Demanda ambiental de la provincia contra seis empresas por el derrame de petróleo
07/06/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
En una nueva reunión del Comité de Crisis se tomaron "medidas inmediatas" para tratar de mitigar el daño que viene provocando en el norte provincial el derrame de combustibles en un pozo petrolero ubicado en Lomas de Olmedo, en Pichanal
En una nueva reunión del Comité de Crisis se tomaron "medidas inmediatas" para tratar de mitigar el daño que viene provocando en el norte provincial el derrame de combustibles en un pozo petrolero ubicado en Lomas de Olmedo, en el municipio de Pichanal. A pesar de estas acciones, hasta ahora la empresa President Petroleum no inicia las acciones que podrían poner fin al derrame.
La provincia de Salta informó ayer que inició una demanda ambiental contra las empresas President Petroleum SA, EPP Petróleo SA, Tripetrol Petroleum SA, Netherfield Corporation Sucursal Argentina, Petrolera San José SRL y la firma con participación estatal YPF SA, por los daños generados en el área afectada en el pozo LO X-10, ubicado en el área hidrocarburífera “Puesto Guardián”, en jurisdicción de Pichanal, departamento Orán.
El gobierno informo que esta acción judicial, “Provincia de Salta c/ President Petroleum S.A. y otras s/ Acción reparatoria del medio ambiente”, busca la reparación integral, el saneamiento y la restauración del ecosistema impactado. Estas empresas operaban u operan en la zona, por eso están comprendidas en la demanda, si bien President Petroleum fue la última que operó este pozo.
En la demanda la provincia exige que las empresas involucradas ejecuten medidas urgentes de contención, mitigación, abandono definitivo del pozo y remediación de los pasivos ambientales, conforme a la legislación vigente y a sus responsabilidades como concesionarias del área hidrocarburífera.
Asimismo, ayer, tras una nueva reunión del Comité de Crisis, el gobierno indicó que este Comité "continuará trabajando de manera articulada entre las áreas técnicas, legales y ambientales del Gobierno provincial", e indicó que "Se establecieron líneas de trabajo orientadas a garantizar la seguridad ambiental y operativa en la zona, así como los análisis para avanzar hacia el abandono definitivo del pozo LO X-10 y la restauración del área afectada".
El Comité convocó a una conferencia de prensa hoy para dar más información sobre la situación.
Por otro lado, ayer informó que la semana próxima se realizarán nuevos estudios en el sitio con la asistencia de un laboratorio certificado para definir con precisión las áreas de seguridad y establecer una zona segura de operación.
Además, aseguró que el Comité continuará con el monitoreo permanente y brindará información actualizada a medida que se registren avances.
De este Comité participan el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, a través de sus secretarías de Minería y Energía, de Ambiente y de Recursos Hídricos.
Por lo que se sabe, la empresa President Petroleum se niega a hacerse cargo de la tarea de remediación del derrame, y afirma que este pozo fue perforado en 1983 por YPF, e incluso sostiene que ni siquiera está en el inventario de la empresa, caso en el que estaría comprendido en un seguro. El punto central de la discusión es económico, porque el costo de remediación rondaría los 15 millones de dólares.
Según informó a este diario el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, que ante la exigencia del gobierno para que dé una solución a esta situación, la empresa "alega que este viejo pozo no es parte de su inventario".
Medidas de seguridad
El Comité de Crisis, conformado por disposición del ministro De los Ríos, tiene como objetivo coordinar acciones técnicas, legales y ambientales para continuar abordando la situación con relación al pozo LO X-10 y los efectos provocados por la fuga de gas y líquidos.
En el marco de esta reunión multidisciplinaria, se abordaron los principales resultados del relevamiento realizado ayer en el lugar. En este sentido, se delinearon los próximos pasos a seguir y la articulación de medidas en concordancia con lo dispuesto por el Juez de Garantías de Orán.
Se informó que como premisa inicial, se determinó la necesidad de continuar con la implementación de las acciones de seguridad para las personas y animales, así como también nuevas medidas a fin de evitar una afectación ambiental mayor, tanto en la zona del pozo como en los alrededores del mismo.
La reunión del Comité también sirvió para delinear líneas de acción a corto y mediano plazo, tanto en aspectos técnicos y ambientales como legales, con el objetivo de avanzar hacia el control definitivo del pozo. Se acordó la conformación de subcomisiones específicas para el abordaje integral de la situación, priorizando la seguridad operativa, la protección ambiental y el abandono técnico del pozo.
