"Creemos que el Comité ha cumplido una excelente misión"
05/11/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
En febrero vencen los cargos de los dos representantes de la sociedad civil. El expediente convocando al concurso para cubrir estos cargos está a la espera de la firma del ministro de Gobierno
Organismos insisten en que se concursen los cargos que vencen en el Comité contra la Tortura. En febrero vencen los cargos de los dos representantes de la sociedad civil. El expediente convocando al concurso para cubrir estos cargos está a la espera de la firma del ministro de Gobierno. En sus casi cuatro años de funcionamiento el Comité permitió visibilizar la emergencia carcelaria y logró un proceso de mejora en las condiciones de detención.
Organismos de derechos humanos de la provincia insistieron ayer en el reclamo de que el gobierno de Salta concurse los cargos de los dos representantes de la sociedad civil en el Comité de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos cuyos mandatos vencen en febrero próximo.
"Creemos que el Comité ha cumplido una excelente misión, que las compañeras y compañeros que están ahí han trabajado arduamente y han logrado cosas que eran pedidas por los presos, como, por ejemplo, instalar un servicio de salud en Villa las Rosas", aseguró Elena Rivero, de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, en una conferencia de prensa convocada para dar cuenta de la preocupación por la falta de trámite del concurso.
Rivero explicó que la demanda obedece a que el Comité tiene plazos establecidos para el llamado a concurso de elección de sus integrantes. Los mandatos de los dos representantes de los organismos de derechos humanos en el Comité, Cristina Cobos y Rodrigo Solá, vencen el 14 de febrero y, si se demora el concurso, la sociedad civil podría quedar sin representación en el Comité.
La convocatoria del concurso es facultad del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos. Rivero dijo que saben que el ministro Ricardo Villada habría delegado este trámite en la Secretaría de Derechos Humanos. Pero el expediente aun no se envió a esa dependencia.
En su momento los organismos de DDHH presentaron una nota a Villada "exigiéndole que convoque, y no hemos tenido respuesta", contó Elena Rivero. Dijo que por eso ahora exigen nuevamente que se llame a concurso "porque eso está establecido en una ley de la provincia, la 8024".
Rivero recordó que ya para que se creara el Comité "ha sido toda una gestión larga, ardua, de los organismos de DDHH" porque "aun existiendo esa ley el gobierno no se movía para instrumentarla, eso nos llevó a visitar al ministro, a los diputados, a los senadores, que también aportan representantes al Comité". La ley 8024 se promulgó en 2017, pero el Comité comenzó a funcionar hace casi cuatro años.
El Comité está integrado por cinco miembros, uno por el Ejecutivo, uno por Diputados, uno por el Senado y dos por las organizaciones de DDHH. El gobierno de Salta nunca hizo el concurso para nombrar a su representante, con lo que el Comité funciona con cuatro miembros, Andrés Giordamachi, por el Senado; Ramón Corregidor, por Diputados, y Cristina Cobos y Rodrigo Solá.
En el caso de los representantes de organismos de DDHH, el expediente del Comité con el llamado a concurso para cubrir estos cargos está listo para que lo firme el ministro Villada. Se inició en junio y ya tiene dictamen legal favorable. Los organismos destacaron que la designación de los comisionados en representación de la sociedad civil no implica más gastos, porque sus cargos ya están presupuestados.
La demora en el llamado a concurso para que no caigan estas representaciones, preocupa porque "el funcionamiento del Comité de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos contacta justamente con la preocupación que como organismos de DDHH tenemos por los sectores más vulnerables y si bien tenemos en claro que no es tema no es un tema que cause empatía en la comunidad, que generalmente espera que los presos sufran y que sean sometidos a cualquier tipo de trato, eludiendo, olvidando pero con intención que la Constitución dice que las cárceles no son para castigo de los que están dentro de ella sino que se debe lograr rehabilitarlo", sostuvo Rivero.
Es sabido que esa manda constitucional no se cumple, y precisamente, el Comité "ha dado prueba de ello relevando las situaciones terribles en las que están la mayoría de los presos y presas de la provincia, por condiciones de hacinamiento, por falta de salud, por falta de atención, por tratos arbitrarios".
Rivero recordó en este sentido la visita reciente de miembros del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, ante quienes familiares de detenidos contaron "cosa que son terribles, es decir, para esos presos no hay ningún trato humanitario, son absolutamente degradados y discriminados".
"Aun siendo presos siguen siendo personas" y siguen teniendo derechos como tales, aseveró Rivero.
Visibilización de la emergencia carcelaria
Varios logros justifican la existencia del Comité. En sus casi cuatro años de funcionamiento, consiguió visibilizar el sistema carcelario, la situación de emergencia en la que se encuentra, sobrepasado por la población detenida y con mala infraestructura y prácticas de maltrato arraigadas en el personal de las instituciones encargadas del sistema.
En este periodo, el Comité se constituyó en un actor político; tiene presencia en cualquier situación de violencia institucional, y a pesar de no tener presupuesto, tiene capacidad de respuesta inmediata en cuestiones de salud, alimentación y en hechos de maltratos físicos.
En cuanto a las condiciones edilicias, el Comité viene llevando a cabo una labor sostenida, con informes anuales sobre las condiciones de detención. En esa línea, el 1° de agosto de 2024 presentó un habea corpus en cuyo marco se arribó a un acuerdo con el Ejecutivo provincial, que se comprometió a avanzar en varios frentes para mejorar la situación carcelaria.
En la Alcaidía General, que tiene una capacidad declarada para 350 personas, había 900 alojados en 2024, ese número se bajó a 600 en la actualidad. En comisarías de las 800 personas alojadas antes del habeas corpus se bajó a 500.
Por ese acuerdo en el marco del habeas el Ejecutivo salteño se comprometió a garantizar condiciones de alimentación, salud y agua en todas las comisarías, lo que ya se está ejecutando, monitoreo del cumplimiento por parte del Comité. También se acordó que las comisarías 3° y 4° de Tartagal no alojarán más a personas detenidas, ese punto está en proceso de cumplimiento y se va reduciendo la cantidad de detenidos paulatinamente: cuando se firmó el acuerdo había 75 en cada una y ahora hay 29 en cada una.
También se convino el traslado de todos los penados a los unidades carcelarias. Este compromiso se cumplió respecto de las personas que habían sido condenadas antes del 25 de marzo, cuando se firmó el acuerdo. Ahora hay nuevos penados que esperan ser trasladados a cárceles. Y se acordó el traslado progresivo de todos los alojados con prisión preventiva, compromiso en cumplimiento.
Además, se conformaron distintas mesas en el marco de ese acuerdo. En la Mesa de Infraestructura se discuten las obras necesarias. En la actualidad se está ampliando la cárcel de Tartagal.
En la Mesa de Sobrepoblación se viene analizando cómo reducir la población carcelaria. El Servicio Penitenciario provincial está haciendo un informe sobre penas cortas y otro sobre el instituto de la pena progresiva con la idea de analizar cuáles son los obstáculos para descomprimir el sistema.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
