Cuatro décadas de recortes y ninguna rendición de cuentas en Salta
16/04/2026. Noticias de Interés > Noticias de Salta
Un informe reconstruye más de 40 años de políticas de austeridad en la provincia. Detecta más de 260 normas de control del gasto, pero advierte que no existen evaluaciones públicas sobre sus resultados ni sobre su impacto social
Desde el retorno de la democracia en 1983, el Estado salteño parece haber encontrado una única respuesta frente a cada crisis: ajustar. Así lo exhibe el informe “Ajuste permanente: cuatro décadas de recortes en el Estado salteño”, elaborado por la agencia Ciudadana Comunicación, que sistematiza por primera vez el entramado normativo de austeridad que atravesó a todos los gobiernos provinciales, sin distinción de signo político.
El dato es contundente. El informe reseña que existen al menos 30 decisiones explícitas de ajuste —entre leyes, decretos y resoluciones— y más de 260 instrumentos legales vinculados al control del gasto público. Lejos de tratarse de medidas excepcionales, el informe revela que la austeridad constituye una política estructural, sostenida en el tiempo y replicada ante cada ciclo de crisis.
Sin embargo, lo más significativo no es la cantidad de normas, sino el vacío que dejan, puesto que no hay información pública sistemática que permita saber si esos ajustes funcionaron. No se conoce cuánto se redujo efectivamente el gasto, qué áreas fueron más afectadas, ni cuál fue el costo social de las decisiones. Es decir, el ajuste se repite, pero no se evalúa.
Una lógica que se repite
La investigación reconstruyó un patrón que atraviesa gobiernos y décadas. Cada crisis —la hiperinflación de los años 80, las reformas neoliberales de los 90, el colapso de 2001, el ajuste fiscal posterior a 2017, la pandemia, la sequía y la actual caída de la coparticipación— activa la acción automática de recortar.
El ejemplo más reciente es el decreto 206/26, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, que dispuso el congelamiento de salarios, la suspensión de contrataciones y recortes generalizados por 180 días. La medida no introduce novedades, ya que replica casi sin cambios el esquema aplicado en 2020 mediante el decreto 55/20, en el inicio de la pandemia.
Precisamente, esa reiteración es uno de los hallazgos centrales del informe, dado que el ajuste no aparece como parte de una estrategia de transformación del Estado, sino como una herramienta recurrente, aplicada en forma de “parches” ante cada desequilibrio fiscal.
El gobierno de Salta estima que el congelamiento de los salarios de funcionarios políticos permitirá un ahorro cercano a los 2.000 millones de pesos, en un contexto marcado por la caída de los recursos por coparticipación nacional.
Según informó la vocera oficial Paula Benavides en declaraciones a FM Aries, la medida alcanza exclusivamente a cargos políticos y no impacta en trabajadores de planta permanente ni transitoria.
“El ahorro se da por no atar los sueldos de los funcionarios a las paritarias”, explicó la funcionaria, quien además señaló que el monto podría incrementarse en función de futuros acuerdos salariales.
En ese marco, Benavides defendió el criterio del ajuste al asegurar que la provincia busca resguardar áreas sensibles como salud, educación y seguridad, que concentran la mayor parte del presupuesto. “Pasamos el bisturí donde la gente lo pide”, sostuvo en la entrevista radial.
Poco control y más pactos fiscales
El trabajo de Ciudadana Comunicación también pone el foco en una paradoja persistente, ya que mientras se multiplican las normas de contención del gasto, su cumplimiento resulta flexible. En la práctica, distintos gobiernos encontraron mecanismos para eludir restricciones vigentes, autorizando contrataciones, ampliaciones de gasto o incluso viajes oficiales bajo argumentos administrativos que aseguran no contradecir la normativa.
Frases como “no se transgrede la legislación vigente” o “no se contraviene lo dispuesto” aparecen como fórmulas recurrentes para justificar excepciones. Así, la austeridad convive con márgenes de discrecionalidad que erosionan su propia lógica.
Otro eje del informe es el rol de los acuerdos con la Nación en la consolidación de estas políticas. Bajo distintos nombres —“Apoyo institucional para la gobernabilidad”, “Modernización del Estado” o pactos fiscales— todos los gobiernos provinciales firmaron compromisos que apuntaban al equilibrio fiscal y la reducción del gasto.
Desde los acuerdos de Roberto Ulloa y Juan Carlos Romero con Carlos Menem, pasando por los firmados por Juan Manuel Urtubey con Mauricio Macri, hasta los acuerdos de Gustavo Sáenz con Alberto Fernández y el reciente Pacto de Mayo impulsado por Javier Milei, la orientación es siempre la misma.
En todos los casos, la promesa es similar, dado que se pretende ordenar las cuentas públicas, reducir el gasto y mejorar la eficiencia del Estado. Lo que el informe pone en duda es si esos objetivos se cumplieron alguna vez.
Emergencia permanente
Un dato que atraviesa toda la reconstrucción es la vigencia ininterrumpida de la emergencia económica en la provincia desde marzo de 1990. Impulsada durante la gestión de Juan Carlos Romero, la norma fue prorrogada año tras año, habilitando al Ejecutivo a tomar medidas excepcionales “para disminuir el gasto público” y mejorar la eficiencia estatal.
Esa excepcionalidad convertida en regla es, para la agencia, uno de los rasgos más problemáticos del modelo salteño. Sobre todo, porque la gestión del Estado es bajo una lógica de crisis permanente.
El informe concluye que en Salta el equilibrio fiscal se sostuvo principalmente a través de recortes periódicos, y no mediante reformas estructurales del sistema tributario o del perfil del Estado. Es decir, se ajusta, pero no se transforma.
A pesar de la magnitud de estas políticas, no existe una evaluación integral sobre sus resultados. No hay informes públicos que permitan medir su eficacia, ni análisis oficiales sobre sus consecuencias sociales. Por lo que, sin esa respuesta, la austeridad deja de ser una herramienta de gestión para convertirse en una inercia.
Fuente de la Información: Página 12
