Cafayate busca expropiar las tierras quemadas por los incendios ocurridos y frenar posibles loteos
27/06/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El Concejo Deliberante de Cafayate aprobó un proyecto de declaración para solicitar a la Provincia de Salta la expropiación de los terrenos afectados por los incendios forestales registrados durante junio
La iniciativa, impulsada por la concejal Romina Yamile Mamaní Cabezas, busca que las áreas quemadas sean declaradas de utilidad pública e incorporadas al patrimonio estatal, con el objetivo de garantizar su recuperación ambiental y evitar cualquier intento de especulación inmobiliaria.
La medida fue aprobada en un contexto de fuerte preocupación social por el impacto del fuego sobre zonas de bosque nativo consideradas estratégicas para el equilibrio ambiental del municipio. Según los fundamentos del proyecto, el sector afectado constituye el “último pulmón verde” del ejido urbano y periurbano de Cafayate, con funciones clave para la regulación hídrica, la conservación del suelo, la biodiversidad y la protección frente al avance de los médanos.
El planteo del Concejo apunta directamente a impedir que la deforestación provocada por el incendio sea utilizada como una oportunidad para futuros loteos, urbanizaciones o emprendimientos comerciales. Para ello, los ediles solicitaron a los legisladores provinciales del departamento que gestionen ante el Poder Ejecutivo salteño las herramientas legales necesarias para declarar los predios privados incendiados como tierras de utilidad pública y sujetas a expropiación.
La propuesta contempla que esos terrenos queden bajo protección permanente y puedan consolidarse como un parque público o una reserva natural municipal. Además, pide coordinar con el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable la elaboración de un Plan de Restauración Ambiental y Reforestación de urgencia.
Prohibición de lotear y cambiar el uso del suelo
La iniciativa legislativa del Concejo se suma a la Resolución Municipal N° 179/26, dictada por la intendenta Rita Guevara, que prohíbe lotear, urbanizar o modificar el uso del suelo en las áreas afectadas por los incendios forestales. La resolución municipal establece que todas las áreas del Ejecutivo local deberán cumplir de manera estricta con la normativa nacional vigente, en particular la Ley Nacional N° 26.815 de Manejo del Fuego y su modificatoria, la Ley N° 27.604. Estas normas impiden realizar cambios de uso del suelo, subdivisiones, desarrollos inmobiliarios o actividades que alteren el destino de las superficies incendiadas. En ese marco, el municipio instruyó a las áreas de planeamiento urbano, catastro, obras públicas y ambiente a no otorgar permisos, habilitaciones, subdivisiones, loteos ni cambios de uso en los sectores arrasados por las llamas. También se creó el Registro Municipal de Áreas Afectadas por Incendios Forestales y se solicitó a la Provincia y al Sistema Federal de Manejo del Fuego la delimitación y georreferenciación técnica de las zonas dañadas. La decisión busca blindar legalmente los terrenos afectados y evitar que el desastre ambiental derive en beneficios económicos por cambios en la categorización de la tierra.
Más de 200 has afectadas
Los incendios forestales que golpearon a Cafayate durante junio afectaron más de 220 hectáreas de bosques nativos en la zona de Finca El Monte y sectores de dunas protegidas. El avance de las llamas estuvo favorecido por condiciones climáticas adversas, entre ellas ráfagas de viento zonda que superaron los 70 kilómetros por hora. El operativo de emergencia demandó más de dos semanas de trabajo de bomberos voluntarios, brigadistas, personal policial, equipos de Defensa Civil y recursos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. También se utilizaron aeronaves hidrantes para contener los focos activos y evitar que el fuego alcanzara zonas habitadas. Según informó el Ministerio de Seguridad de Salta, los incendios ingresaron en fase de contención y circunscripción, aunque los equipos continuaron monitoreando sectores vulnerables y puntos con combustión subterránea para prevenir reinicios. Durante la emergencia, hubo preocupación por la cercanía de las llamas a barrios como El Bosque y Pueblo Nuevo. Si bien no se registraron daños en viviendas ni pérdidas de animales, varios brigadistas sufrieron quemaduras leves e inhalación de humo.
Reclamos por reforestación y más recursos
El presidente del Concejo Deliberante de Cafayate, Mauricio “Pasha” Aguirre, cuestionó la falta de recursos estructurales para enfrentar incendios de esta magnitud y reclamó avanzar con la reforestación obligatoria de las áreas dañadas. “Esos lugares que se están quemando se tienen que volver a reforestar. No vamos a dar vuelta atrás”, sostuvo Aguirre, al remarcar que el Concejo no acompañará ningún intento de modificar el uso del suelo en las zonas afectadas. El edil también apuntó contra la posibilidad de que detrás de los incendios existan intereses vinculados a emprendimientos inmobiliarios o especulación agraria. “Es una falta de respeto pensar en quemar para un microemprendimiento”, afirmó, y advirtió que ese tipo de prácticas expone vidas humanas y pone en riesgo a los bomberos voluntarios. Aguirre reclamó además la creación de un destacamento permanente de Defensa Civil en Cafayate y cuestionó que pedidos realizados desde años anteriores no hayan tenido respuesta efectiva. En la misma línea, señaló el desamparo financiero de los bomberos voluntarios, que en buena medida dependen del apoyo de la comunidad para sostener su funcionamiento.
Una causa judicial abierta
La investigación judicial para determinar el origen de los incendios continúa abierta. La denuncia fue presentada por la intendenta Rita Guevara y busca establecer si el fuego se inició por causas naturales, negligencia o de manera intencional. La fiscal Sandra Rojas confirmó que el Ministerio Público Fiscal de Salta trabaja para identificar a los posibles responsables. La pesquisa será clave para determinar si hubo intereses económicos detrás del desastre ambiental que afectó a una de las zonas más sensibles del Valle Calchaquí. Mientras tanto, el Concejo Deliberante y el municipio avanzan con medidas políticas y administrativas para impedir que las tierras quemadas sean convertidas en negocio. La emergencia dejó expuesta la fragilidad ambiental de Cafayate, pero también abrió una discusión de fondo: qué modelo de desarrollo se permitirá sobre un territorio cada vez más presionado por el avance urbano, inmobiliario y productivo. En ese escenario, la expropiación de los terrenos incendiados aparece como una herramienta para garantizar que el fuego no sea el primer paso de una transformación irreversible del paisaje natural cafayateño.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