Se informó también que por disposiciones definidas a partir de la inspección del Comité, la empresa concesionaria avanzará con nuevos estudios y mediciones de gases a fin de establecer un perímetro de seguridad alrededor del pozo, garantizando que nadie circule en las cercanías. Los datos serán tomados por un laboratorio certificado a partir de la semana próxima, estimando los informes finales en un plazo de 15 días. Entre tanto, la zona se encuentra cercada, señalizada y con prohibición de acceso a personal no autorizado.
Aumento de la criticidad
Durante la inspección realizada el 4 de junio se advirtió un incremento de la criticidad de la situación en la locación del pozo LO X-10.
En este sentido, el Comité de Crisis ordenó la contención de los fluidos, refuerzo y acondicionamiento de una pileta a tal fin, y la implementación de medidas de seguridad adicionales. Estas medidas se suman a las ya ordenadas el pasado 22 de mayo por la Secretaria de Minería y Energía.
De forma preliminar, se calculó un radio de seguridad de entre 200 y 300 metros desde la boca del pozo, que serán corroborados con las mediciones de gases. Asimismo, se identificaron tres zonas de importancia: la locación y boca del pozo (punto de surgencia), un área de exclusión o perímetro de seguridad y otra de prevención mayor con acceso restringido.
Entre las medidas inmediatas se ordenó: acondicionar la pileta de perforación ya existente; el saneamiento del sector afectado por los fluidos; la apertura de un camino alternativo para acceso de los dos puesteros locales, evitando el paso por la zona de mayor concentración de gases, y reforzar los controles de ingreso al área, habilitando únicamente a personal especializado con equipamiento de protección y monitoreo.
“Desastre ambiental”
En la sesión el senador Juan Cruz Curá, del departamento Orán, reclamó mayor celeridad en la remediación del "desastre ambiental" que está provocando este derrame de combustibles y advirtió que se corre riesgo de un daño aún mayor en una zona en donde incluso hay una escuela cercana.
Curá contó que se entrevistó con familias productoras que están siendo afectadas por esta contaminación y pudo saber de primera mano sobre “Los efectos devastadores que este derrame viene generando desde hace dos años”.
Entre esos daños, reseñó la muerte de más de 300 animales “como consecuencia directa de la exposición de residuos emanados del pozo”.
Sostuvo que las 48 familias que viven en las cercanías sienten temor, y que su salud y seguridad están efectivamente en riesgo. Esto "es una emergencia socio ambiental que se ha sostenido en el tiempo por falta de acción concreta de la empresa operadora y por demoras en la respuesta administrativa y judicial”, cuestionó. Si bien reconoció que el gobierno de la provincia intimó a la empresa y dispuso medidas restrictivas de contención.
“La realidad es que la empresa President Petroleum continúa sin cumplir la obligación de realizar el abandono técnico del pozo y sin remediar el daño causado”, y encima continúa operando otros pozos dentro del mismo territorio, lo cual “demuestra una total falta de responsabilidad y de respeto por la comunidad y el ambiente. No podemos seguir permitiendo que una empresa siga trabajando con normalidad en un área donde ha dejado un pasivo ambiental de estas características sin asumir ninguna consecuencia”, conminó.
También reseñó el informe de la Secretaría de Minería y Energía de la provincia, del 22 de mayo, que confirma la surgencia de gases y líquidos contaminantes y la “afectación a la flora y a la fauna" severa y persistente.
“Estamos hablando de un desastre ambiental en pleno desarrollo, que afecta a la salud de las personas, que pone en riesgo la vida de los animales, que contamina la tierra productiva y que genera una situación de angustia permanente para las familias que viven del trabajo rural”, insistió el legislador antes de solicitar la intervención de la justicia para que se investigue la posible responsabilidad penal de la empresa y se adopten las medidas necesarias par frenar el desastre. De hecho, el Ministerio Público Fiscal ya está interviniendo en el caso.
Curá también planteó que deben avanzar en "una regulación más estricta, con mecanismos más eficaces de fiscalización y sanción y, sobre todo, un compomiso real con el ambiente y las comunidades", porque no es posible que “las empresas que explotan recursos naturales operen sin controles ni consecuencias".
También instó al Ministerio de Ambiente y a la Secretaría de Energía de la Nación a intervenir.
“Necesitamos que el estado intervenga en todo el peso de la ley”. Esta Cámara tiene la responsabilidad de acompañar este proceso, afirmó. Y pidió que la Comisión de Minería intervenga y se invite a los ejecutivos de la empresa y a las áreas pertinentes del Ejecutivo provincial.
Fuente de la Información: Página 12
