Auditoría de la Provincia: Ferraris suma otra oposición, la de una denuncia de discriminación de larga data
29/07/2026. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El pliego de Gustavo Adolfo Ferraris para integrar nuevamente la Auditoría General de la Provincia sumó una nueva oposición formal ante la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado de Salta.
La presentación fue realizada por Tania Karina Alejandra Díaz La Mata, trabajadora del organismo, quien cuestionó la idoneidad ética e institucional del postulante a partir de una serie de decisiones y omisiones que atribuye a su etapa como presidente de la Auditoría. Inicialmente, Díaz La Mata había solicitado a Nuevo Diario que preservara su identidad ante el temor de sufrir represalias. Sin embargo, posteriormente autorizó la publicación de su nombre y explicó los motivos que la llevaron a hacer público el planteo.
Un reclamo que comenzó en 2018
El eje de la oposición se encuentra en un antiguo reclamo por la forma en que la provincia liquidaba la asignación familiar por cónyuge. Según la documentación, la redacción que tenía entonces la Ley Provincial 5.136 establecía condiciones diferentes para trabajadores y trabajadoras estatales. Mientras los agentes varones podían cobrar el beneficio por sus esposas, las empleadas mujeres únicamente podían percibirlo si sus cónyuges se encontraban incapacitados de forma total y no recibían ingresos previsionales. Díaz La Mata consideró que ese régimen era discriminatorio y realizó una presentación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. El reclamo se remonta a octubre de 2018 y derivó en la apertura formal del expediente nacional el 23 de enero de 2019. El dictamen indica que inicialmente se corrió traslado a la Gobernación de Salta sin que se presentara un descargo. Posteriormente, la denunciante incorporó documentación de su lugar de trabajo, la Auditoría General, y el organismo nacional dejó asentado que la parte denunciada tampoco respondió un nuevo traslado.
La ley cambió, pero el cambio demoró casi dos años
La situación normativa se modificó el 10 de agosto de 2020, cuando entró en vigencia la Ley Provincial 8.200. La reforma eliminó la distinción entre varones y mujeres y determinó que la asignación debía abonarse a los agentes estatales que cumplieran los requisitos, con independencia de su género. Sin embargo, de acuerdo con los recibos de haberes analizados por el INADI, Díaz La Mata comenzó a percibir el beneficio recién en mayo de 2022. Para el organismo, la falta de pago durante ese período prolongó los efectos de la desigualdad contenida en la legislación anterior. “En las presentes actuaciones se observa que la empleadora termina perpetuando la discriminación que contenía la norma modificada”, sostuvo el dictamen. En su conclusión, determinó que la conducta denunciada encuadraba en los términos de la Ley Nacional 23.592 como una “práctica discriminatoria”. El planteo presentado ante el Senado atribuye responsabilidad institucional a la conducción que Ferraris ejercía en la Auditoría durante esos años. Señala que existieron reclamos internos, que las áreas administrativas dependían de la Presidencia y que no se impartieron oportunamente las directivas necesarias para adecuar la liquidación de haberes a la nueva ley. No obstante, corresponde diferenciar ambos documentos: el dictamen del INADI analizó la conducta de la empleadora y la falta de pago de la asignación, pero no se pronunció sobre el actual pliego ni evaluó la idoneidad de Ferraris. Es la nueva oposición la que vincula aquel antecedente con su desempeño al frente de la Auditoría.
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Me armé de valor
Díaz La Mata explicó a Nuevo Diario que el dictamen fue emitido en 2023, pero que en aquel momento no avanzó con nuevas acciones por temor a las consecuencias laborales. “El dictamen es de 2023 y no quise accionar por temor, ya que durante todo ese tiempo también sufrí la quita del reconocimiento de mi título superior, que me habían pagado durante ocho años”, afirmó. La trabajadora sostuvo que también le retiraron el reconocimiento de años de antigüedad, una decisión que habría repercutido en su recibo de sueldo. Además, aseguró que anteriormente no se le aplicó la Resolución AGPS N° 38/20, a diferencia de otros compañeros del organismo. Recién bajo la presidencia de Marcos Segura Alzogaray, se corrigió la situación y actualmente se le aplica.
Según su relato, estas decisiones coincidieron temporalmente con el reclamo que había iniciado por la asignación familiar por cónyuge. “Ahora que existe la posibilidad de que Ferraris vuelva a la Auditoría General, me armé de valor”, explicó sobre su decisión de presentar la oposición e identificar públicamente su reclamo.
Un dictamen de 2023
El pronunciamiento lleva fecha del 22 de junio de 2023, cuando el INADI todavía se encontraba en funcionamiento. Por lo tanto, no se trata de una intervención reciente del organismo —actualmente disuelto—, sino del resultado de un expediente iniciado varios años antes. La precisión temporal resulta relevante: el reclamo comenzó en 2018, la ley provincial fue modificada en 2020, el beneficio empezó a pagarse en 2022 y el dictamen se emitió en 2023. La documentación es incorporada ahora como antecedente dentro del proceso de evaluación del pliego de Ferraris. La presentación solicita al Senado que valore esos hechos al momento de analizar sus condiciones de “idoneidad, independencia, integridad y conducta pública”. También pide que la prueba sea agregada de forma íntegra al expediente y que, finalmente, el pliego sea rechazado.
Pedido al observatorio de Violencia contra las Mujeres
Díaz La Mata también recurrió al Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta. De acuerdo con otra nota a la que accedió Nuevo Diario, el organismo provincial respondió el 22 de julio a una presentación realizada el día 14 del mismo mes. En esa contestación, el Observatorio informó que la documentación, incluido el dictamen del INADI, sería incorporada a sus registros como antecedente para las tareas de monitoreo y sistematización de datos sobre violencia laboral y de género.
El 24 de julio, Díaz La Mata pidió a la presidenta del Observatorio, Ana Pérez Declercq, que evalúe emitir una recomendación institucional preventiva dirigida a la Auditoría General. La trabajadora explicó que la presentación está vinculada con su temor ante la posibilidad de que Ferraris regrese al organismo. En ese escenario, señaló que pretende contar, al menos, con un protocolo de denuncia y mecanismos institucionales claros para actuar si volviera a presentarse alguna situación de violencia de género o institucional. El planteo no solicita revisar decisiones administrativas particulares, sino impulsar medidas preventivas que permitan garantizar un ámbito laboral respetuoso, igualitario y libre de violencia y discriminación. La nota reconoce que la Auditoría desarrolló capacitaciones obligatorias en materia de género durante 2024 y actividades sobre la Ley Micaela este año. No obstante, sostiene que la capacitación es una herramienta necesaria, pero “no suficiente por sí sola”, y pide evaluar las políticas preventivas vigentes, su eficacia y la eventual implementación de protocolos específicos.
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Objeciones que se acumulan
La nueva presentación se suma a las oposiciones formuladas por Jorge Pedro Daud, sellada el 14 de julio, y Luis Bernardino Mamani, fechada el 20. También se agrega a los cuestionamientos laborales que anteriormente planteó APOC, organización que denunció presuntas situaciones de hostigamiento, traslados punitivos y utilización arbitraria de sumarios durante la gestión de Ferraris. El Senado deberá considerar estas actuaciones dentro del período abierto para que la ciudadanía formule observaciones fundadas antes del tratamiento de los pliegos. En el caso de Ferraris, la discusión ya no se limita a su perfil profesional o a la interpretación de las restricciones constitucionales: también incorpora antecedentes laborales y administrativos producidos durante su conducción de la Auditoría General.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
