Diputados aprobaron un pedido de alcaidía para Anta tras la muerte de un detenido en una comisaría
06/04/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El proyecto busca aliviar la sobrecarga en comisarías, garantizar los derechos humanos de las personas detenidas y que la fuerza policial se concentre en la persecución del delito.
El debate expuso la crisis del sistema penitenciario, con cuestionamientos por el financiamiento, el rol de Nación y las condiciones de detención.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de declaración impulsado por el diputado Juan Pablo Cuéllar (Por Salta), con la coautoría del legislador Gerardo Orellana (Todos por Salta), mediante el cual se solicita la creación de una alcaidía para el departamento Anta.
La iniciativa surgió en respuesta a la crisis en las comisarías, que carecen de recursos e infraestructura adecuados para alojar a personas detenidas. Esa situación quedó evidenciada el pasado 28 de enero, con la muerte bajo custodia de José “Nity” Cuéllar en la comisaría Primera de Joaquín V. González.
El proyecto fue presentado en un contexto atravesado por la emergencia del sistema carcelario en Salta y la persistente sobrepoblación en dependencias policiales del interior. La propuesta plantea la instalación de la alcaidía en Joaquín V. González, con el objetivo de centralizar el alojamiento de detenidos y descomprimir las comisarías.
Durante su exposición, Cuellar describió el funcionamiento judicial en el departamento Anta y las limitaciones estructurales del sistema. Señaló que la circunscripción cuenta con un Juzgado de Garantías y dos fiscalías penales, pero que el Servicio Penitenciario depende de Metán, lo que genera dificultades operativas.
Indicó que las personas privadas de la libertad en el marco de procesos penales se encuentran alojadas en comisarías y subcomisarías de las unidades regionales 5 y 9, espacios que no fueron concebidos para alojamientos prolongados ni para el cumplimiento de condenas.
Según estadísticas provistas por el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, a cargo de Héctor Sebastián Guzmán, en 2024 hubo 458 personas detenidas y en 2025 la cifra ascendió a 481. En ese contexto, Cuellar advirtió: “Lamentablemente, están en comisarías, cuando lo que corresponde es que estén bajo la órbita del Servicio Penitenciario de la provincia de Salta”.
El legislador recordó que la problemática ya había sido visibilizada en 2016 mediante un habeas corpus colectivo resuelto por el Juzgado de Garantías local, que ordenó adecuar las condiciones de detención a estándares internacionales. Sin embargo, afirmó que esas disposiciones no se cumplieron.
También señaló que el Ejecutivo provincial de entonces, encabezado por el exgobernador Juan Manuel Urtubey, había asumido compromisos para elaborar soluciones que no se concretaron.
“Esto no es una invención de un problema. Lo que venimos a hacer es retomar una necesidad que ya ha sido reconocida y que merece un compromiso y una solución”, sostuvo.
El diputado explicó además que mantuvo reuniones con el secretario de Justicia, Javier Mónico, por esta situación. Incluso contó a Salta/12 que se había reunido para plantearle este tema al funcionario antes de que se produjera la muerte de “Nity” Cuéllar en la comisaría de J. V. González.
El legislador consideró que la creación de una alcaidía mejoraría la calidad institucional y el servicio de justicia, actualmente cuestionado por la ciudadanía en Anta.
El proyecto propone que la alcaidía se instale en Joaquín V. González para centralizar el alojamiento de detenidos y liberar recursos policiales. “Los móviles tienen que estar trabajando en la prevención del delito”, afirmó, al señalar que actualmente deben recorrer más de 100 kilómetros para trasladar detenidos desde localidades como Tolloche o General Pizarro. “Así no hay recursos del Ministerio de Seguridad que den abasto”, agregó.
También dijo que las ampliaciones de comisarías no resuelven el problema de fondo. Mencionó que se está haciendo la ampliación de la comisaría de El Quebrachal, pero advirtió que eso no modifica la lógica del sistema. “El problema es que, si siguen dependiendo de la policía, no hay un presupuesto asignado, por ejemplo, para brindarles la comida”, señaló. En la actualidad, explicó, son las familias quienes deben encargarse de la alimentación, incluso en casos de detenidos a más de 100 kilómetros de distancia.
Cuellar pidió el apoyo de los demás legisladores y legisladoras y aseguró que el proyecto no quedará “en letra muerta” sino que implicará continuar con gestiones ante el Ministerio de Gobierno y el de Seguridad.
Además, citó informes aportados por el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, elaborados por la División de Higiene y Seguridad del Trabajo, según los cuales las celdas no cuentan con condiciones mínimas de higiene, espacios adecuados, sistemas de evacuación ni protección contra incendios.
