“Animanazo”: la rebelión de un pueblito calchaquí
24/07/2022. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Hace cincuenta años, la localidad de Animaná, de solo mil habitantes, fue noticia nacional.
El pasado 19 de julio se cumplió el cincuenta aniversario de lo que en la historia reciente de Salta se conoce como el “Animanazo”. Ocurrió a consecuencia de un dilatado conflicto laboral irresuelto que imprevistamente tomó estado público hasta alcanzar trascendencia nacional. Y aunque fue un conflicto pacífico, lo mismo se lo bautizó con un sustantivo aumentativo propio de la época, quizá con la intención de asemejarlo al “Cordobazo” (1969) o al “Tucumanazo” (1972), procesos cargados de violencia y donde dos universitarios salteños perdieron la vida.
Y si bien el “Animanazo” se hizo en forma pacífica, hay que admitir que tuvo un rasgo distintivo: la toma de un pueblo por parte de los trabajadores de una finca del lugar. Y la causa fue un conflicto laboral de larga data. Se trató de algo que nunca antes había ocurrido y que no volvió a repetirse en los Valles Calchaquíes, pese a los momentos de violencia que luego vivió nuestro país.
Los acontecimientos
Los hechos comenzaron a insinuarse el 18 de julio de 1971 por la tarde, cuando el Sindicato de Empleados y Obreros Vitivinícolas recibió de Salta una desalentadora noticia: el Dr. Julio Mera Figueroa, abogado del gremio, le informaba que esa mañana las negociaciones con la patronal por los haberes adeudados desde febrero de ese año, habían fracasado.
Para los trabajadores de la Finca Animaná que no cobraban un solo peso desde hacía cinco meses, la noticia les cayó como un baldazo de agua fría. Es que abrigaban la esperanza de poder contar pronto con sus retrasados haberes.
Como es de imaginar, pronto la desazón corrió entre las ochenta familias que pleiteaban por sus dineros atrasados. Y al desánimo pronto comenzó a sumarse el enojo hasta que el secretario general del sindicato, don Pablo Ríos, tomó el control de la situación y con calma tomó dos medidas: convocó a una asamblea popular frente a la finca, y por teléfono pidió al abogado del sindicato, Dr. Mera Figueroa, que viaje a Animaná para que esté en la asamblea que comenzaría a la “oración”, dijeron.
Pasada las ocho de la noche y ya con el abogado presente, comenzó a deliberar la asamblea popular con la participación del personal de Finca Animaná, más vecinos y comerciantes del pueblo. Lo primero que se propuso a viva voz, fue que se expropie la finca. Todos asintieron y se aprobó por unanimidad. Acto seguido se propuso ocupar la bodega y luego “tomar el poder municipal de Animaná”, las dos cosas solo por 24 horas, lo que también se aprobó por unanimidad.
Ya casi al filo de la medianoche, se decidió no solo ocupar la casa municipal sino también el pueblo de Animaná, mientras se instalaba una olla popular en la calle principal de la localidad. Finalmente y cuando eran más de las tres de la mañana del día siguiente y ya se habían designado las autoridades comunales, se ocupó la finca. Y así fue que en las primeras horas del 19 de julio, Bodegas y Viñedos Animaná, de Michel Hnos. SRL, “fue ocupada por los trabajadores pacíficamente y sin encontrar resistencia alguna”, según el acta a la que pudo acceder El Tribuno.
Al día siguiente
Cuando aún no había amanecido, don Inocencio Ramírez, el intendente municipal designado por la asamblea popular, se apersonó en la Municipalidad dispuesto a asumir su función por unas horas. Lo primero que hizo fue dictar una ordenanza estableciendo el pago de $500 pesos m/n, por el paso de los vehículos que atraviesen el pueblo de Animaná. Explicó que con esos fondos se compraría leche para los niños cuyos padres estaban sin cobrar los sueldos desde febrero. Y para cumplimentar esa primera norma se levantaron barricadas en las rutas de acceso. Lo curioso es que la medida no encontró resistencia por parte de los conductores, entre ellos numerosos turistas que pasaban por la localidad y que se dirigían tanto a Cafayate como a San Carlos por la RN40. Poco después llegó procedente de Cafayate, el inspector de policía Policarpo Guaymás, quien luego de entrevistarse con las autoridades de la asamblea popular y advertir que la jornada era absolutamente normal y sin que haya ninguna alteración del orden, regresó a Cafayate.
