Autoridades analizaron el impacto de amenazas escolares por un “reto viral”
26/04/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Autoridades provinciales evaluaron el impacto en Salta del denominado “reto viral” que derivó en una seguidilla de intervenciones judiciales y operativos preventivos en establecimientos educativos.
En la última semana, la problemática se replicó en distintos puntos del país y al que la provincia no fue ajena, generando preocupación en la comunidad educativa y la apertura de causas penales por intimidación pública.
El análisis se llevó a cabo en una mesa de trabajo encabezada por el procurador general, Pedro García Castiella, junto a la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales; el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras; y el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero.
Durante el encuentro, se puso en común el alcance de los episodios registrados tanto en la capital como en el interior, donde se activaron protocolos ante mensajes intimidatorios detectados en redes sociales y entornos escolares.
De acuerdo a datos oficiales, hasta el momento se contabilizan 135 actuaciones entre intervenciones preventivas y judiciales, además de 17 demoras y 6 detenciones vinculadas a investigaciones en curso.
Las medidas incluyeron allanamientos, identificación de sospechosos y tareas de ciberpatrullaje, principalmente en colegios secundarios, donde se concentró la mayor cantidad de reportes.
Desde el Ministerio de Educación se aseguró que no fue necesario suspender clases en ninguno de los establecimientos afectados, y que la actividad escolar se desarrolló con normalidad, aunque bajo monitoreo permanente y con acompañamiento de equipos interdisciplinarios.
En paralelo, se evalúan posibles sanciones en el ámbito administrativo para estudiantes involucrados.
Las autoridades remarcaron que en Salta se encuentra vigente una normativa reciente que establece protocolos de actuación ante situaciones de bullying, ciberacoso y violencia entre pares, lo que permitió una rápida respuesta institucional frente a los hechos registrados.
En ese marco, también se analiza la creación de una unidad específica de prevención que incluiría la convocatoria obligatoria de padres o tutores, en línea con la Ley Nacional 26.892, que promueve el abordaje integral de la conflictividad en instituciones educativas.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad destacó el despliegue de recursos policiales en tareas de prevención y control, con presencia en inmediaciones de escuelas y seguimiento de publicaciones en redes sociales. Asimismo, se recordó la responsabilidad legal de los adultos a cargo de menores que incurran en este tipo de conductas.
Finalmente, desde el Ministerio Público Fiscal subrayaron la articulación entre organismos provinciales para avanzar tanto en la investigación de los hechos como en estrategias preventivas.
En ese sentido, se anticipó la puesta en marcha de nuevas instancias de capacitación destinadas a docentes, personal de seguridad y operadores judiciales, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y evitar la reiteración de estos episodios en el ámbito escolar.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
