Corte de Justicia: Ya está en el Senado el polémico pliego de Pablo López Viñals
28/05/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El Ejecutivo provincial lo envió el lunes pero su ingreso recién se conoció ayer. El espíritu y la letra de la reforma constitucional, en discusión.
El pasado lunes ingresó al Senado el pliego que elevó el Ejecutivo provincial proponiendo un nuevo acuerdo para la designación de Pablo López Viñals, exjuez de la Corte cuyo cargo de seis años iniciado en 2019 venció el pasado viernes 17 de mayo, para otros diez años en el máximo tribunal de la Provincia.
El ingreso del pliego a la Cámara alta, del que se supo recién ayer por una fuente legislativa, fue antecedido por duras objeciones presentadas en el procedimiento participativo que abrió el Ministerio de Seguridad y Justicia semanas atrás y el que resalta a la cabeza de las adhesiones un unánime apoyo de la actual integración de la Corte de Justicia. En caso de una judicialización del cuestionado acuerdo, posibilidad que no descartaron juristas en declaraciones públicas, conformar una tribunal para dirimir la legitimidad de la renovación del cargo judicial no sería cosa sencilla.
Fue un juez de Cámara, Gonzalo Mariño, el primero en objetar la postulación de López Viñals el pasado 9 de mayo. El camarista denunció en su conducta una "doblez institucional" y una "contradicción ética y jurídica" violatoria del espíritu y la letra de la Constitución de Salta, reformada en 2021. Recordó que el pasado 7 de febrero, tres meses antes de la expiración de su cargo de seis años en la Corte, firmó junto a otros vocales del máximo tribunal de la Provincia, la acordada 14.302, por la que se estableció que todos los jueces inferiores que alcancen los 70 años deberán cesar en sus funciones de forma definitiva el próximo 30 de junio, en consonancia con la reforma constitucional. Esa decisión impactó de lleno sobre la carrera judicial de muchos magistrados, incluido el propio Mariño, quien promovió una acción de inconstitucionalidad cuestionando la aplicación retroactiva de la norma. Con el rechazo del planteo y su firma en la acordada, López Viñáls reafirmó la aplicación plena e inmediata del reformado artículo 156, cuyo texto veda la renovación de acuerdos para jueces de la Corte. "Y ahora busca renovar su mandato basándose, implícitamente, en el derogado régimen anterior que sí permitía reelección", remarcó Mariño, haciendo notar que "esto coloca a López Viñals en una "encrucijada ética insalvable", porque "o bien falló contra sus convicciones y a favor de intereses políticos, o bien ahora actúa contra el nuevo marco legal con el único objetivo de beneficiarse personalmente".
El pliego que ingresó al Senado.
Mariño subrayó que su doblez "demuestra a las claras que se encuentra incurso en una de dos situaciones, ambas incompatibles con la ecuanimidad, hombría de bien, buena fe, coherencia, impermeabilidad a las presiones políticas, honradez intelectual y prevalencia de la vigencia de las leyes e instituciones republicanas, por encima de sus propios intereses". Y agregó que el cuestionado el postulante propuesto por el Ejecutivo para un nuevo acuerdo que lo pondría por diez años más en la cúspide del Poder Judicial "no puede a la vez sostener para los demás jueces una postura, y para él mismo otra diametralmente opuesta".
El camarista también recordó que López Viñals llegó a la Corte con serios cuestionamientos a su desempeño como procurador general entre 2008 y 2019, etapa en la que se multiplicaron las causas inconclusas, las investigaciones empantanadas y los reclamos de víctimas sin respuesta. Y resaltó entre esos casos paradigmáticos al crimen de las francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumní, cuyas irregularidades en la investigación aún resuenan, especialmente luego de la liberación de Santos Clemente Vera por orden de la Corte Suprema.
En una posterior objeción institucional, el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) advirtió que advirtió otra designación de López Viñals atada a "pactos políticos" comprometería aún más la independencia Poder Judicial. Y con respecto al fallo que anuló la irregular sentencia dictada contra Santos Clemente Vera, uno de los miembros del FOCIS, Armando Caro Figueroa, subrayó que en diciembre de 2023 "la Corte de Salta fue advertida severamente por la Corte Suprema de la Nación y, sin embargo, no tomó ninguna medida. Por el contrario, intentó desconocer lo que se le ordenaba desde el máximo tribunal del país", denunció. Días después, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta presentó otra enérgica oposición institucional a la postulación, "en nombre de la legalidad, de la coherencia institucional y de la plena vigencia de la Constitución de la Provincia de Salta". La entidad que preside Sergio Díaz Lenes afirmó que un nuevo acuerdo para López Viñals "significaría una regresión institucional difícil de justificar y que, inevitablemente, pondría en tela de juicio el compromiso real con los principios que sustentan el orden constitucional vigente". Esa oposición sumó el viernes último una unánime adhesión de los colegios de abogados del NOA, tras una sesión del plenario regional de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), con presencia en Salta de autoridades de su consejo nacional.
La propuesta del Ejecutivo Provincial, hoy plasmada en el pliego que tratará el Senado, tuvo otras duras objeciones que reconocidos juristas, exconvencionales constituyentes de 2021, resuenan por estas horas con muchos más argumentos, menos incomodidad y menos presiones que la que guarda la inmensa mayoría de las 2.176 adhesiones a la postulación.
Fuente de la Información: El Tribuno
