Capturaron e imputaron a un presunto jefe de una organización contrabandista
15/08/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Se trata de Alfredo Salazar, quien fue aprehendido en Bolivia el miércoles 12 de agosto y entregado a las autoridades argentinas en La Quiaca, donde ayer presenció la audiencia de imputación.
Finca Karina: queda un prófugo
El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, dictó ayer la prisión preventiva de Alfredo Salazar, uno de cuatro prófugos que quedaban por detener en la causa que investiga el contrabando en Finca Karina, ubicada en la localidad de Aguas Blancas (en el departamento Orán), que limita con la ciudad de Bermejo, en Bolivia.
Salazar fue capturado el miércoles 12 de agosto en la ciudad boliviana de Tarija, y entregado a las autoridades argentinas en la ciudad de La Quiaca (en la provincia Jujuy), desde donde ayer presenció la audiencia presidida por el juez de Orán vía teleconferencia.
El fiscal federal a cargo de la causa, Marcos Romero, solicitó la prisión preventiva, que fue concedida por el juez. Salazar quedó imputado por contrabando de importación de mercaderías agravado por el número de personas y por el valor de la mercadería contrabandeada.
El capturado es ahora uno de los imputados que cumplen prisión preventiva en la causa. La primera parte de las detenciones se hicieron tras los allanamientos realizados el 4 de agosto del año pasado. En ese momento quedaron imputadas y con prisión 11 personas.
Estas 11 personas esperan el juicio, que está previsto para los días 1, 8, 22, 29 de septiembre y 6 y 13 de octubre de 2026. Solo dos están con prisión domiciliaria. El resto fue excarcelado.
Además de Salazar, los detenidos son José Benito Cardozo y Carlos Alberto Rueda Camargo, quienes también estaban prófugos y fueron capturados este año. Información brindada por fuentes judiciales indican que Cardozo se habría entregado tras haber estado un tiempo prófugo de la Justicia.
Rueda Camargo, en cambio, fue detenido en el Hospital San Vicente de Paul, de la ciudad de Orán. El 4 de agosto pasado (a un año del allanamiento en Finca Karina), había sido derivado a este Hospital tras ser herido con un arma blanca por su pareja. La detención se concretó una vez que le dieron el alta.
Por ahora, el único que continúa prófugo es Rubén René Rosales, otro miembro que se señala como clave en la organización.
Entre el río y la ruta
El éxito del contrabando a través de la Finca Karina se dio porque este inmueble de propiedad privado ubicado en el municipio de Aguas Blancas permite el acceso directo a la playa del río Bermejo y tiene conexión con la ruta nacional ruta 50, que va a Orán, sin pasar por la Dirección de Aduana.
La mercadería proveniente de Bolivia era pasada al lado argentino por el río Bermejo, en gomones. Una vez en suelo nacional, en la Finca Karina, la mercadería era bajaba y trasladada a vehículos que los llevaban a distintos destinos dentro del país. Incluso se cruzaban hasta automóviles.
El contrabando era un secreto a voces entre quienes conocían la frontera y denunciaban la actividad.
El fiscal Romero inició la investigación el 26 de mayo del año pasado. De esa investigación surgió que la propiedad que se utilizaba para el contrabando está compuesta por dos matrículas catastrales. Una, conocido como Finca Karina, había sido adquirida por Gladis Salazar el año pasado, por 20 millones. El predio le había sido vendido por su hermano, Alfredo. La investigación consideró que el perfil financiero de la mujer no lograba justificar la compra.
El segundo catastro, que estaría identificado como “Pepe”, está a nombre de Blanca Cortez, fallecida y en proceso de sucesión, con un litigio por prescripción adquisitiva iniciado por José Cardozo, padre de cuatro de los imputados, entre ellos el que se había profugado y ahora está detenido.
Casi 4 millones de pesos diarios
La investigación precisó que el corredor clandestino dejaba importantes ganancias a los acusados, que habían instalado dos puntos de cobro: uno en el acceso a la finca, por un valor de 2 mil pesos por cada vehículo que ingresaba, mientras que en la playa se debían pagar mil pesos por bulto de mercadería ingresada de contrabando. A esto se le sumaban las ganancias por los puestos de comida regenteados por los imputados.
La investigación determinó que por cada vehículo ingresaba un promedio de diez bultos de mercadería y por día 300 rodados entraban a la finca para buscar mercancía. También se acreditó que dentro del predio existían seis puestos de comida, cuyos dueños debían pagar 20 mil pesos por día para su explotación.
Frente a estas evidencias, se estima que por día se recaudaban 3.720.000 pesos, con excepción del domingo, que estaba cerrado. En materia del valor en plaza de la mercadería ingresada de contrabando, el fiscal hizo alusión a un reporte confeccionado al respecto por personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
Ese informe estipula que los movimientos económicos que se producían en la finca, a raíz de la mercadería ilegal que pasaba por esa propiedad, en el periodo de un año, ascendía a casi 3 mil millones de pesos (concretamente, $2.975.392.851,56), con un promedio mensual de casi 229 millones de pesos.
Fuente de la Información: Página 12