Adhesión de los comerciantes
Y mientras la jornada transcurría con la parsimonia propia del lugar, los comerciantes animaneños resolvieron cerrar sus negocios por el resto de la jornada en apoyo a las medidas adoptadas por la asamblea. Y paralelo a ello, los vecinos salieron a las calles en apoyo de los obreros y empleados de la Finca Animaná.
Al mediodía comenzó la olla popular en una de las calles del pueblo. En eso preparativos estaban cuando de nuevo se presentó el inspector Guaymás de Cafayate. Ahora venía a pedir que se retiren las barricadas de los accesos al pueblo (RN40) alegando que “daban mal aspecto al turismo”. Ante ello, la asamblea entró a deliberar y minutos después accedió al pedido y de esta forma quedó liberado el tránsito aunque se siguió cobrando el “peaje municipal”.
Sumario
Pero el inspector Policarpo Guaymás no había llegado de Cafayate solo para que retiren las feas barricadas. Había venido también para notificar a los asambleístas que debía iniciar un sumario para determinar las responsabilidades sobre los hechos registrados. Y así fue que de inmediato citó a la comisaría para que presten declaración testimonial don Inocencio Ramírez, intendente municipal de la Asamblea Popular, don Pablo Ríos, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas, y el apoderado del gremio, Dr. Julio Mera Figueroa.
Y mientras los hábiles declarantes daban sus respectivas versiones sobre los hechos acontecidos los días 18 y 19 de julio, llegó a la policía la noticia que ya viajaba rumbo a Animaná, Cástulo Guerra, por entonces secretario de Estado de Municipalidades. Venía con personal de la Dirección de Trabajo con el fin de buscar una solución al problema de los obreros que hacía cinco meses que no cobraban ni un peso.
Acta compromiso
Cuando ya caía la tarde y todos pensaban que era falsa la versión del arribo de los funcionarios, estos por fin llegaron. De inmediato tomaron contacto con los asambleístas, quienes informaron que a medianoche levantarían todas las medidas adoptadas a lo largo de las 24 horas. En repuesta, el secretario Guerra ofreció firmar un acta donde se comprometía a realizar ante el gobierno las gestiones necesarias para que los empleados de Finca Animaná cobren sus haberes pendientes. La asamblea aceptó la firma de un acta de compromiso y autorizó al Dr. Mera Figueroa que la rubricara junto a don Cástulo Guerra. Acto seguido un vocero de la Asamblea señaló que si no se respetaba esa Acta, el pueblo de Animaná volvería a ocupar la finca y el pueblo, y además, su intendente sería definitivamente destituido. “De ser así -dijo- convocaremos a comicios y elegiremos un nuevo intendente”.
La solución
Finalmente, y luego de muchas idas y vueltas, el martes 25 de julio los trabajadores de Finca Animaná cobraron sus haberes luego de tanto penar. De este modo llegó a su fin el llamado episodio del “animanazo”, que alcanzó repercusión nacional. De todos modos dejó secuelas judiciales que debieron afrontar tiempo después los dirigentes Pablo Ríos e Inocencio Ramírez, quienes llegaron a ser detenidos por orden judicial. Pero el “animanazo” también sirvió para que se le abran, de par en par, las puertas del Partido Justicialista, al novel abogado Julio Mera Figueroa, hasta entonces, diri gente de un añejo partido pro vincial de Salta.
Fuente de la Información: El Tribuno