Por su parte, Gerardo Orellana destacó que el departamento Anta tiene una extensión comparable a la provincia de Tucumán, con cinco municipios, cerca de 28 localidades y aproximadamente 80 mil habitantes, y que depende del distrito judicial sur con sede en Metán. Subrayó las grandes distancias para el traslado de detenidos y la insuficiente capacidad de las comisarías.
“El sueño que tenemos es independizarnos de Metán”, expresó, en referencia a la aspiración de que Anta pase de circunscripción a distrito judicial propio. No obstante, reconoció el contexto económico adverso: “Hay que tener paciencia y esperar el momento”.
El debate se dio en el marco de la emergencia carcelaria vigente en Salta, cuestionada por la falta de avances estructurales. La diputada María Elena Davids (La Libertad Avanza) emitió dictamen en minoría y planteó que la prioridad debería ser mejorar las cárceles existentes, “Salta está saturada y nuestra gente está hacinada”. Señaló que la ampliación de la cárcel de Metán no se concretó, “en tres años no se modificó absolutamente nada”, y cuestionó la creación de nuevas alcaidías al considerar que: “nos sale más barato comprar un vehículo para llevar presos”.
Otras voces
Desde otros bloques hubo respaldo. José Gauffín (Independencia) advirtió sobre “un enorme problema en el ámbito carcelario” y señaló que en el interior la Policía asume funciones penitenciarias sin capacitación. Describió fugas, hacinamiento y violaciones a los derechos humanos. Citó informes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y señaló que las personas en contexto de encierro: “duermen en el piso, se turnan para usar un colchón”. Consideró que avanzar en una alcaidía en Joaquín V. González “tiene sentido”. “Estamos en una verdadera emergencia”,sostuvo, y cuestionó demoras básicas en el sistema.
Luis Mendaña (Todos por Salta) coincidió en que la situación es “bastante complicada”, destacó el rol del Comité de Prevención de la Tortura y advirtió que ampliar la capacidad requiere financiamiento, hoy escaso. Señaló avances con recursos propios, como móviles de traslado, módulos habitacionales, “con las comodidades suficientes”, y tecnología como escáneres, aunque indicó que “de 30 módulos solo se adquirieron 5”. También cuestionó que la provincia sostenga presos federales sin compensación, “estamos gastando en presos federales”.
Mirtha Miller (Todos por Salta) respaldó la iniciativa y mencionó la licitación de módulos para 172 personas en Tartagal, lo que será “un cierto alivio”.
Rodrigo García (Por Salta) calificó el tema como “muy delicado”, lo vinculó con la muerte bajo custodia en Joaquín V. González y sostuvo que “esas condiciones no se pueden dar”, además de advertir que “es muy fácil decir que no hay plata”.
Socorro Villamayor (Por Salta) apoyó el proyecto y calificó de “triste” la propuesta de resolver la situación con un vehículo, vinculando el problema con la desfederalización del microtráfico y el avance del narcotráfico, “la droga afecta el tejido social y genera más delitos, más detenidos y más procesados”.
Franco Lastra (La Libertad Avanza) cuestionó la falta de resultados, “hace tres años estamos en emergencia penitenciaria y no se ha resuelto el problema. Solo vemos 800 colchones, 5 módulos”, y criticó el uso de recursos, “reciben montos millonarios de ATN… y gastan millones en pauta”.
Frida Fonseca (Por Salta) apoyó el proyecto y describió a Anta como una zona atravesada por microtráfico, narcotráfico, abigeato, delitos contra la propiedad, violencia de género y delitos contra la integridad sexual. Recordó procedimientos en General Pizarro, El Quebrachal y Rosario de la Frontera, y afirmó que más del 60% de los detenidos lo están por microtráfico, especialmente jóvenes.
“Nadie puede hacerse el desentendido. Nación no puede mirar para el costado”, sostuvo. Advirtió que la población carcelaria casi se duplicó en diez años desde que se desfederalizó el microtráfico, en una provincia con ocho unidades y tres alcaidías. Añadió que existe desfinanciamiento por la caída de aportes nacionales y de la coparticipación, “no se puede hacer magia”.
Fabián Valenzuela (Todos por Salta) sostuvo que “al narcotráfico se lo combate con decisión política”, advirtió que “avanza a pasos agigantados” y pidió la ley de derribo y la extensión del Plan Güemes.
El proyecto fue aprobado con dictámenes favorables de las comisiones de Obras Públicas, Hacienda y Presupuesto, Seguridad y Participación Ciudadana.
Fuente de la Información: Página 12
