Comodoro Py no retrocede y reafirma la "doctrina Irurzun"
26/12/2017. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
GOBIERNO ELABORA PROYECTO DE LEY QUE REGULE PRISIONES PREVENTIVAS ANTE "EFECTO BÚMERAN" - Prisiones confirmadas en Memorándum con Irán y contra Boudou dieron indicios de que 2018 será tiempo de revisión. Casa Rosada intenta limitar a jueces.
La última semana del año, y tras vacilaciones, los tribunales federales de Comodoro Py enviaron el mensaje de que cerrarán 2017 sin retroceder en el envión dado por los encarcelamientos a exfuncionarios kirchneristas alumbrados tras la denominada "doctrina Irurzun". La cuestión, lejos de alegrar al Gobierno por el beneplácito de mostrar detenidos por corrupción, encendió las alertas para la rápida confección de una ley que regule los encarcelamientos preventivos. La desconfianza principal sobre los jueces es que -como anticipó este diario- la denominada "doctrina Irurzun" sobre los lazos de poder residuales, pueda eventualmente fungir de "cuchillo sin mango": afecte a los actuales funcionarios de Cambiemos en un futuro cercano.
Dos muestras indicaron que la Cámara Federal, siempre a cargo de modelar el humor judicial, no estaban dispuestos a volver sobre sus pasos para desandar el camino que marcaron en la última etapa del año con el dictado de prisiones preventivas en cadena. El primero fue la confirmación por parte de la Sala II de las prisiones preventivas y los procesamientos en la causa por la firma del Memorándum con Irán. Tratando de emprolijar el fallo dictado por el juez Claudio Bonadio quitándole el exótico delito de traición a la Patria, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, reafirmaron el criterio de la posible obstrucción en la investigación a partir de los nexos de poder que ostentaron exfuncionarios K. A la vez, se mostraron inconmovibles con los reclamos para testificar en el expediente por parte del exsecretario general de Interpol, Ronald Noble. Su testimonio, anticipado públicamente, desbarataría toda la hipótesis delictiva arrojada al aire primero por el fiscal Alberto Nisman, y luego recogida por Bonadio en formato de procesamientos. Pese a la insistencia del exjefe de la policía internacional y de los imputados que requirieron que declare por primera vez para desmentir que el Gobierno argentino hubiera requerido la caída de las alertas rojas que pesan sobre los acusados iraníes por el atentado a la AMIA. Irurzun y Farah cerraron la puerta a esa prueba, confirmaron en gran parte el fallo de Bonadio y decidieron que el entuerto pase a 2018, pese a haber sido una de las resoluciones más criticadas del año porque incluía un pedido de desafuero y detención para la ahora senadora Cristina de Kirchner. Ese riesgo sigue latente pero la política (por ahora) le pasa por el costado, ignorando cualquier pedido hasta que haya una sentencia firme sobre la cual actuar.
La otra muestra de un consenso sobre no quedar desautorizados con fallos que desactiven el aluvión de prisiones que alimentó los pabellones K de Ezeiza y Marcos Paz fue la resolución de Ariel Lijo. Lejos de hacer lugar al pedido de la fiscalía y de la propia Cámara, mantuvo la prisión preventiva en Ezeiza para el exvicepresidente Amado Boudou. Tanto el Ministerio Público como el tribunal superior habían sugerido la posibilidad de una prisión morigerada con seguimiento de GPS en una tobillera electrónica. El juez desestimó esa instrucción y le agregó otro pedido de prisión pero por la incongruencia en la rendición de viáticos del Ministerio de Economía, un clásico en dependencias públicas. Aunque se decidiese que en la causa por enriquecimiento ilícito no se amerita un encierro, aún quedaría preso por el caso de la presunta falsificación de rendiciones en un viaje oficial.
Las vacilaciones de la propia Cámara giraron en torno a los efectos del fallo diseñado para provocar el desafuero del diputado Julio De Vido. Los lazos residuales de poder, interpretación amplia para agregar un agravante a la posible obstrucción de la justicia, generaron un cimbronazo puertas adentro del Poder Judicial. La llave para desandar ese camino podía haber llegado desde una sentencia aclaratoria de la propia Cámara. Irurzun es hoy uno de los jueces más influyentes de los tribunales federales, con línea directa al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. La Cámara ha funcionado siempre como moderadora del humor de los tribunales de Retiro. No por nada, en otros tiempos, Bonadio compartía con el renunciado Norberto Oyarbide el podio de los jueces con mayor cantidad de fallos revocados en segunda instancia, con serios reproches. El cálculo de los camaristas es que ya en 2018 se podrá hacer una reevaluación de beneficios y daños sobre el sistema de administración de justicia que provocaron la cadena de encarcelamientos a exfuncionarios K. Si se capitulara, la conclusión es que se profundizaría el descrédito tribunalicio. Hay una máxima: Siempre hay instancias superiores que pueden modificar panoramas, si los tiempos políticos lo imponen.
La otra llave que queda en observación está en manos del juez Serio Torres: tiene a su cargo la causa por falso testimonio del perito David Cohen, cuyo imposible peritaje gatilló la primera tanda de encarcelados en el expediente por Gas Natural Licuado. En los hechos, impactó en la prisión inmediata del exsegundo de De Vido, Roberto Baratta y sumó problemas para el suspendido diputado. Si ese expediente cayera, desbarataría las primeras preventivas que llegaron de la mano de la "doctrina" impulsada por Irurzun, que no es tal por no haber sido definida en el pleno de la Cámara, sino en un solo fallo que funge como antecedente.
Comodoro Py cerró filas sin cambiar la tesitura y para aventar amenazas fue el propio Lijo el que requirió mayores informes en la causa Correo Argentino, la que más inquieta a la Casa Rosada que capeó un vendaval político cuando se ventiló la negociación fallida por la deuda de la familia Macri.
Por esto es que se alista un proyecto de ley que apunte a regular la aplicación de la preventiva, con el objetivo de encapsular la posibilidad de que los jueces definan a su arbitrio los encarcelamientos. Aunque va en sentido contrario a lo que el Ejecutivo proclama públicamente, servirá de antídoto si los tribunales de Retiro -en su "laissez faire"- perciben algún declive político.
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