Comunidades insisten en que les devuelvan su territorio
15/08/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Hasta ayer continuaba la presencia policial en el territorio comunitario del ex lote fiscal 4. Ayer regresaron a sus familias unos doce niños que durante la represión habían huido al monte. Conflicto con un empresario productor de maíz
El presidente de la Asociación Consorcio Administrador Ex Lote Fiscal 4, Eduardo Pisco, dijo que hasta ayer esperaban que la Policía se retirara de su territorio que está ocupado desde el miércoles último, cuando reprimió a la población originaria para permitir que un empresario cosechara el maíz sembrado en esta propiedad comunitaria indígena.
Videos difundidos por los pobladores muestran a una patrulla de Infantería pertrechada custodiando la cosecha del maíz, con trilladoras introducidas dentro del territorio originario por orden del juez de garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta.
Según indicó el fiscal penal de Tartagal, Gonzalo Vega, quien actuó como subrogante en reemplazo de Pablo Cabot, se intentó llegar a un acuerdo con una mediación, pero no fue posible.
Antes Pisco había indicado que las comunidades, de las que él es parte, pedían como condición para acordar que el empresario Daniel Sanz pagara por el usufructo del territorio, pero no llegaron a un acuerdo. Por el contrario, el empresario denunció al fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, que en su momento había ordenado el pago de sumas millonarias a la comunidad por el uso de su tierra para cultivos extensivos. Luego Sanz denunció a Cazón por presunta extorsión.
El fiscal Cazón intervino por las denuncias realizadas por la Asociación comunitaria, que sostiene en sus propias tierras Sanz sembró al menos en 180 hectáreas, sin pagar ningún concepto por el uso del territorio.
“Yo hice 19 denuncias a este empresario desde hace dos años y aún estamos esperando respuestas”, dijo Pisco a Salta/12. “A nosotros nos tratan como usurpadores en nuestra propia tierra”, recriminó.
Ayer las comunidades hicieron las denuncias pertinentes en la Justicia por la represión sufrida. Lo hicieron tras la liberación de Pisco, el miércoles a la noche. “Me llevaron a Pocitos”, contó el referente en referencia a la localidad de Salvador Mazza.
Indicó que, de todas maneras, ayer los miembros comunitarios se vieron aliviados con el regreso de niños y niñas de entre 7 y 12 años que durante la represión “corrieron a esconderse al monte”. El referente dijo que al menos una docena de chicos escaparon y “ahora están traumados” con la violencia que presenciaron.
“En la zona son al menos 200 familias”, dijo Pisco al indicar que aún esperaban poder ocupar su territorio, fuertemente custodiado por las fuerzas policiales.
El ex fiscal 4 abarca 13.400 hectáreas entregadas en el año 2000 a 19 comunidades de los pueblos Chorote, Chulupí, Qom (Toba) y Wichí. El territorio está a 30 kilómetros de Tartagal.
Fuente de la Información: Página 12
