Diputados salteños votaron en bloque la baja de la edad de imputabilidad
13/02/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
Los legisladores de La Libertad Avanza e Innovación Federal acompañaron el dictamen de mayoría del Régimen Penal Juvenil. Todos votaron a favor en general. Yolanda Vega y Bernardo Biella destacaron la necesidad de garantizar presupuesto y recursos
Por Maira López
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves en sesión extraordinaria el dictamen de mayoría del Régimen Penal Juvenil, que establece la edad de imputabilidad en 14 años. Los diputados salteños lo aprobaron en bloque. La iniciativa ya había generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, defensores de la niñez y especialistas en políticas socioeducativas, quienes alertaron sobre los riesgos de criminalizar prematuramente a niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad.
El proyecto inicial buscaba fijar la edad de imputabilidad en 13 años, pero la falta de consenso político llevó a que la versión final mantuviera la edad en 14 años e incorporara un artículo presupuestario que asigna recursos para su implementación.
Respaldo en bloque con matices
Todos los legisladores salteños votaron a favor del dictamen de mayoría. La libertaria Gabriela Flores, presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, defendió la ley poniendo énfasis en la seguridad y la protección de la sociedad. Aseguró que “los menores (de edad) no están fuera de la agenda en materia de seguridad a la hora de hablar, de sancionar conductas delictivas” por lo que hoy “muchos menores de catorce años son responsables”.
En ese sentido, dijo que actualmente desde el sistema judicial no pueden penar “como corresponde” porque los operadores judiciales no cuentan con las medidas o las herramientas necesarias para “hacer frente a los delitos cometidos con absoluto discernimiento por estos menores (de edad)”.
Flores comparó la situación argentina con otros países de la región, al sostener que “toda la región ha bajado la edad de punibilidad de los menores (de edad) a un número mucho más bajo de los que vamos a manejar nosotros”. Manifestó que el único país de Latinoamérica que tiene la misma punibilidad a los 16 años es Cuba, que en su opinión, “vive totalmente fuera de la realidad”.
Junto a Flores, votaron a favor los diputados libertarios Carlos Zapata, Julio Moreno y la diputada Eliana Bruno, consolidando la postura del bloque salteño de La Libertad Avanza.
Por el financiamiento
Por parte de Innovación Federal, Pablo Outes, Bernardo Biella y Yolanda Vega, del oficialismo salteño, acompañaron la iniciativa, pero con énfasis en la necesidad de mayor presupuesto. Vega, cuestionó la falta de financiamiento suficiente y planificación federal, aspectos esenciales para hacer efectiva la norma.
El bloque planteó que las provincias necesitan recursos, sobre todo con “una ley de esta magnitud (que) se implementa con buenas intenciones, pero también con presupuesto, profesionales y centros de detención especializados”, remarcó la legisladora.
“La seguridad de todos depende de lo que suceda en cada rincón de nuestras provincias”, agregó. E insistió en que la Nación debe garantizar “que esta ley se aplique con el mismo estándar en todo el país”.
En ese sentido, Vega expresó que sin financiamiento efectivo los adolescentes más vulnerables podrían quedar expuestos a un sistema penal colapsado, aumentando la estigmatización y la exclusión social. De hecho, en Salta hay superpoblación carcelaria, con lo que la baja de la edad imputabilidad viene a sumar un punto más a esta problemática, si bien la incidencia de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos graves es ínfima.
Bernardo Biella coincidió en que la ley debe equilibrar la protección de los adolescentes con la seguridad de las familias, pero también advirtió sobre los riesgos de la reclusión temprana.
En línea con su par de bloque, dijo estar de acuerdo en apoyar la ley en general, pero “si no modificamos el artículo del presupuesto, lamentablemente no lo vamos a poder acompañar”, agregó. A modo de ejemplo, dijo que una institución con 23.000 millones de pesos sería para 16 niños por año. “¿De dónde vamos a sacar la plata para construir esto? Del incentivo docente, del salario policial, de los medicamentos e insumos de los hospitales”, se preguntó. “No podemos seguir ahogando a las provincias”, agregó.
Críticas sobre la implementación
El dictamen de mayoría incorpora medidas preventivas y socioeducativas, pero los legisladores salteños insistieron en que los recursos asignados son insuficientes.
Según el proyecto, se prevé capacitación profesional, seguimiento interdisciplinario y alternativas antes de la reclusión, pero organizaciones de derechos humanos cuestionan que la ejecución efectiva en provincias como Salta, Formosa y Misiones dependa de fondos limitados y de la capacidad de los gobiernos locales.
Biella enfatizó que sin juzgados especializados, fiscalías adicionales, personal capacitado y centros de detención adecuados, los adolescentes en conflicto con la ley podrían sufrir más exclusión que protección.
La aprobación unificada de los diputados salteños refleja, según ellos, un compromiso con la seguridad. Sin embargo, defensores de derechos humanos vienen advirtiendo que el proyecto criminaliza la pobreza y la vulnerabilidad al poner en el sistema penal a adolescentes de 14 años sin asegurar condiciones adecuadas de reinserción. Además, manifestaron que la norma prioriza la punición sobre la prevención, la educación y la reinserción social.
Especialistas insistieron en que sin medidas integrales de acompañamiento, los adolescentes podrían enfrentar consecuencias contraproducentes para su desarrollo y reintegración a la sociedad.
Fuente de la Información: Página 12
