas) no participa de ningún programa educativo, formal o no formal. Solo el 16% accede a escolarización formal, y menos del 1% cursa estudios universitarios.
El informe también cruza estos datos con el nivel educativo previo al ingreso: el 37% de la población entró a la cárcel con primaria completa y ahí se estancó, y solo el 11% había terminado el secundario antes de ser detenido.
“La educación en las cárceles de Salta subsiste hoy de manera fragmentaria, precarizada y desigual, sostenida casi con exclusividad por prácticas de autogestión de las comunidades educativas y por el voluntarismo militante de un cuerpo docente que costea los materiales”, se asegura en el informe.
Por otra parte, el informe detalla que las sanciones de aislamiento, que pueden extenderse de 30 a 100 días, interrumpen las trayectorias escolares sin que se notifique a los docentes, lo que deriva en aplazos o abandono forzado.
Muertes bajo custodia
El CPT identificó 5 muertes bajo custodia en 2025. Cuatro ocurrieron fuera del lugar de encierro (por ejemplo, durante internaciones en hospitales), lo que el informe interpreta no como un atenuante de la responsabilidad estatal sino como una señal de alerta que “pone el foco en la cadena de decisiones que anteceden al traslado” como posibles demoras o fallas en el acceso a la salud. En el registro preliminar figura un caso clasificado como siniestro, uno como suicidio y uno como homicidio.
Monitoreo tras incendio en Alcaidía General Monitoreo tras incendio en Alcaidía General gentileza
Se detalla la muerte de Ezequiel Fernando Avendaño Laime tras el incendio en una celda de la Alcaidía General N°1 de varones donde había 25 detenidos y la capacidad real era para 8. Once personas debieron ser internadas por quemaduras y asfixia; otra decena fue trasladada a otros establecimientos como medida de resguardo.
El CPT señala que mientras Avendaño Laime luchaba por su vida internado, se le había concedido la libertad, noticia de la que nunca llegó a enterarse. Además subrayó que este siniestro era “absolutamente evitable” porque ya lo habían hecho advertencias en monitoreos anteriores realizados en esa misma celda.
El organismo relevó que el 80% de las personas trasladadas a otros centros denunció haber sufrido trato riguroso y amenazas durante el traslado.
Internaciones psiquiátricas
En el Hospital de Salud Mental Ragone, al momento del monitoreo en 2024 había 86 personas internadas, pero 55 de ellas estaban bajo custodia penitenciaria (33 dentro del edificio del hospital y 22 en el Centro de Tratamiento para Personas con Medidas de Seguridad). El informe advierte que ese dispositivo, pensado para 16 personas, está “ampliamente superado” y funciona con un paradigma securitario más que sanitario.
El informe recoge testimonios de personas que desconocen su situación procesal o la duración de su internación, incluyendo el caso de una persona que manifestó llevar once años internada sin recibir información clara sobre su estado judicial. Además, hubo relatos sobre el uso de sujeciones y prácticas de inmovilización durante traslados.
Adolescentes: la misma lógica que el sistema de adultos
El informe dedica un capítulo a los Institutos Especializados de Alojamiento (IEA) para adolescentes. La conclusión general es que el sistema mantiene una lógica securitaria y penitenciaria, en lugar de un abordaje integral especializado en adolescencia, y que el personal proviene mayormente del Servicio Penitenciario sin formación específica en derechos humanos ni en niñez.
Se advierte en el IEA N°2 de Orán, que aloja a 14 varones de 16 y 17 años, una infraestructura precaria.
Hacinamiento en comisarías
En el marco de un habeas corpus colectivo y correctivo que el CPT presentó ante la Corte de Justicia de Salta por las condiciones en comisarías, llegaron a algunos acuerdos con otros organismos.
Como consecuencia, según el informe, entre marzo y mayo de 2025 ingresaron al sistema penitenciario 74 personas penadas y se trasladaron 54 procesados desde comisarías, totalizando 128 traslados.
El Comité incluye en su informe diversas demandas, entre ellas volvió a denunciar que no cuenta con presupuesto propio ni personal suficiente para cumplir su propio mandato de monitoreo preventivo.
Fuente de la Información: Página 12
